Redacción Verdebandera
Con documentos plagados de inexactitudes se pretende hacer valer la posesión legal de un lote de más de quince mil metros cuadrados. Foto: Público
Agustín del Castillo – PÚBLICO
Los notarios públicos número cinco de Tlaquepaque, Humberto Gascón Orozco, y 122 de Guadalajara, Carlos Gutiérrez Aceves, tienen mucho qué explicar en torno a la legitimación de dos actos de compraventa de propiedad en Los Colomos, que datan de 1989 y 2006; se trata de documentos plagados de inexactitudes, datos imprecisos y personalidades borrosas: la conformación de una escritura fantasma.
El problema es que esos textos legales son base para legitimar los presuntos derechos de propiedad de ocho particulares en Retorno del Torreón, un lote de 15,131.76 metros cuadrados en la zona sur de Colomos, en perjuicio del bosque público, enclavado en una zona donde el precio por metro cuadrado alcanza fácilmente los seis mil pesos, los rangos más altos de la ciudad. Así, el fantasma cobra evidente realidad, con razones de muchos pesos y centavos.
El gobierno de Jalisco acredita la propiedad del inmueble mediante la escritura número doce del 11 de abril de 1899, que pasó por la fe del notario supernumerario de Guadalajara, Manuel M. Tortolero; una de las doce compras que hizo para formar la propiedad pública. 90 años después, una supuesta excedencia de terrenos de una fraccionadora lo intentó convertir en espacio privado.
Es la escritura pública 9,454, elaborada el 27 de julio de 1989 por Gascón Orozco; el vendedor fue el doctor Salvador Madrigal Moreno como “liquidador de la sociedad Fraccionadora del Valle, SA”; los compradores: José Ávila Sánchez, Rodolfo Camacho Salazar, Alejandro Madrigal Orozco, Alejandro Marco Morales Pérez, Susana Ochoa Villaseñor, Guillermo Orozco Salido, Anna Rosa Pelayo Velasco y María de los Ángeles Pelayo Saldívar.
Fraccionadora del Valle, refiere la fe, se constituyó el 11 de diciembre de 1956 (escritura pública 5,192 emitida por el notario 31, Víctor González Luna) y adquirió en ese mismo acto “por aportación que hizo la socia, señora Antonia Verea de Corcuera, los terrenos que formaron un solo paño consistentes en la fracción A de los antiguos predios El Torreón y San Ramón, en la municipalidad de Zapopan, Jalisco, con superficie de 81 hectáreas…”. No se hacen referencias documentales que sustenten esa aportación.
“Con motivo de dicha liquidación se celebra por parte de la sociedad la venta de un saldo de aquella aportación, misma que es objeto de esta compraventa, con una superficie de 15,131.7605 metros cuadrados…”.
Los nuevos propietarios intentaron legitimar su dominio al demandar en 1995 al Ayuntamiento de Guadalajara en el Juzgado Decimosexto de lo Civil (expediente 731/95) para que se retirara el arco de ingreso y la caseta de control que instaló en Paseo del Torreón para acceder al parque. Tuvieron éxito, pese a que el ayuntamiento, en su respuesta, puso el dedo en la llaga: el título de propiedad presentado por los quejosos es “apócrifo” (ver Proceso Jalisco 176).
Once años después de la demanda, la propiedad fue transmitida parcialmente (11,186 m2) a José Tomás Colsá Chalita y Álvaro Corvera Nepote, según escritura 8,107 del notario Gutiérrez Aceves, del 6 de diciembre de 2006.
El documento presenta incongruencias que alcanzan los linderos de lo bufonesco: por ejemplo, el predio se ubica en el distrito Minerva de Guadalajara, pero la fe indica que está en Zapopan y menciona su cuenta catastral en aquel municipio (U103627); además, uno de sus compradores (Corvera Nepote) es un hombre nacido el 14 de julio de 1999.
Diez días después, la sindicatura tapatía abrió la posibilidad de que allí se construyeran “40 viviendas bajo régimen de condominio vertical densidad baja, en ocho niveles de altura”, al aprobar el recurso de revisión DJM/DJCT/FA-671905972006. Y eso que la escritura dice que es un predio de Zapopan. Tantas coincidencias hacen pensar a los defensores de Los Colomos en una acción concertada para consolidar derechos sobre propiedad pública que, como se sabe, es imprescriptible, inalienable e inembargable (o sea, no puede vender ni perder bajo ninguna circunstancia). El fantasma de los intereses especulativos tiene así, aparentemente, una partida ganada.
El debate
Los Colomos padece los intereses especulativos de facto, sobre más de 60 hectáreas del patrimonio público adquirido entre 1897 y 1902, que suman poco más de 198 ha. Esto ha generado un debate público sobre la responsabilidad gubernamental en el caso. Vecinos, ecologistas y políticos de oposición juzgan de “tibia” y hasta “cómplice” la actuación de los gobiernos municipales y el estatal
Carlos Briseño Torres, rector de la UdeG, ha respaldado a los ciudadanos que desean rescatar la propiedad pública, lo que causó malestar entre ediles panistas de Guadalajara, que le han exigido disculparse por sugerir que entre ellos hay cómplices de fraccionadores, lo que ha sido leído como acusación contra el panista Juan Pablo de la Torre. Sin embargo, el dirigente universitario dijo el pasado viernes que no se va a disculpar: «Estamos pisando callos en Los Colomos», aseguró
