Redacción VerdebanderaJuan Carlos G. Partida – LA JORNADA JALISCO
Un amparo para evitar actos en su contra por parte del procurador de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, y del coordinador general de la Policía Investigadora, Marco Antonio Venegas, tramitó y obtuvo María del Carmen Rocha Mendoza, madre del pequeño Miguel Angel, temerosa de las dolosas versiones que han salido en un medio de comunicación local donde se señala que la Procuraduría de Justicia del Estado (PJE) tiene una línea de investigación que señala que la familia pudo haber envenenado al menor, quien falleció el pasado13 de febrero luego de una agonía de 19 días tras caer al río Santiago e ingerir el mortal líquido.
La medida cautelar, inscrita en el juicio de amparo 126/2008-I, fue otorgada por el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, a cargo de Adalberto Maldonado Trenado, y especifica que el amparo no impide que la señora Rocha Mendoza sea privada de su libertad personal si el delito por el que se libre el mandamiento de captura combatido es de los que no permiten la libertad provisional bajo caución, en cuyo supuesto la medida cautelar sólo producirá el efecto de que en el impetrante (quien promovió el amparo) quede a disposición de ese Juzgado de Distrito, sin importar el lugar que fuese recluido.
«Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso la suspensión provisional de la orden de tención para el solo efecto de que no sea privado de su libertad personal, hasta que se notifique a las responsables de la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva; en el entendido de que el quejoso quede a disposición de este juzgado por lo que ve a su libertad personal y del juez instructor para la continuación del procedimiento», dice el documento fechado el 25 de febrero en los juzgados de Puente Grande.
La acción legal promovida por la señora Rocha Mendoza no solamente se debe a las versiones que el gobierno estatal ha hecho circular en medios que sobre el tema lo único que han abordado son las «dudas razonables» respecto a que el niño no cayó al río y por eso se intoxicó, sino al cabildeo que funcionarios estatales hicieron la semana pasada con empresarios y dueños o directores de medios para circular la versión de que existían dudas respecto a los padres de Miguel Angel porque se tardaron en llevarlo al médico (La Jornada Jalisco, 22 de febrero).
Aunque ese mismo viernes el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, en rueda de prensa desmintió que se investigara una posible relación entre la madre y la muerte del niño por causas ajenas al río, no quiso agregar algo respecto a si tampoco se investigaba al tutor de Miguel Angel. Además, apenas este lunes, el secretario de Salud, sin decir en qué basaba su afirmación, dijo que no fue el río lo que mató a Miguel Angel, lo que fortaleció el temor de la familia.
Se informó, por cierto, que la familia de Miguel Angel no ha recibido los resultados de los análisis que se practicaron al niño para conocer qué fue lo que lo mató, a pesar de que legalmente son las personas indicadas para tener en su poder una documentación tan relevante al tratarse de su propio hijo. Hasta el momento, solamente el dicho del secretario de Salud es el que consigna que tres de los cuatro exámenes salieron negativos al arsénico.
