Redacción VerdebanderaAnte los reclamos de los afectados, prometieron hacer lo posible para que se limpie el afluente y se juzgue a quienes lo contaminaro.
Así se veía ayer el río, cuando los senadores se acercaron a contemplarlo. Las promesas fueron múltiples. Fotos: Marco A. Vargas
Vanesa Robles – PÚBLICO
Media docena de senadores viajó ayer a El Salto y Juanacatlán; escuchó una retahíla de cifras inmejorables —de las autoridades de Jalisco— y una enumeración de cifras pesimistas —de los grupos ciudadanos—. El contingente se asomó al río Santiago. Sintió asco de la porquería que lleva el torrente. Prometió… que hará lo posible para que sus colegas se compadezcan, reúnan pruebas de la polución, se pongan a trabajar en la redacción de un punto de acuerdo, se pongan de acuerdo para votarlo y, cuando todo eso ocurra, se enjuicie a los servidores públicos responsables de la contaminación.
En pocas palabras, la limpieza de la cloaca de Guadalajara va para largo.
La prueba contundente de que el Santiago está tan contaminado como se dice sería la muerte de Miguel Ángel López Rocha, de ocho años de edad, dio a entender el senador michoacano por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, Silvano Aureoles Conejo.
Una prueba débil, pues las autoridades de Jalisco afirman que el niño no murió por intoxicación de arsénico —como demostraron los análisis de orina de Luz María Cueto, una de las toxicólogas más prestigiosas de América Latina—, sino por heces fecales, y las mismas autoridades dudan que Miguel Ángel se haya enfermado tras caer al río.
Silvano Aureoles habló de la letanía de los procedimientos para enjuiciar a los responsables sólo ante los medios de comunicación. Antes, delante de los activistas enojados por la desidia de las autoridades, el senador perredista prometió que los juicios serían un hecho.
Las pruebas de que el río está contaminado las presentaron, en el Palacio Municipal de El Salto, distintos grupos ciudadanos. El instituto VIDA, AC entregó datos de estudios de distintos organismos locales, nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que demuestran la presencia de metales pesados en el torrente. El médico familiar Francisco Parra compartió su estudio de los efectos del ácido sulfhídrico, que despide el río, entre los niños de la escuela Mártires del Río Blanco. Todos los presentes, incluyendo a los alcaldes, citaron las docenas de peticiones que han hecho a las autoridades de todos los niveles: la mayoría data de muchos años antes de la muerte de Miguel Ángel Rocha.
Hemos hecho oficios a distintas dependencias, solicitando información y respuestas a las autoridades, se quejaron los afectados.
Sólo el alcalde de El Salto, Joel González, mostró siete oficios a dependencias, desde la Comisión Nacional del Agua hasta la Secretaría de Salud Jalisco, en los que pide información sobre la caracterización de descargas, los análisis que se han practicado, las tendencias epidemiológicas de la zona, las inspecciones. Ninguno ha tenido respuesta, afirmó.
“Gritamos en un desierto; nadie nos escucha”, relató el presidente municipal de Juanacatlán, Ramiro Tapia. “Ahora sí están haciendo muestras de orina y cabello, después de la muerte de un niño, pero tenemos 30 años con el problema: nadie trata sus aguas. En el día el olor es insoportable y por la noche nos atacan millones de zancudos. El entubamiento de las descargas [la solución que se le ocurrió al Ejecutivo estatal] no es la solución”.
Según Ramiro Tapia, sólo la responsable de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, Martha Ruth del Toro, ha mantenido comunicación con los afectados, “pero no hemos llegado a nada”.
Ayer, esa servidora prometió que el Santiago y la cuenca El Ahogado comenzarán a sanearse en tres años; el gerente regional de la Comisión Nacional del Agua prometió que este año la dependencia federal invertirá 1,400 millones de pesos en saneamiento y abastecimiento de agua. El delegado de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, José de Jesús Becerra, juró que sus inspectores no descansan en hacer su labor en la zona industrial de El Salto, aunque, por más que le cuestionaron a cuántas empresas se ha sancionado por contaminar, jamás respondió.
Mucho menos pudieron explicar su trabajo el secretario de Salud de Jalisco, Alfonso Gutiérrez, o el director de la Comisión Estatal del Agua, César Coll Carabias: simplemente no asistieron a la reunión, aunque su visita estaba programada. Tampoco se vio por el río a los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que habían sido invitados a la junta.
Las autoridades y los ciudadanos de El Salto y Juanacatlán no han sido los únicos desairados por los funcionarios de Jalisco y las autoridades federales que tienen atribuciones sobre el río Santiago, un bien nacional. El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ramiro Hernández, organizador de la visita, recordó que desde noviembre se solicitó información sobre el torrente y hasta ahora la Cámara no ha recibido un solo documento. “Esto es preocupante: si al Senado no le dan información y a la población no le dan respuesta con acciones concretas, me parece que los funcionarios y las dependencias públicas no están cumpliendo con lo más elemental; si no hay consecuencia, sanciones, poco podremos hacer. Ya estuvo bueno de que nos hagamos tontos”.
Afirmó que se llevará tres propuestas al Senado: el respaldo de los presupuestos para el saneamiento de la zona; el seguimiento al cumplimiento o negligencia de los funcionarios que han tenido relación con el tema, y la creación de un órgano de vigilancia de la calidad del agua donde participen el gobierno federal, las autoridades de Jalisco, El Salto y Juanacatlán y los grupos ciudadanos.
Los colegas del priista prometieron analizar pruebas y “coadyuvar a la solución del problema en la medida de las posibilidades”… lo mismo que deben prometer en cada gira que hacen.
Además de Ramiro Hernández y Silvano Aureoles, otros senadores que se dieron su baño de impurezas y fetidez ayer fueron el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Jorge Legorreta (PVEM); el representante del Partido del Trabajo (PT), Francisco Javier Obregón; del Partido Acción Nacional (PAN), Eva Contreras —abucheada por los activistas por su intento de comercializar la zona de manglares en Puerto Vallarta—, y el priista Mario López.
La gira incluyó la caída de la cascada El Salto de Juanacatlán, la desembocadura del arroyo El Ahogado en el río Santiago y la colonia La Asunción. “No le deseo mal a nadie, pero ojalá que a estos señores les duela la cabeza, para ver si se vuelven a acordar de nosotros”, dijo la dueña de una tienda cuando vio pasar la comitiva.
• El olor del río alcanzó ayer a los senadores invitados a la gira.
Integran mesa sobre justicia ambiental
(Público)
• Más de 20 especialistas en derecho ambiental y en trabajo de dependencias vinculadas al medio ambiente integran, desde ayer, la mesa de la Gran Alianza de Jalisco sobre justicia ambiental, que se encargará, entre otras cosas, de hacer un diagnóstico y presentar propuestas sobre el tema.
La secretaria del Medio Ambiente estatal, Martha Ruth del Toro Gaytán, pidió a los expertos contribuir a que Jalisco salga del “desafortunado” lugar número 30 nacional en indicadores ambientales en el que está actualmente. “Eso es lastimoso, no podemos permitir que en el tema ambiental nos vayamos casi al fondo”.
Entre otras cosas, el grupo de especialistas realizará la estructura jurídica de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), de reciente creación, y un plan de acciones.
El titular de la Proepa, Fernando José Montes de Oca y Domínguez, subrayó que las propuestas que presentará la mesa de justicia ambiental podrían salir de una consulta a ciudadanos y expertos en el asunto, “y no tanto de los funcionarios […] Esto permite la posibilidad de que el diagnóstico no surja de forma institucional, sino de quienes conocen del tema de justicia ambiental, así como coadyuvar a la determinación del plan de trabajo que el estado necesita y no el que la autoridad pueda fijar como prioritario”.
El coordinador de la mesa será Alejandro Romero Hernández. El grupo volverá a reunirse el 11 de marzo, para formular un compromiso que se le presentará al gobernador el 15 de abril.
En la mesa participan especialistas de la Proepa y su par federal, la Profepa; la Universidad de Guadalajara, el Colegio de Abogados Ambientales, la Asociación de Profesionales Ambientales y la Academia Jalisciense de Derecho Ambiental, así como abogados particulares
