Sergio Hernández Márquez – MURAL
La Comisión Estatal del Agua enfrenta un serio problema para el establecimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales conocida como Agua Prieta, ya que la Comunidad Indígena de Mezquitán decidió en asamblea no vender el terreno requerido.
El ofrecimiento de la CEA era obtener en intercambio un terreno de 73 hectáreas ubicado a la orilla de la barranca, junto a la hidroeléctrica de Agua Prieta, por un terreno de 126 hectáreas ubicado en Ixtlahuacán del Río, por lo que en realidad habría una ganancia en cuanto a superficie para la comunidad indígena.
Pero un grupo al interior de la asamblea de comuneros consideró que el ofrecimiento no era el más adecuado, cabildearon entre los 333 indígenas que tienen derecho a voto y lograron rechazar la propuesta gubernamental.
La mesa directiva de la comunidad indígena, encabezada por Pedro Lara, cree que esa votación fue un error ya que ahora el Gobierno del Estado podría expropiarles y ofrecer menos ventajas que las ofrecidas.
«Queremos una expropiación negociada, ellos están dispuestos a negociar terreno por terreno pero conforme lo empezamos a tratar en la asamblea no fue aceptado por algunos compañeros», expresó.
«Hay toda la buena voluntad por parte de CEA, nos tomó en cuenta y uno de los aspectos principales es el poblado que está enclavado donde va a estar la planta y ellos dicen que nos van a pagar de acuerdo a un estudio y ahí según lo que tienen se les va a pagar. Conforme al estudio sí se acercan (a lo justo)».
Juan Ramón Nava García, una de las personas que se dicen afectados por los ofrecimientos de la Comisión Estatal del Agua, señala que no están en contra del proyecto gubernamental, pero esperan que en las indemnizaciones se tome en cuenta que resultarán afectados los habitantes del rancho conocido como El Tempisque, donde habitan cerca de 300 personas que tendrían que ser reubicadas para dar paso a la planta de tratamiento.
Agrega que el Gobierno debe aceptar que los habitantes de esa comunidad perderán también su modus vivendi, esto es, tierras de cultivo, árboles frutales y áreas para la crianza de animales.
Por ello cree que las indemnizaciones deben considerar todos estos elementos además de pagar parejo, a un mismo precio el metro cuadrado o las viviendas.
«Por parte del CEA se nos están dando unos precios ridículos, entre 180 y 200 pesos el metro de tierra y en la Mesa Colorada anda entre mil y mil 200 pesos el metro, pero hay algunas personas a las que les va a pagar muy bien el CEA, a poco mas de 800 pesos el metro y ellos quieren negociar con cada persona y no de forma colectiva» expresó.
En medio de esta disputa los habitantes del Rancho El Tempisque lamentan no poder votar en la asamblea ya que serán los directamente beneficiados o perjudicados con la decisión de negarse a la venta de predios a la Comisión Estatal del Agua.
«Nosotros hoy venimos a decirle a la asamblea que abran la negociación con la Comisión Estatal del Agua porque creemos que luego nos van expropiar y nos van a dar hasta menos por eso queremos que nos tomen en cuenta», señaló ayer Andrea Robles Sierra, habitante de El Tempisque.