Redacción Verdebandera
La preferencia a esa región va en detrimento de las demás, y para ello se violan las reglas de operación del programa, acusa propietario
Agustín del Castillo. PÚBLICO
Por la presunta preferencia que se da a los propietarios, técnicos e industrias forestales asentados en la región Sur de Jalisco, el resto de las demarcaciones de la entidad son discriminadas en los recursos que debe distribuir la Comisión Nacional Forestal (Conafor) con el programa ProÁrbol, denunció el propietario del bosque de Azucenas y Astilleros, en Bolaños, Marco Aurelio Montaño Ayala.
El texto del «recurso de revisión» que entregó el pasado 22 de mayo al gerente regional del organismo federal, Ignacio Marmolejo Altamirano, indica: «es preocupación nuestra que la oficina regional busque por cualquier medio canalizar los mayores recursos al sur del estado, donde tiene sus intereses económicos y políticos, olvidándose de que todos los ecosistemas del estado de Jalisco son sumamente importantes. Consecuentemente, la región VIII [de la Conafor] discrimina a quienes tenemos bosques en otras regiones de Jalisco».
Montaño Ayala destaca que las reglas de operación de ProÁrbol son claras respecto a cómo se deben asignar recursos: hay una serie de requisitos por cumplir, entre las cuales se involucran aspectos como los índices de marginación y pobreza, y generación de oportunidades económicas para población deprimida en zonas áridas o semiáridas. Con base en ellas sale un puntaje que en la medida que sea mayor, da derecho a recibir más recursos públicos, y en ese caso estuvieron los predios que representa, del norte de Jalisco.
Sin embargo, «se violentaron» las reglas objetivas de la asignación y se introducen en el comité técnico estatal (órgano auxiliar de la Conafor) criterios discrecionales que tuercen la legalidad. Es decir, «la gerencia propone un proyecto que omite las reglas de operación en la asignación de recursos y presenta su propia dictaminación, «en donde un comité a modo lo autoriza».
¿Cuál es el efecto? La pulverización de los apoyos, lo cual «constituye una política populista, por la dispersión de recursos a un mayor número de personas, [que] no va a rendir los objetivos de restauración de ecosistemas, dado que, quienes trabajamos e invertimos nuestro tiempo y dinero año con año para los bosques […] podemos caer en el desaliento, dado que nuestro trabajo se reduce a una mínima expresión por los mínimos recursos recibidos […] y se limita a pequeños objetivos». La Conafor carece, añade, de «una política forestal sustentable para un área prioritaria como lo es la Sierra Madre Occidental […] esto es fuente de agravio para mi representada».
Por si fuera poco, en el mismo Bolaños sí hubo recursos abundante para «desmontar selva baja» para «inducir material vegetativo que posteriormente los propietarios complementan con pastos y convertirán esa inversión en praderas para ganado», en abierta oposición al espíritu que creo la Conafor.
Además, puntualiza el denunciante, el comité técnico estatal es dominado por agente gubernamentales, representantes de la industria y técnicos; estos últimos, al servicio de los industriales y no de los dueños del bosque.
Una mafia forestal con larga historia
Y bien, eso puede aplicarse, en una forma más o menos light –es decir, no con la carga ominosa de asesinatos y violencia extrema, pero sí con una acepción de sindicato privilegiado- al cártel maderero que prosperó en el sur de Jalisco desde los años 40, a partir de la irrupción de Atenquique, y que se extendió a Autlán entre caciques virulentos y persecución a propietarios, campesinos e indígenas.
Atenquique, que tuvo el monopolio maderero de la zona hasta 1995, dejó su impronta en un grupo de industriales y técnicos que ha mantenido el control de la relación con los sectores oficiales y que suele obtener trabajo y recursos, hoy cada vez más abundantes, de la Conafor. Ese grupo privilegiado, supuesto dueño del sur de Jalisco, es objeto del recelo de los demás.
