Redacción Verdebandera
Raúl Torres – LA JORNADA JALISCO
Más de 20 asociaciones, organizaciones, grupos ambientalistas y ciudadanos acudieron a la convocatoria de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte para entregar testimonios y datos duros con los que se integrará el “expediente de hechos” sobre la contaminación y mal manejo de la región hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico; un primer borrador del documento, que dependiendo de la decisión del Consejo que integra la CCA se hará público o no, podría estar listo para mediados del año 2009, según estimó Paolo Solano, director interino de la Unidad de Peticiones Ciudadanas del organismo internacional.
Entre los asistentes hubo incluso representantes de grupos o comunidades que no participaron en las presentaciones, como la gente de Temacapulín y los afectados por la presa El Cajón en Jala, pero que acudieron a la sesión porque consideran que los problemas expuestos en ésta no son aislados y forman parte de los daños “colaterales” que está causando el proyecto hidroeléctrico que se extiende a lo largo del sistema hidrológico del río Santiago y que, según datos de la Comisión Federal de Electricidad, estará integrado por 27 proyectos que generarían 4 mil 300 megawatts (suficientes para brindar energía eléctrica a más de 3 millones y medio de hogares).
La sesión, que tuvo lugar en el hotel Villa Montecarlo, en Chapala, inició a las 8 de la mañana y se prolongó hasta pasadas las 4 de la tarde. El primer tema que se abordó fue el del impacto ambiental causado por la construcción de la Presa de Arcediano; en este punto los expositores fueron Raquel Gutiérrez Nájera, del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Jaime Eloy Ruiz Barajas, de Ciudadanos por el Medio Ambiente; Benito Manuel Villagómez, de la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago; Alfredo Menchaca Padilla, del Comité Pro-Defensa de Arcediano; Pedro León Corrales, de IDEA, y Mireya Acosta Gurrola, de la Universidad de Guadalajara.
El segundo tema a tratar fue el monitoreo sistemático y permanente y la calidad del agua en el río Santiago y su área de influencia respecto a la Presa de Arcediano; los ponentes fueron Aída Alejandra Guerrero de León, José Antonio Gómez Reyna, Salvador Peniche Camps y Manuel Guzmán Arroyo, de la UdeG; María Concepción Gómez López, de la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago; María del Rayo Calderón, de Ciudadanos por el Medio Ambiente, y Rodrigo Saldaña López, del Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental.
La tercera temática del encuentro abordó la participación ciudadana en el área de influencia de Arcediano y los expositores fueron María Guadalupe Lara Lara, del Comité Pro-Defensa de Arcediano; Graciela González Torres, de Un Salto de Vida, y el periodista Carlos Antonio Villa.
Todos los participantes entregaron al representante de la CCA copias de las investigaciones que han realizado, de los testimonios de los afectados y de las denuncias y gestiones ante diversas autoridades municipales, estatales y federales.
Datos contundentes
Cada uno de los participantes tenía sólo 15 minutos para explicar la información que entregaría y por ello la mayoría se abocó a precisar datos sobre el severo problema ambiental de la región. Gráficas, tablas y fotografías acompañaron la mayoría de las exposiciones como pruebas fehacientes de lo dicho por cada uno.
Entre muchas otras cosas, se dio cuenta de los niveles de tóxicos de las descargas de muchas de la empresas que vierten sus aguas al Santiago, se exhibió la falta de personal de la Comisión Nacional del Agua para vigilar que las descargas de las empresas estén dentro de la norma y cómo las mediciones de los contaminantes en el río se toman en tiempo de lluvias para “trampear” los resultados.
Sin embargo, la exposición de Aída Alejandra Guerrero de León, estudiante del doctorado de Sistemática, Ecología y Manejo de Recursos Ambientales de la UdeG, fue una de las que mayor sorpresa causó entre los asistentes, pues cruzando datos oficiales de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) demuestra lo que las autoridades del estado se han negado a admitir por falta de datos contundentes: que el índice de malformaciones y la mortalidad por cáncer en El Salto y Juanacatlán están por encima de la media nacional y estatal, y que esto puede estar asociado a la cantidad de contaminantes en el agua.
“Es un diagnóstico de salud de las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, es un reporte estadístico de lo que ha presentado la Secretaría de Salud de 1996 a 2007 sobre morbilidad, mortalidad, incidencia de cáncer y principales afecciones en niños y población general. Presenté un estudio que hice en la maestría en la población de El Terrero, cerca de la presa del Ahogado. Básicamente, en los reportes de la Secretaría de Salud se ve que en cuanto a mortalidad una de las principales causas es el cáncer de pulmón y piel en el municipio de El Salto. En Juanacatlán, en la población infantil hay malformaciones congénitas. Los índices están por encima de la media nacional y estatal”, explicó Guerrero de León, quien en su trabajo logra asociar estos resultados con los contaminantes que el IMTA asevera hay en el Santiago.
“Una de las cosas que también mostré es que el pozo cuatro, que abastece a la zona centro del municipio de El Salto, está contaminado con arsénico. Ya informé a las autoridades de esto y respondieron que el pozo contaminado ya fue cerrado, pero están confundidos, pues cerraron el pozo tres, no el cuatro. Son datos del IMTA que yo utilicé en mi trabajo, ahí está el reporte; aparte de arsénico contiene coniformes fecales en gran cantidad”, explicó y recordó que el pozo cuatro se ubica en la unidad deportiva del municipio.
La trascendencia del expediente
Por su parte, Paolo Solano, de la CCA, aclaró que al integrar el expediente de hechos no se emiten recomendaciones u opiniones sobre la falta de aplicación de la legislación ambiental, sino que presenta “información fáctica” para determinar si se incurre o no en falta de aplicación de las leyes.
“El propósito de esta reunión no es recuperar la información para determinar eso nosotros; no presentaremos un estudio sesgado en ningún sentido, nuestro mandato es escuchar a quien tenga información relevante, recopilarla e incorporarla al expediente. Hemos hecho esto con independencia de todas las partes”, refirió.
Dijo que algunas instituciones gubernamentales manifestaron su deseo de acudir y se les abrieron las puertas, pero se advirtió que no era una reunión para emitir posicionamientos, sino para escuchar a quienes han hecho señalamientos sobre la problemática de la región.
“El expediente de hechos es una investigación, planeamos que para mediados del año entrante, y de acuerdo con los artículos 14 y 15 del Acuerdo para la Cooperación Ambiental de América del Norte, nosotros tenemos que presentarlo al Consejo, que está formado por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, y ellos pueden hacer observaciones sobre la exactitud de la información. Tienen un plazo de 45 días para hacerlo y una vez que hacen sus opiniones nosotros preparamos la versión final para presentarla nuevamente al Consejo y se vote si se publica o no”, indicó el representante de la CCA.
Recordó que los 15 expedientes de hechos que hasta el momento ha formulado la CCA se han hecho públicos; no obstante, aclaró que de tomar la decisión de no publicar el documento, el Consejo no está obligado a dar a conocer sus razones.
Durante la sesión, varios de los participantes cuestionaron la presencia de Juan Gualberto Limón Macías como asesor de la CCA, pues argumentaron que también es consultor del gobierno del estado y ha sido parte de quienes han integrado los proyectos hídricos que generan estos problemas.
Al respecto, Paolo Solano refirió que la asesoría de Limón Macías al CCA no afectará en ningún aspecto la integración del expediente, pues el organismo internacional goza de total autonomía.
