Redacción VerdebanderaIsmael Zepeda denunció que el gobierno del estado les incumplió las promesas del pago de todas las tierras que fueron afectadas por la carretera.
Agustín del Castillo – Público
Una comisión de ejidatarios de La Cuesta, del municipio de Talpa de Allende, acudió ayer al Palacio del Gobierno del estado a demandar ayuda para la reinstalación de su sistema de agua, dañado desde 2005, durante la construcción de la carretera Talpa-Llano Grande por parte de constructoras privadas bajo contrato de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur).
La cita fue encabezada por el representante en Talpa del movimiento Antorcha Campesina, Fabián Hernández Martínez; los quejosos fueron recibidos por Alberto Cota Peña, director jurídico de Asuntos del Interior de la Secretaría General de Gobierno.
La denuncia fue que el manantial y el sistema que abastecían de agua a esa delegación municipal fueron destruidos durante la construcción, aún inconclusa, de la ruta Talpa-Llano Grande-Tomatlán, «sin que hasta el momento ninguna instancia de gobierno haya dado una solución adecuada a dicho problema, pese a que se han celebrado convenios con la Sedeur, y se han cumplido infinidad de visitas de funcionarios y promesas de políticos», destacó el dirigente.
Por ello, los afectados decidieron solicitar la intervención del gobernador Emilio González Márquez.
Por si fuera poco, «la lentitud para la terminación de la mencionada carretera está ocasionando severos daños ecológicos, pues gran cantidad de material de relleno ha sido arrastrado por las corrientes pluviales hacia los barrancos, los arroyos y campos de cultivo; de igual manera han sido dañadas importantes actividades económicas como la pesca, la agricultura y la ganadería».
En enero de 2006, Ismael Zepeda, ejidatario de La Cuesta y encargado de agua potable en la comunidad, denunció que el gobierno del estado les incumplió las promesas del pago de todas las tierras que fueron afectadas por la carretera, así como la reparación efectiva de su sistema de agua (Público, 16 de enero de 2007).
«Parece que lo que querían era simplemente que les firmáramos el derecho de vía, y por eso todas las promesas». La representación del gobierno se comprometió no sólo a adecuar sus instalaciones de agua potable, que traen desde un manantial ubicado cinco kilómetros adentro de la sierra, sino entregarles todas las maderas que fueran removidas con la apertura del trazo. Con nada cumplieron.
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