Los indígenas pescan en canoas en este río Xingu, tributario del Amazonas, y cuidan sus cosechas de mandioca cerca del lugar donde desde hace décadas se habla de construir una gran presa que ahora está siendo impulsada, por una fiebre de construcciones multimillonarias en el país.
La futura presa de Belo Monte sumergiría la selva y dañaría a peces poco comunes, así como el modo de subsistencia y los hogares de aproximadamente 15 mil personas, que viven en esta región remota del nororiental estado de Pará, indicaron algunos críticos.
Con dinero en efectivo abundante gracias a su pujante economía, Brasil invertirá 296 mil millones de dólares en los próximos dos años en enormes infraestructuras para construir plantas hidroeléctricas, carreteras transcontinentales y otras obras de envergadura, con el fin de ampliar la industria, generar empleos y ayudar a apresurar el crecimiento de la nación más grande de América Latina hasta convertirla en una potencia económica mundial.
Mientras el mundo está atento al cambio climático y a la destrucción del Amazonas, el auge brasileño se traduce en pavimentación, inundaciones y la construcción de largas líneas de transmisión eléctrica a lo largo de miles de kilómetros de selva virgen.
Edivaldo Juruna, un campesino y pescador que vive en una choza de madera ubicada en una barra del río, tiembla cuando escucha que la presa inundará 440 kilómetros cuadrados de la cuenca del Amazonas y convertirá un tramo de 144 kilómetros de río en charcos empantanados.
«Allá arriba, cerca de la ciudad se va a inundar, pero acá abajo se va a secar», señaló el indígena Juruna. «Todos hablan de los trabajos que vendrán y de que habrá electricidad para el Brasil, pero nadie ha hablado del lado negativo», sostuvo.
Las voces opositoras aumentan. Cerca de un millar de indígenas se reunieron esta semana para rechazar la propuesta de la construcción de la presa, de 6 mil 700 millones de dólares, que podría ser la tercera mayor productora de electricidad del mundo.
Los indígenas y los ambientalistas pensaban que habían logrado vencer la iniciativa de la presa en 1998, gracias a la protesta, que atrajo al cantante Sting, y la condena internacional. Ahora Brasil cuenta con los recursos económicos para efectuar esos proyectos, sin necesidad de la ayuda del exterior.
Además, los críticos señalaron que las fuerzas en favor del desarrollo dentro del Gobierno del Presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, han tomado el control: una de las razones que se citan para que la ya ex Ministra del Medio Ambiente, la defensora ambientalista Marina Silva, presentara su renuncia la semana pasada.
Lula ya enfrenta un incremento en la destrucción de la selva amazónica y por ello ha desplegado a policías federales y a trabajadores ambientales para que acaben con la tala ilegal. Mientras, argumenta que los grandes proyectos de infraestructura son necesarios para la generación de empleos en las regiones más pobres del Brasil, además de ser una forma de compartir la nueva riqueza de la nación.
«No debemos pensar en el Amazonas como un santuario», dijo Lula en un discurso a principios de este mes.
Los inversionistas extranjeros están preparados para entrar en acción para construir la presa de Jirau, de 5 mil 200 millones de dólares, la segunda de dos que serán erigidas sobre el río Madeira, cerca de la frontera con Bolivia.
En otro sector del Amazonas se está pavimentando una carretera a lo largo de la selva hacia Perú, de modo que los camiones puedan trasladar bienes del Amazonas brasileño a través de la cordillera de los Andes hasta el Pacífico, para su embarque hacia mercados asiáticos.
El Presidente del Ecuador Rafael Correa desea crear otro corredor de exportaciones transcontinental entre su país y Brasil, utilizando una ruta terrestre y fluvial que sería una alternativa al Canal de Panamá.
Sin olvidar la mencionada presa de Belo Monte, que inundaría algunas áreas. Miles de personas viven en chozas que se inundan en la época de lluvia, que dura unos seis meses, pero quedarían totalmente bajo el agua después de la construcción de la presa. No hay sistemas de drenaje ni de agua potable y los niños suelen asistir a la escuela en canoas durante la mitad del año.