Luis Herrera – EL INFORMADOR
El presidente municipal de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, anunció que se reunirá con el titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, para analizar la problemática de invasiones que presenta el polígono de propiedad estatal (de 81 hectáreas) en la Cuenca Hidrológica de Los Colomos.
“Por un lado los particulares que se están presentando (en Obras Públicas de Zapopan) tienen escrituras del Registro Público de la Propiedad, que es del Gobierno estatal, y por otro lado nos está obligando el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) a que entreguemos licencias de construcción (en el polígono). Necesitamos tener con la secretaría esta reunión para profundizar en los detalles de cada uno de los predios en cuestión”, dijo Sánchez Aldana.
Al mencionar al TAE, el alcalde está haciendo referencia al juicio de nulidad I-06/2007, que fue resuelto a favor de un particular, al que se le deberá otorgar una licencia de construcción para edificar una torre departamental sobre ocho mil metros cuadrados dentro de la propiedad que el Gobierno del Estado reconoce como suya, en Avenida Acueducto. La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos no compareció el 14 de febrero de 2007 ante el TAE para acreditar la propiedad del Estado.
Al respecto, el primer edil mencionó: “Son de las situaciones que nosotros debemos saber los motivos y razones. Coincido en que el tema debe ser correctamente defendido y también que la comunicación entre el Gobierno del Estado y nosotros sea muy estrecha para que esto no se vuelva a dar”.
Reconoció de manera positiva el exhorto que propondrá ante el pleno Ricardo Anguiano Apodaca, como síndico de Zapopan, para que el Gobierno del Estado defina una estrategia jurídica “clara” para la defensa de los polígonos en Los Colomos.
“Es una iniciativa que enriquece este trabajo, donde haya una postura de parte nuestra para que los predios que son áreas protegidas o propiedades estatales sean defendidas y utilizadas de forma adecuada en beneficio de la comunidad”.
Las reuniones con Guzmán Pérez Peláez deberán servir para actuar de forma proactiva ante la problemática, “para definir un canal de comunicación que permita que ambas instancias tengamos claros los mismos objetivos, polígonos y los mismos usos de suelo para esos predios”.
Por otra parte, Sánchez Aldana aseguró que pretende esclarecer los motivos por los que el predio de la Plaza Andares, en Avenida Patria, fue descartado como parte del polígono del Gobierno del Estado durante una reunión entre los empresarios y personal de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos (el 27 de junio de 2007), a pesar de que los planos realizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano de 2005 señalan lo contrario.
Sobre este tema, también informó que la Dirección de Obras Públicas solicitará a los empresarios la realización de una obra vial más en la zona, una “grapa” de retorno planteada en la confluencia de las avenidas Universidad y Patria, y no solamente el ingreso a la plaza desde esta última arteria.
“La plaza no funcionaría de manera adecuada si el desarrollador –quien generará ese gran flujo vial en la zona– no hace la ‘grapa’ de retorno”.
Concluyen mesas interinstitucionales
Ayer se efectuó la última de las reuniones en el Ayuntamiento de Zapopan, promovidas por el regidor César Gabriel Alfaro Anguiano, y en las que participaron funcionarios del Gobierno del Estado, de Guadalajara y de la Comisión Nacional del Agua, así como grupos ciudadanos y especialistas en la Cuenca Hidrológica de Los Colomos.
El acuerdo fue la realización de un expediente único entre todas estas instituciones para evitar que se susciten nuevas construcciones al interior de los polígonos del Gobierno estatal.
Teresa Brito Serrano, secretaria general de Zapopan, informó que se establecerá un mecanismo de operación en el que la Dirección de Obras Públicas remitirá a Patrimonio Inmobiliario del Estado todas las solicitudes para licencias de construcción dentro del polígono.
Tomarán como ejemplo una minuta del 10 de septiembre de 2007, en la que un particular reconoce ante los funcionarios estatales que el lote que le pertenece en el fraccionamiento Zotogrande, se localiza al interior del polígono de propiedad estatal.