Redacción VerdebanderaRocío Ramos y Agustín del Castillo – PÚBLICO
El montaje de dinero y prebendas otorgados por la empresa minera transnacional Peña Colorada para comprar voluntades y enviar falsos ejidatarios a intervenir en la elección de presidente de comisariado ejidal de Ayotitlán, el 23 de octubre de 2005, fue derribado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que acaba de confirmar la “nulidad de actos y documentos” emanados de ese proceso.
Es la tercera autoridad judicial que se pronuncia al respecto, luego de que, a mediados de 2007, el Tribunal Unitario Agrario 38, enclavado en Colima, ya había sentenciado la nulidad de la asamblea, mientras que, en septiembre del mismo año, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa le negó a Jesús Michel Prudencio, presidente emanado de la elección espuria, el amparo de la justicia federal.
Esto es un golpe a los intereses mineros, herederos de los métodos de los madereros, que durante los años sesenta y setenta manipularon a las asambleas ejidales para extraer la vasta riqueza forestal (Público, 17 y 18 de julio de 2004). Hoy, Ayotitlán está en el mapa de los capitales globales, pues la antigua comunidad indígena nahua del municipio de Cuautitlán, transformada en ejido —por la presunta pérdida de sus títulos primordiales—, alberga algunos de los yacimientos ferrosos más importantes del país.
Ayer, en conferencia de prensa, autoridades de la Universidad de Guadalajara y de la propia comunidad agraria notificaron del fallo emitido por la SCJN el 11 de junio pasado (expediente 155/2008), que lleva al desconocimiento de Michel Prudencio y a la necesidad de un nuevo acto electivo.
Los asesores de la UdeG se comprometieron a buscar la nulidad de todos los actos jurídicos emanados de esa gestión, pues, además de favorecer a la transnacional asentada en Minatitlán, Colima, se han entregado tierras para exploración y se han hecho extracciones ilegales de las minas Imán, La María, La Gallina y Los Juanes, a favor de empresas de capital chino.
El jefe de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI), César Díaz Galván, recordó que Michel Prudencio es trabajador de Peña Colorada, la cual lo impuso como presidente del comisariado “para facilitar la explotación de los recursos naturales y la entrada de otras empresas mineras a la comunidad […] han estado haciendo una extracción ilegal, ya que no tienen los permisos correspondientes, simplemente tienen la concesión. Eso debería estar fundamentado con una manifestación de impacto ambiental que no tienen, con un permiso municipal que tampoco tienen y un acuerdo con la comunidad. El único acuerdo es con Jesús Michel, que se hace pasar por comisariado”.
Por su parte, el representante legal del Consejo de mayores, Gaudencio Mancilla Roblada, denunció otra irregularidad: la inscripción ilegal de 683 ejidatarios, de los cuales 80 por ciento ya falleció.
La actividad minera ilegal ocasionó obstrucción de cauces, depósitos de material en los márgenes de arroyos, ampliaciones de caminos que generan erosión y deslaves.
Una idea del saqueo: a la comunidad, las mineras dan un centavo por cada tres mil pesos que obtienen de ganancias; anualmente, una explotadora de minas de Ayotitlán obtiene en promedio un millón y medio de pesos, aseguraron los investigadores.
– Claves
La sierra del hierro
• Diversas fuentes económicas y científicas acreditan que las existencias de hierro en la zona de Ayotitlán, entre Jalisco y Colima, son la continuidad del mineral que ha explotado Peña Colorada desde los años sesenta y que le ha permitido ser la primera productora de ese metal en el país
• Esa evidencia de riqueza ha pesado, a juicio de investigadores de la UdeG, tanto en que no se haya reconocido la comunidad indígena nahua en Ayotitlán, como en que su propio decreto como ejido todavía no haya entregado más de quince mil hectáreas de la dotación
• Peña Colorada intervino por su interés en la elección del comisariado, precisamente en busca de asegurar la riqueza ferrosa de Ayotitlán, pero la justicia federal no le dio la razón
