Omite el nuevo dictamen que los Proyectos Definitivos de Urbanización tengan que pasar por la aprobación ciudadana
José David Estrada – MURAL
El nuevo Código Urbano, aprobado el miércoles por unanimidad en el Congreso del Estado, establece que cualquier cambio de uso de suelo que pretendan promover los desarrolladores tiene que pasar por la aprobación de las autoridades competentes.
Sin embargo, aunque establece claramente que los planes parciales, los programas municipales y el Programa Estatal de Desarrollo Urbano deben autorizarse después de ser sometidos a una consulta pública, no ocurre lo mismo cuando se habla de los nuevos Proyectos Definitivos de Urbanización.
Estos Proyectos definitivos vienen a sustituir a los Planes de Urbanización, que habían sido utilizados de forma habitual por los desarrolladores, en complicidad con funcionarios municipales, para violar los usos de suelo dispuestos en los Planes Parciales y Programas de Desarrollo.
Estos instrumentos han permitido que se presenten casos como el de La Ciudadela, un proyecto que prevé construcción de edificios departamentales y un centro comercial en una zona residencial, pese a la oposición de los vecinos.
El nuevo código establece —en el artículo 74, según la versión preliminar— que si un Proyecto Definitivo de Urbanización pretende cambiar el uso de suelo, éste debe pasar por la aprobación de «la autoridad», que podría interpretarse como el Pleno de regidores del Ayuntamiento.
No señala sin embargo que tenga que pasar por la consulta ciudadana, aunque indica que su autorización dependerá de que se presente un dictamen que siga los procedimientos marcados para la planeación y los ordenamientos ecológicos.
Cuando los Proyectos Definitivos de Urbanización no impliquen un cambio en los usos del suelo, no será necesaria la consulta ni la aprobación del Ayuntamiento, ya que se simplifica el procedimiento hasta ser un trámite administrativo sencillo, con el objeto de evitar que se siga dando la corrupción en este tipo de asuntos.
El Código Urbano fue aprobado después de 14 meses de discusión y tras una intensa polémica que se suscitó en las últimas tres semanas ya que actores como el Parlamento de Colonias, la Gran Alianza y el Consejo Económico y Social, se quejaron de que no tuvieron la oportunidad de participar en su elaboración.
Además del establecimiento de los Proyectos Definitivos en lugar de los Planes de Urbanización, otros cambios significativos son la eliminación de las permutas de áreas de cesión por dinero en efectivo.
Este punto pretende eliminar casos como el de la Arena VFG, que se edificó sin aportar los terrenos de cesión y resolvió el asunto pagando 12 millones de pesos al Ayuntamiento, dejando pendientes problemas viales cada vez que hay conciertos allí.Se pretendió incrementar la participación ciudadana en el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, aumentando de dos a cuatro los lugares para las asociaciones vecinales, aunque al mismo tiempo se otorgó un lugar a la Cámara Nacional de los Desarrolladores de Vivienda, en un organismo con más de 30 lugares, en donde la mayoría la ocupan las cámaras empresariales y los organismos oficiales.
¿Dónde quedó la consulta?
La consulta pública se establece de forma explícita en el Programa Estatal, Municipal y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano. Sin embargo, cuando se abordan los Proyectos Definitivos de Urbanización, la redacción se vuelve confusa.
La consulta explícitaArtículo 111. Para aprobar los planes parciales de desarrollo urbano se seguirá el procedimiento siguiente:
III. Formulado el proyecto de plan parcial de desarrollo urbano, se remitirá al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, a la Secretaría y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano para los efectos de su consulta pública (…)
Sujeta a interpretación
Artículo 74. Los planes y programas de desarrollo urbano así como, los Proyectos Definitivos de Urbanización que modifiquen el cambio de uso de suelo deberán someterse a evaluación en materia de impacto ambiental de forma previa a su autorización, para el fortalecimiento de la sustentabilidad del desarrollo urbano y contar con dictamen probatorio de su evaluación por la autoridad competente conforme a las disposiciones aplicables en materia de planeación y los ordenamientos ecológicos.
Reiteran críticas a la nueva ley
La Gran Alianza y académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) reiteraron sus críticas al Código Urbano aprobado el miércoles por unanimidad en el Congreso del Estado.
«Se pierde una oportunidad importante para que la sociedad civil de Jalisco nos traten ya como a mayores de edad, no siguen tratando como si los todavía los jaliscienses funcionáramos afiliados a confederaciones o a asociaciones gremiales», expresó Jesús Rodríguez, presidente de la Mesa de Ordenamiento Territorial de la Gran Alianza por Jalisco.
Para Francisco Valladares, maestro en urbanismo en la UdeG el nuevo texto legal beneficia a los empresarios.»Si se implanta el nuevo Código Urbano, no solamente los Ayuntamientos van a poder promover un H4 y un H5, sino un H24, es decir, un insecticida para los pobres habitantes, esto no se vale, que bajo argumentos de retórica de política pública federal, se quiera abatir un déficit engordando los negocios inmobiliarios», dijo.
Además, a través de un comunicado, el Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño, de la UdeG, apuntó que la aprobación es un retroceso porque no establece condiciones mínimas de calidad de vida para la la vivienda de interés social.