Mover escuelas y castigar a contaminadores, pide CEDHJ

Daniel, el hermano de Miguel Ángel, y su mamá, María del Carmen Rocha. Foto: Jaime Ramírez

Maricarmen Rello – PÚBLICO

Propuso declarar a esta cuenca como zona de emergencia sanitaria, además de autorizar una partida presupuestal para revertir el daño y arrancar estudios.

Debido a la gravedad de la contaminación en el río Santiago, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió un informe especial y propuso declarar a esta cuenca como zona de emergencia sanitaria, además de autorizar una partida presupuestal para revertir el daño y arrancar estudios, reubicar a todas las escuelas cercanas, frenar la construcción de fraccionamientos en sus inmediaciones e iniciar acciones penales contra empresas que viertan descargas de agua sin tratamiento.

Tales propuestas se destacan entre otras 19 medidas que, con carácter de urgente, fueron dirigidas al gobernador de Jalisco, al Poder Legislativo estatal y a presidentes municipales, luego «de acreditar plenamente violaciones a los derechos humanos» (ver anexo). El presidente del organismo defensor, Felipe Álvarez Cibrián, aclaró que este informe es previo a una recomendación que ya se cocina; se anticipan las propuestas con el afán de impulsar la toma de decisiones adecuadas «ante la gravedad del problema».

En principio Álvarez Cibrián hizo un recuento del caso que la CEDHJ sigue desde hace cinco años, a través de dos quejas y dos actas de investigación, y resaltó que hasta hoy «resulta evidente que no ha habido una respuesta adecuada de las autoridades para resolver el grave problema de contaminación en la zona de El Salto y Juanacatlán».

El ombudsman urgió al gobernador Emilio González a que la cuenca del río Santiago sea declarada «zona de emergencia ambiental y de acción extraordinaria en materia de salud», de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, Ley General y Estatal de Salud; se delimiten las áreas de riesgo y peligro para la vida y salud de las personas en los márgenes del río Santiago y del canal Las Pintas-El Ahogado.

En específico, pidió detener los permisos de construcción de nuevos fraccionamientos en esos márgenes e indagar posible corrupción. Asimismo, que todas las escuelas que se localizan en las inmediaciones de El Salto de Juanacatlán sean reubicadas «de manera consensuada con estudiantes y padres de familia, maestros y directivos», así como practicar de inmediato una jornada de detección de enfermedades entre los alumnos y estudios epidemiológicos independientes.

Álvarez Cibrián habló de establecer plantas de tratamiento y de un laboratorio de análisis de la contaminación de aguas, suelo, lodos, sedimentos y atmósfera cercanos a la presa derivadora de Juanacatlán, y adelantó que hay indicios de la existencia de un laboratorio similar que tiene la Comisión Nacional del Agua, sin operar.

Dijo que el Legislativo es «el conducto idóneo» para exhortar la intervención urgente de autoridades federales, mediante puntos de acuerdo, en tanto que a los presidentes municipales les propuso que denuncien a las empresas que no estén tratando sus descargas de agua.

Inquirido respecto a que se requerirá una inversión millonaria para cumplir con muchas de las propuestas de este informe especial, el ombudsman consideró que no es un asunto sólo de dinero: «Implica voluntades, implica decisiones, implica resultados. Lo que aquí se pide es quitarnos de pretextos, quitarnos de excusas y de decir que aquí no es nuestra competencia, y que se coordinen todas las autoridades de todos los niveles ante el gravísimo problema».

Esto, pues, en el mismo informe, la CEDHJ da cuenta de la respuesta de varias dependencias, entre ellas la Secretaría de Salud y la del Medio Ambiente, que dijeron «no tener competencia» en el asunto