Redacción Verdebandera
Agustín del Castillo – PÚBLICO
El despojo de terrenos públicos en Los Colomos, maquinado a partir de escrituras “in-ventadas” por diversos notarios de la zona metropolitana de Guadalajara, tuvo respaldo de funcionarios públicos y se refleja con claridad en el Registro Público de la Propiedad (RPP), de donde han sido extraídas evidencias a conveniencia de los actores.
Este es el testimonio que ofrece a Público Enrique García Becerra, investigador del Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien ha dedicado diez años de su vida a indagar sobre el problema, sobre el cual avanza en su tesis de doctorado.
“En 1998, cuando era secretario del patronato de Los Colomos el arquitecto Ricardo Robles, propuso un estudio sobre todo lo histórico de Colomos, para encontrar cuáles realmente eran las propiedades públicas; empecé a investigar todas las escrituras que encontré en el Registro Público de la Propiedad, hice algunos planos de dónde debían estar los terrenos, pero la investigación se quedó incompleta porque al llegar a las escrituras de origen, estaban desprendidas de los libros; así, resultaba imposible reconstruir exactamente las propiedades; ya se sabe que de todas las 258 hectáreas que compró el gobierno para captar, conducir y distribuir agua, sólo se destinaron 160 para lo que sería el bosque, y de esas 160 hay 91 o 92 hectáreas únicamente en la actualidad”. Así, un reto mayor es localizar todos los demás terrenos.
García Becerra señala que los problemas comenzaron desde la compra misma de los predios, a finales del siglo XIX. “María Gil Romero, quien vivía en la ciudad de México, fue despojada por Zapopan de sus propiedades y éste municipio las vendió al gobierno del estado en 50 mil pesos; [… la mujer] se fue a juicio y lo ganó, y el gobierno debió comprárselas de nuevo”.
Y no sólo eso. Otros particulares obtienen en ese tiempo “algunas propiedades que se adjudican sin tener escrituras, por ejemplo, de la hacienda La Providencia, que de ese modo se escrituraron zonas que después el gobierno del estado adquiere por algún procedimiento”, advierte.
“Como a diario en la historia de nuestra ciudad, tiempo antes de que el gobierno sacara el proyecto de la compra de terrenos en Colomos, se dio un proceso de compra venta de todos esos terrenos; la conformación de la hacienda La Providencia es previa, ellos adquirieron 133 terrenos, y después permutan algunos terrenos y de ahí surgirían después Colinas de San Javier, Santa Isabel, Santa Margarita; en si ya era toda una operación inmobiliaria”.
—O sea, ¿la tendencia que se ha tenido en Guadalajara de especular y engordar terrenos, es muy antigua?
—Así es.
—Se rumora un proyecto de gobierno, los interesados se enteran y empiezan a hacerse de terrenos para vendérselos más caros…
—Exactamente; además, algunas de las gentes que eran propietarios, asumían cargos como funcionarios del ayuntamiento o tenían relaciones por viejos cargos […] eso pasó con los Fernández del Valle o los Verea, copropietarios de La Providencia.
Es decir, “muy probablemente tuvieron información previa de todos estos proyectos y gestionaron para hacer negocios; a lo mejor resulta muchas veces difícil comprobarlo porque muchos de los deslindes que se daban en algunas escrituras hablan de aspectos físicos que han desaparecido; aquí sería importante rastrear su origen, en dónde adquirieron esos terrenos, confrontándolo con las escrituras originales”, apunta.
La Providencia es un caso memorable. No fue creada para usos productivos, sino para especular con inmuebles, en lo cual, sus propietarios originales resultan “visionarios” (Público, 16 de junio de 2008).
Una ventaja en el caso del historial de escrituras es que el Archivo de Instrumentos Públicos del Estado puede subsanar los documentos robados en el RPP; además, hay juicios legales seguidos en más de un siglo que pueden contener los datos extraídos de forma dolosa.
Daño ambiental
Lo cierto es que “el proceso urbanizador de toda esa zona de Colomos ha sido cuestión del interés económico a costa de todo lo demás […] no sólo por las invasiones de propiedad estatal, sin la ocupación de áreas de protección: todas las barrancas de la cuenca, desde el famoso Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara (1982), aparecían como áreas de protección a cauces, e igual yo me pregunto quién se las vendió y por qué las ocuparon, las borraron y construyeron sobre ellas”.
—Pero al modificar la hidrología van a generar problemas más serios al propio patrimonio de quienes les compran…
—Sí, de hecho mi estudio es de riesgos naturales; el proceso urbano en Los Colomos es caótico: estos fraccionamientos que están en zona de riesgo de inundaciones e incluso de desprendimientos de bloques de material; es una consecuencia del proceso de degradación […] el problema fuerte es que las aprobaciones se dan sin tomar en cuenta estas cuestiones; conforme llega la lumbre a los aparejos es cuando empiezan a verse las cosas y ya no se puede hacer nada porque ya tienen los propietarios todos sus derechos, ya hay licencias, plan parcial aprobado…
Ese modus operandi en el cual prima la especulación económica se demuestra fácilmente: “Revisando fotografías aéreas de hace diez años, te das cuenta del recorrido normal de ríos y arroyos y resulta que si revisas en la actualidad, esos arroyos han cambiado de forma y de lugar, y qué pasa, que algunos de los fraccionadores, que buscan construir en dos o tres años, lo que hacen es tapar ese cauce y con una maquinaria hacer su propio río no tan curveado para que no les quite tanto terreno; simulan el arroyo, en dos o tres años con el temporal se borran las huellas de la maquinaria; luego van y presentan su plan y las autoridades no revisan nada; entonces hacen su urbanización sin problemas; el problema viene para la cuenca y sobre todo para los que habitarán ahí”.
Rastrear escrituras para desmontar esos fraudes legales es complejo. Evitar los daños ambientales y los perjuicios a la población, otro tema no menos importante. En ambos aspectos se advierten actitudes omisas de la autoridad.
El geógrafo subraya la necesidad de plantear el rescate global de la cuenca, de poco más de 3,200 hectáreas, como agenda paralela a la recuperación de los predios públicos, que según la Secretaría de Desarrollo Urbano son 198 hectáreas (Público, 12 de junio de 2008).
Son dos agendas complicadas, pues se trata de la zona con los inmuebles y terrenos más codiciados de la ciudad. Pero él puntualiza, con toda seriedad: si las omisiones continúan, la naturaleza podría pasar “una factura costosa”.
– Claves
Problema añejo
• El predio Los Colomos, adquirido entre 1897 y 1903 por el gobierno de Jalisco para proveer de agua a la ciudad, sumaba originalmente 198 hectáreas
• Las invasiones y los despojos comenzaron desde la compra, pero el acto más duradero de la mafia de terrenos nace con la adquisición de tres hectáreas, en 1962, del rancho El Gorupo, que ha consumado invasiones por más de 40 hectáreas, tanto en Zapopan como Guadalajara
• La actitud oficial ha sido entre tibia y omisa, pues los intereses económicos de la zona son los más poderosos de la ciudad
