Proponen «nuevo pacto por el agua» en México

A los pobres, cobrar tarifa cero, pero suprimir subsidios «ciegos» que dañan el sector

Retomar grandes inversiones públicas, pide Fernando González Villarreal

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

México demanda un nuevo «pacto por el agua» que permita crecer a coberturas universales de agua y saneamiento, con costo cero para los más pobres más no permanencia de los subsidios «ciegos» que imperan en la actualidad, pues de otro modo no se logrará la sustentabilidad económica y ambiental a largo plazo, sostuvo el ex director de la Comisión Nacional del Agua (CNA) e investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Fernando González Villarreal.

Al participar en la XXII convención anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), que se realizó en esta ciudad, el experto puso en relieve que los principales retos del sector agua en la actualidad son «la gestión integrada de recursos hídricos, la sustentabilidad ambiental, la gobernabilidad, la ampliación de infraestructura, la creación de un sistema financiero del agua y el desarrollo de capacidades», esto último, sobre todo entre gobiernos locales y organizaciones ciudadanas.

Como logros, reconoció la creación de consejos de cuenca y de un plan hídrico nacional; la apertura de seis millones de hectáreas de riego, el manejo de los distritos de riego por los usuarios, que se haya alcanzado el servicio para 90 millones de personas (con agua potable) y 80 millones (con alcantarillado); el haberse generado un registro público de concesiones, un incipiente mercado de derechos de agua y un igualmente naciente sistema financiero del agua.

Sin embargo, dijo a su auditorio, es fundamental «avanzar hacia una verdadera sustentabilidad en el uso del agua», lo que conlleva «cambiar las bases de la gobernabilidad del recurso, hacer realidad la gestión integral de los recursos hídricos, retomar el ritmo de construcción de la infraestructura, reformar el sistema financiero del agua y reconstruir las capacidades de las instituciones públicas y aumentar las capacidades de las privadas».

En cuanto al tema de la gobernabilidad, abundó que se debe construir con un fuerte componente de corresponsabilidad social, lo que obliga a reformar la estructura de la autoridad federal, alcanzar acuerdos de delegación a los estados y acrecentar y fortalecer las capacidades municipales; fortalecer las asociaciones de usuarios y los consejos de cuenca, y alcanzar la real «transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas», todo esto base para la solución de conflictos.

Sobre la sustentabilidad ambiental, subrayó que el reto es «lograr un balance entre la conservación del agua y sus usos benéfico, que se traduzca en mejor calidad de vida para la sociedad», lo cual exige «detener y revertir la sobreexplotación de aguas subterráneas; recuperar la calidad del agua para garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas; aumentar seguridad hídrica para disminuir los riesgos y los impactos del cambio climático que amenazan a la población más pobre y vulnerable, que ocupa con frecuencia los cauces y llanuras de inundación».

Otro aspecto es la urgencia en retomar el ritmo de inversiones en infraestructura hidráulica, lo cual incluye «abatir rezagos en agua potable, alcantarillado y saneamiento; apoyar con infraestructura el desarrollo de las zonas tropicales donde existe potencial que puede beneficiar a regiones marginadas; dar seguridad a la infraestructura hidráulica a la luz de los fenómenos extremos recientes, del posible cambio climático».

También es necesario invertir para «modernizar o reemplazar infraestructura obsoleta o insegura; mejorar la eficiencia y competitividad de las zonas de riego; conciliar la construcción de infraestructura con los criterios ambientales y sociales que hoy demandan los objetivos de sustentabilidad».

El experto se refirió al sistema financiero del agua, el cual debe establecerse bajo los siguientes axiomas: «lo del agua al agua»; «el que la usa o contamina la paga»; protección a los pobres, mediante «tarifa cero» para cubrir necesidades básicas; estructura tarifaría diferenciada y política de subsidios explícita y racional; «transparencia y rendición de cuentas en la prestación de los servicios y los sistemas públicos de riego», así como «organismos bien administrados [que logren una certificación de calidad], que puedan acceder al mercado de capitales», sin olvidar «una mayor efectividad y eficiencia de la banca de fomento».