La zona limítrofe sigue caliente

Héctor Michel Camarena en su visita a la zona de conflicto el sábado. Foto: Público

Líderes de Cihuatlán fueron a declarar por bloqueo carretero de noviembre, pero no pudieron detenerlos

Colima dice que seguirá obras en área en disputa; eso viola acuerdos: Jalisco.

Agustín del Castillo – PÚBLICO

La regidora priista de Cihuatlán María Guadalupe López Torres y el líder de la unión de ejidos de ese municipio, Aldo Boni Oregón Hinojosa, declararon ayer en Autlán como parte de la averiguación previa 303/2007 ante el Ministerio Público Federal, acusados por la Policía Federal Preventiva del bloqueo de la carretera 200 que se realizó el pasado 5 de noviembre, en el marco del conflicto de límites entre Jalisco y Colima.

Ninguno de los dos fue detenido, pues a la representante popular la protege el fuero constitucional, mientras el líder ejidal está beneficiado por el amparo 920/2007 que le concedió el Juzgado Tercero de Distrito de Guadalajara.

«Desde el viernes pasado, fueron policías judiciales a tratar de detenerme en Cihuatlán, pero les mostré el amparo, verificaron que era cierto y ya no me molestaron», señaló Oregón Hinojosa a este diario, entrevistado vía telefónica. Subrayó que el amparo en definitiva echa abajo la orden de aprehensión, porque demostró que se trata de una «denuncia amañada» fundada en «falsedades» de los testigos que presentó la corporación federal. «Lo que hicieron fue inculparnos en algo en que no tenían razón», añadió.

El líder prefirió no aventurar quiénes podrían estar detrás de esa averiguación: «Hay suspicacias, muchas pistas, pero lo mejor es trabajar para que esto se resuelva de una vez».

El 5 de noviembre, judiciales de Colima detuvieron a seis moradores de Cihuatlán en la zona de El Rebalse; en respuesta, los ejidatarios bloquearon por más de doce horas de la carretera estatal a Colimilla y la federal 200, acusando al gobierno del estado vecino de violar una «suspensión de plano» en el juicio de amparo 1136/2007, cuyo incidente de desacato no ha sido sancionado aún (Público, 6 de noviembre de 2007).

Por su parte, el secretario de Gobierno de Colima, Héctor Michel Camarena, aseguró ayer que seguirán las obras públicas de ese gobierno en las localidades de El Platanar y Las Pesadas, en la zona de conflicto, entre Minatitlán y Cuautitlán. «Las obras continuarán; nuestros elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima y la municipal de Minatitlán resguardarán las comunidades de El Platanar y Las Pesadas para defender nuestro territorio y evitar nuevas intromisiones, que solamente vienen a alterar la vida cotidiana de estas comunidades colimenses», aseguró.

En respuesta, Jalisco envió partidas de la policía preventiva. El gobernador Emilio González Márquez acusó al estado vecino de la nueva tensión.

«A mí no me gusta entrar en dimes y diretes, se me hace demasiado barato. Yo solamente quiero informar dos cosas. Primero, que en días pasados fuimos informados que autoridades de Colima estaban violando el acuerdo de no construir nada en la zona en conflicto; ellos están queriendo construir infraestructura, que les permita luego alegar que esos terrenos son de Colima. Ésa es la verdadera violación. Evidentemente, nosotros enviamos policía estatal, para impedir que se consumara esta violación», declaró.

También prometió respaldo jurídico a los líderes cihuatlenses que ayer evitaron sus aprehensiones, aunque reconoció no estar informado del caso.