Redacción Verdebandera
Los vecinos de Miguel Ángel, el niño que murió intoxicado con arsénico, exigieron a los diputados que hagan algo acerca de su convivencia diaria con el contaminado río Santiago. No pudieron entrar al Congreso. Sólo les prometieron revisar su caso.
Vanesa Robles – PÚBLICO
Un hedor a huevo podrido recibió ayer al cadáver de Miguel Ángel López Rocha y despidió a casi 300 habitantes de la comunidad de La Azucena, en El Salto, que en caravana viajaron al centro de Guadalajara con la esperanza de que alguien responda por las muertes que debe el río Santiago.
Pero nadie respondió.
Ayer, La Azucena olía también a rabia y, por primera vez en muchos años, ese perfume logró que sus habitantes olvidaran un poco el del huevo podrido —ácido sulfhídrico— o que lo sustituyeran por el arsénico: un metal nuevo en el vocabulario de los habitantes de El Salto, Juanacatlán y la cuenca El Ahogado, pero que ha creado derechos de antigüedad en las aguas del río, donde corre desde mediados de los años ochenta, según varias investigaciones de la Comisión Nacional del Agua (CNA). Miguel Ángel murió el miércoles envenenado por arsénico, presuntamente después de probar las aguas del Santiago. Para que los del gobierno no tengan duda, su madre, una mujer tan pobre como decidida, ratificó su versión ante el Ministerio Público.
Las autoridades reiteraron que no pueden ni cambiar de lugar las escuelas cercanas al río, hasta que se declare una emergencia ambiental, y que eso le toca a la CNA y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) estatal: las mismas que abrieron las compuertas del torrente para que el agua corra y las evidencias —mercurio, cadmio, plomo, arsénico— se vayan mucho a otro sitio, confesó ayer un servidor público, quien pidió omitir su nombre para evitar represalias.
El gobierno federal y de Jalisco saben que el río es mortal: en diciembre de 2006, la Comisión Estatal del Agua y la Organización Panamericana de la Salud descubrieron 34 descargas de metales pesados y cianuro en el Santiago, sin contar los diez mil litros de excremento que el torrente se traga cada segundo.
Sin reconocer los datos que ya existen, los del gobierno en cambio enviaron condolencias a la familia del niño de ocho años, del que sólo saben que está muerto y que muerto es un buen capital político.
“Miguel Ángel no murió, el gobierno lo mató”, gritaron ayer los habitantes de La Azucena frente al Palacio de Gobierno, donde nadie con poder de decisión los atendió, pero alguien les prometió una cita “pronto” con el gobernador Emilio González. “… el gobierno lo mató”, repitieron afuera del Palacio Legislativo, que durante dos horas les cerró las puertas y donde los atendió un solo diputado, Enrique Alfaro, sin poder de decisión, pero que les prometió que “pronto” habrá avances.
Antes de que un grupo de representantes de los vecinos del río ingresara al Congreso, un miembro de la Fundación Lerma-Chapala-Santiago, Esteban de Esesarte, intentó apoderarse del movimiento y provocó un conato de bronca. Los manifestantes lo expulsaron: rechazaron la participación de cualquier partido político o interesado en llevar agua a su molino.
La razón del cierre de las puertas del Congreso del Estado se desconoce. Quizá la policía sintió amenaza ante un grupo de ancianos, mujeres y niños pequeños, todos asoleados. Quizá pensó que se contagia la convivencia diaria con el ácido sulfhídrico y el arsénico. Tal vez se sintió aludida con “el gobierno lo mató”.
Desde la noche del miércoles, esa consigna se multiplicó también en La Azucena: “Anoche, la colonia se llenó de letreros”, narró la esposa de un albañil del barrio, que hace un año fue obligado a ingresar a las aguas del río Santiago y hoy tiene el rostro deforme. Los letreros cuestionan a las autoridades y exigen seguridad para el resto de los niños que viven cerca del torrente y que ayer participaron en la primera protesta de su vida, que está en juego.
Cuando las puertas del Congreso se abrieron al fin, unos cinco diputados, elegantísimos todos, miraban a los manifestantes como si estuvieran descubriendo que en Jalisco hay pobres y preguntándose a qué se debía tanto grito. Todos los legisladores disimularon el cargo.
Los habitantes de La Azucena regresaron a sus viviendas alrededor de las tres de la tarde.
Su vecino, Miguel Ángel López Rocha, de ocho años de edad, yacía en su casa de 28 metros cuadrados —¿cuánto medirá la oficina de un diputado?—, dentro de un ataúd blanco y pequeño. “Míralo, me lo dejaron hermoso. Parece un angelito”, dijo su madre, María del Carmen Rocha. Y luego soltó un aullido de otro mundo: “¡Por qué mi hijo!”.
Entubarán el río en 50 días
Aunque académicos y expertos en el tema han dicho que se trata de una medida paliativa e incluso irrelevante, porque equivale a llevarse el problema a otro lado, el gobierno del estado decidió que entubará tres kilómetros del río Santiago.
El secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, anunció ayer que los trabajos para entubar el cauce estarán listos en 50 días, con una inversión de doce millones de pesos. Admitió que una solución de fondo estará lista en dos y medio o hasta tres años, cuando operen 20 plantas de tratamiento de aguas para el estado.
En tanto, ayer mismo, la Secretaría de Salud estatal echó a andar medidas para detectar la fuente de donde provino el arsénico que mató al niño Miguel Ángel López Rocha, envenenado, al parecer, por aguas del río Santiago. La dependencia puso en marcha unidades móviles de salud y anunció avances en un muestreo entre vecinos que incluirá a otros niños que convivieron con Miguel Ángel.
El secretario Alfonso Gutiérrez Carranza, que en varias ocasiones marcó distancia respecto del problema de contaminación en la zona, aseguró a los alcaldes de El Salto y Juanacatlán que su dependencia está trabajando “porque queremos conocer el estado de salud de la gente”, aunque dijo que el perfil epidemiológico de los vecinos no difiere del que prevalece en el resto del estado.
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