Para el 2008 las Áreas Naturales Protegidas del País tendrían de planta un inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y un funcionario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Lo anterior sería para hacer más ágil la aplicación de las sanciones ambientales, por un lado, y por otro la aplicación de programas de apoyo del Proárbol hacia las comunidades que están dentro de estas zonas del país.
Los dos puntos se incluyeron en las conclusiones de la reunión de Directores de Áreas Naturales Protegidas, que se clausuró este viernes en Guadalajara, los cuales se convirtieron en compromisos por Juan Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y José Cibrián Tovar, de la Comisión Nacional Forestal.
«Se ha trabajado muy de cerca con la Secretaría de Hacienda», indicó el titular de Semarnat, «se han logrado cambios muy positivos, se ha logrado el balance entre los sueldos, salarios de la Semarnat y sí vemos factible un inspector por cada Área Natural Protegida».
«Nos liberaría de muchísimos problemas porque ya el inspector podría levantar actas en ese momento y podría empezar ya con las actuaciones, es un asunto que tenemos que trabajar transversalmente».
¿En qué plazo puede hacerse realidad?, se le preguntó.
«Como depende totalmente de un esquema presupuestal pudiésemos trabajarlo durante este segundo semestre del año 2007 para empezar a impulsarlo fuertemente en el año 2008».
Ernesto Enkerlin, titular de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, (Conanp), señaló que este año quizá se empiece con inspectores de Profepa en 20 o 25 áreas protegidas, a los que la Comisión daría un vehículo y un espacio para que funcione como su oficina.
El titular de Conafor, José Cibrián, dijo que no aseguraba tener un funcionario por cada área protegida del País, que son 161, aunque prometió que en este sentido daría su mejor esfuerzo.
En las conclusiones de la reunión, y en la sesión de preguntas y respuestas se mencionaron dos estados donde hay una nula o escasa actuación para atacar las violaciones a las leyes ambientales.
Específicamente se señaló a los delegados de Profepa del estado de Hidalgo, Eugenio Bravo Quintanar, y de Quintana Roo, Guadalupe Márquez Flores, aunque también hubo quejas por la tibia actuación de la Secretaría de Marina para colaborar en la persecución de delitos ambientales en las zonas de litoral.
Uno de los acuerdos de la reunión alcanzados por la Conanp y la Procuraduría General de la República será la elaboración de mapas del delito ambiental para facilitar el combate a los ilícitos.
Con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, se buscará tener una agenda ambiental transversal, que por ahora es limitada, ya que la coordinación será vital para los programas de rescate de especies prioritarias como la vaquita marina, el jaguar y la tortuga marina.