Sergio Hernández – MURAL
El convenio entre Jalisco y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que inspectores estatales puedan vigilar bosques, tráfico de fauna e invasiones a la zona federal marítimo terrestre no ha entrado en vigor a más de un mes de haberse celebrado la firma protocolaria, el 9 de julio.
El problema es que el Poder Ejecutivo del Gobierno federal no ha publicado el convenio de coordinación en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto tampoco lo ha hecho el Gobierno de Jalisco en el Periódico Oficial.
Esta situación está generando que haya un retraso en el inicio de las inspecciones a cargo de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa).
Mientras este convenio se publica 18 inspectores estatales y 4 abogados están recibiendo capacitación y obteniendo sus acreditaciones por Profepa Jalisco, dependencia federal que será rebasada significativamente en su número de inspectores por los elementos de la Procuraduría jalisciense.
Fernando Montes de Oca, titular de Proepa, señaló que al inicio de los trabajos de coordinación los 8 o 10 inspectores de Profepa acompañarán al personal estatal en los operativos de vigilancia, pero que esto será temporal mientras los segundos dominan el procedimiento a seguir.
Para poder hacer frente a este convenio, el Procurador estatal está buscando la ampliación de su plantilla de personal en al menos 21 nuevos inspectores, 7 abogados y 3 coordinadores, uno para la inspección de bosques, otro para vida silvestre y uno más para zona federal marítimo terrestre.
«Con Profepa vamos a hacer nuestro calendario de actividades para que a partir de que contemos con la acreditación podamos ya realizar operativos conjuntos», comentó el Procurador estatal.
«El convenio que firmamos habla de coadyuvar, de tal manera para que no necesariamente tengamos que ir en conjunto porque si nosotros tenemos 22 y la Profepa tiene 8 o 10 elementos no habría esa posibilidad».
Aclaró que en todos los casos el delegado de la Profepa, José de Jesús Becerra Soto, deberá firmar las órdenes de inspección, aunque sean elementos estatales quienes realicen la acción.
Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco (Semades), jefa del Procurador Ambiental, comentó que este convenio es clave para vigilar los cerca de 150 aprovechamientos forestales que se han autorizado en los bosques de Jalisco, y que la Profepa no tiene capacidad de verificar a todos.
Martha Ruth del Toro Gaytán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco (Semades), jefa del Procurador Ambiental, comentó que este convenio es clave para vigilar los cerca de 150 aprovechamientos forestales que se han autorizado en los bosques de Jalisco, y que la Profepa no tiene capacidad de verificar a todos.
«Todos los aprovechamientos forestales vigentes ya tendremos la posibilidad de inspeccionar si realmente han sido respetados los volúmenes y las calidades de los árboles que son autorizados para su derribo», comentó.
«Vigilaremos también que la biomasa se reponga en la proporción en la que se indica en el programa de manejo y que todos los materiales leñosos que generalmente dejan al ras de piso sean dispuestos adecuadamente para que se impida que sea material combustible en temporada de estiaje».
Van por agave y aguacate
Las plantaciones de agave y las de aguacate serán vigiladas con más atención por la Proepa al coordinarse con la Profepa en los cambios de uso de suelo, comentó la titular de Semades, Martha Ruth del Toro.
Las plantaciones de agave y las de aguacate serán vigiladas con más atención por la Proepa al coordinarse con la Profepa en los cambios de uso de suelo, comentó la titular de Semades, Martha Ruth del Toro.
«Estamos propiciando que el proceso de producción de agave lleve un proceso previo adecuado y ver dónde sembraron qué características tenía ese suelo, si fue en ladera, en coamil el tipo de arrastre de sustancias agroquímicas y qué tanto deslave de laderas está provocando» comentó.
«El aguacate también es importantísimo que lo detengamos porque no es que se prohiba, es una actividad lucrativa que da mayores condiciones de sobrevivencia a comunidades, pero el asunto es que si no se hace el cambio de uso de suelo acompañado de un estudio de impacto, al ratito vamos a sufrir consecuencias muy negativas en torno a esas actividades».