Lydiette Carrión
Por: Lydiette Carrión (@lydicar) / Pie de Página
7 de agosto de 2019.- BACANUCHI, SONORA.- Ramón Aguirre Moiza era comisario ejidal de Bacanuchi en 2014, cuando ocurrió el desastre: 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado derramados por la mina Buenavista del Cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora.
Cuarenta millones de litros –el equivalente a 12 albercas olímpicas llenas– recorrieron más de 300 kilómetros y afectaron directamente siete municipios, hasta llegar a la presa El Molinito, en Hermosillo.
Aquel día, el 6 de agosto, Ramón Aguirre se hallaba fuera del pueblo, de visita con unos parientes, cuando un hermano le habló por teléfono:
–El agua viene mal.
Ramón regresó de inmediato. Usualmente el río era claro y limpio. Aquel día eran lodos cafés y naranjas. Los ejidatarios tomaron muestras a diversas alturas del caudal, se trasladaron a Hermosillo y de su dinero pagaron análisis de laboratorio.
El resultado fue “el esperado: agua envenenada de arsénico y metales pesados”, resume Aguirre. Estos son los únicos análisis completos que la comunidad de Bacanuchi tiene sobre la calidad del agua de su río. Aunque periódicamente vienen autoridades a medir la calidad del agua, jamás publican ni explican los resultados.
“Nunca hemos visto análisis completos”, refrenda Adalberto Vázquez López, el actual comisario, en entrevista aparte. “El Grupo México dice que no afectó, pero usted verá, no es así”.
El 6 de agosto de 2014, una presa de jales (así se les llama a las de deshechos mineros) derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el Río Tinajas, afluente de los ríos Bacanuchi y Sonora. Es el peor desastre en la historia de la minería en México
Edén deshonrado
En 2019 Ramón Aguirre ya no es comisariado ejidal de Bacanuchi. Cumplió 65 años. Ahora se dedica a su parcela; es el primer año que siembra después del derrame: un poco de maíz y alfalfa.
Bacanuchi está enclavado en un paisaje semidesértico. Pero el río obsequia tierras fértiles a lo largo de la ribera. Aquí, las parcelas son hermosas, el clima es húmedo y fresco, los árboles crecen a la orilla de los canales de riego; los cardos presumen su blanca flor entre los surcos.
Antes del derrame, los ejidatarios sembraban de todo: sandías, alfalfa, calabaza, milpa, frijol, sargazo. “Se vivía muy bien”, reconoce uno. Como toda zona fronteriza, los rancheros tienen vocación ganadera. Así que en Bacanuchi preparaban queso, leche y carne.
Después del 6 agosto de 2014, la cosecha de aquel año se tiró. Y en septiembre vino el remate: Minera México envió personal a levantar lo más obvio del derrame: las espumas naranjas. “Las colocaban en carretillas afuera de la ribera, para subirlos a camiones”, explica Aguirre.
En eso llegó la crecida. De esas que ocurren en los ríos del desierto: inesperadas y brutales. El río Bacanuchi se desbordó y arrojó sobre las parcelas todo el contenido de las carretillas.
“Los lodos llegaron hasta allá”, dice Aguirre, mientras señala el final de la parcela. Todo quedó sepultado en porquería.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) estimó al menos 2 mil 519 productores agropecuarios afectados, 5 mil 573 hectáreas agrícolas cultivadas dañadas y alrededor de 72 mil 755 cabezas de ganado bovino perjudicadas. Fuente: Poder.
Cosechas perdidas
Nadie sembró en Bacanuchi durante dos años. Y hasta la fecha algunas parcelas siguen abandonadas. “No sólo no se podía sembrar”, explica Aguirre. Nadie compraba. “Si era de Bacanuchi, nadie te compraba, decían que estaba contaminado”.
El hombre sigue recorriendo el río casi todos los días. Lo conoce de memoria. Por eso sabe que los árboles que se inundan cuando crece el río ya están muriendo. Ahora nos encontramos en un tramo así. El agua corre muy poco, cristalina. El enorme álamo que bebe a la orilla amarillea.
–El agua está clara. ¿Usted cree que ya está limpio el río?
–Claro que no. Los metales están en el fondo. Siguen ahí, y a veces, con las crecidas [del río], la lluvia, salen.
Según Procuraduría Federal de Protección al ambiente, Buenavista del Cobre incurrió en 55 irregularidades, fue negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos.
A pesar de ello, la dependencia impuso a Buenavista del Cobre una multa de apenas 23 millones de pesos, equivalente al 0.00016 % de los ingresos de la minera ese año. Fuente: Poder.
Consecuencias desconocidas
Este fenómeno lo explicarían más tarde algunos reporteros provenientes de Hermosillo que han cubierto el desastre desde el día uno. Los metales, que en masa se diseminaron por el río, se asentaron a lo largo del cauce. Algunos viajaron cientos kilómetros, cada vez más diluidos, hasta llegar a la presa el Molinillo, en Hermosillo.
El Molinillo fue clausurada para uso humano y continúa así. Hasta la fecha no se usa la presa para abastecer agua potable aunque la leyenda urbana asegura que cuando hace mucha falta las autoridades lo permiten. “Sólo usan agua somera, jamás del fondo de la presa”, dice con sorna un reportero.
Pero los metales se remueven y a veces afloran. Aguirre muestra su teléfono celular, un modelo viejito: muestra las fotografías borrosas. En una de ellas, los lodos naranjas se estancan en un brazo del río.
“Ésta la tomé en enero de este año. ¿Ve? Ahí sigue la porquería”.
El derrame de Grupo México afectó a más de 22 mil personas, en siete municipios en la cuenca del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.
Pero los daños podrían alcanzar hasta 1 millón de personas si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo. Fuente: “Cinco años de impunidad”, informe de prensa grupo Poder.
La comunidad languidece
De 2014 a la fecha, la población de Bacanuchi se redujo a la mitad. Solían vivir ahí unas 400 personas, entre ejidatarios y avecindados. Ahora son alrededor de 200. En vacaciones todavía se duplica la cantidad: muchos originarios que residen habitualmente en Arizona, Estados Unidos, regresan.
“Aquí se vivía bien”, repiten muchos. Lo dice el señor Aguirre en su milpa. Lo asevera Lourdes Quiñones mientras prepara la comida en su cocina. Todos la llaman Yuli. Originaria de Sinaloa, vino a Bacanuchi con su esposo e hijos hace ya 13 años.
Anahí, una de las hijas de Yuly, es maestra de preescolar. Pero el próximo ciclo, no se abrirá su salón porque ya no hay niños en la comunidad. De los cuatro niños que debían pasar a preescolar sólo se quedarán dos en la comunidad. Los demás se han ido con sus mamás al otro lado.
Garrafones infinitos
Yuli prepara un plato de cerdo y maíz en caldo de frijol, muy sabroso, al que llaman “gallina colorada”. La cocina es amplia y de techos bajos; una construcción modular prefabricada, popular en Bacanuchi y herencia de Arizona. La mujer guisa, prepara café y naranjada con agua de garrafón porque el agua de la llave está limitada a la ducha (a veces les da comezón) y el quehacer.
Traen garrafones desde Cananea, a dos horas de camino. “¡Es un gasto que no teníamos! Y llevamos así cinco años”.
En 2015, comenzó a operar la purificadora de Bacanuchi. Pero la gente no le tiene confianza porque, explican, el agua “a veces sabe a centavo”. En abril de este 2019, por medio de las gestiones de vecinos, un grupo de la Iglesia Católica se instaló en el centro de Bacanuchi una pequeña purificadora de agua. La gente debe introducir monedas para llenar sus garrafones.
El Fideicomiso de Grupo México entregó a las familias afectadas 15 mil 350 pesos para compra de agua mientras se establecían las 36 plantas potabilizadoras (sólo abrieron 3). A cinco años del derrame, las familias de la región siguen comprando garrafones. El promedio de gasto de una familia en garrafones rebasa los 51 mil pesos en estos cinco años. Fuente: Poder
Sin derecho a la salud
Antes de derrame, había un pequeño centro de salud, atendido por un pasante de medicina. Tras la tragedia, Grupo México prometió construir una pequeña clínica para dar seguimiento a los problemas que se presenten. Pero nunca la construyó. Y ya ni hay médico pasante en el centro de salud; está cerrado desde hace dos años.
La señora Nora muestra fotografías desde una memoria vieja: su hijo, que entonces tenía unos 6 años, con los ojos enrojecidos; otras más: las uñas de los pies destruidas. Por caminar por el río aquel 2014.
La cantidad destinada por el fideicomiso para atender las afectaciones en salud fue poca: casi 8 millones de pesos. Sólo el 10 % del total del rubro en salud. El 90 % restante (71 millones de pesos) se gastó en “Acciones de atención y seguimiento médico en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS)”. De acuerdo con habitantes de Bacanuchi estos seguimientos sólo hacen biometrías hemáticas. Jamás han conocido el nivel de metales pesados en su sangre. Fuente: Poder y testimonios in situ.
Fideicomiso: voracidad sin fin
El 15 de septiembre de 2014, Grupo México firmó el contrato Fideicomiso Río Sonora. Y ahí se comprometió a aportar dos mil millones de pesos, del que saldrían las potabilizadoras prometidas, los tinacos, una clínica y apoyos directos a los afectados.
De las 36 potabilizadoras pactadas en septiembre de 2014, sólo se construyeron tres. Pero sí que se compraron tinacos a los que no llega el agua. Esos tinacos fueron adquiridos en la empresa de un primo de Germán Larrea, presidente de Grupo México.
El Fideicomiso destinó casi 185 millones de pesos para la compra e instalación de 10 mil tinacos, para supuestamente almacenar agua que llegaría de las potabilizadoras prometidas.
Las potabilizadoras jamás se instalaron.
El dinero de los tinacos se distribuyó así:
➢ El Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora AC: 150 millones de pesos.
➢ El Colegio de Ingenieros Ambientales de México AC (institución fundada por Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Medio Ambiente y presidente del Comité Técnico del Fideicomiso): 28 millones de pesos.
La empresa Rotoplas, de Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea Mota Velasco: 5 millones 502 mil. Fuente: Poder
Reparación del daño a discreción
“Les dieron dinero a puros familiares de políticos”, explica un habitante de Bacanuchi. “A gente que tiene su rancho en la sierra, bien lejos de aquí”, reclama.
En efecto, en 2015, la periodista Shaila Rosagel documentó en Sin Embargo, que alcaldes panistas y priistas de varios municipios de la cuenca recibieron elevados montos por parte del Fideicomiso.
Algunos, 100 mil pesos, otros 200 mil. Juanita Barrios, esposa del alcalde de Banamichi, casi un millón de pesos. Quizá no parezcan montos exagerados. “Pero a la gente más afectada les dieron a lo mucho 20 mil pesos”, explica otro habitante de Bacanuchi.
Otros beneficiarios “destacados” por el fideicomiso fueron el hermano y los primos del político priista Alfonso Elías Serrano, quienes en conjunto recibieron un millón de pesos, documenta Rosagel.
No se perforaron los 63 pozos prometidos, pero sí se gastaron 32 millones de pesos en publicidad. “Parte de este dinero fue para proyectar spots sobre la supuesta remediación del río en Cinemex, que es parte de Grupo México”. Fuente: Poder.
El nuevo monstruo
Ninguna investigación ha revisado el daño por exposición y acumulación de metales en el cuerpo de personas y animales en la cuenca.
La organización no gubernamental Poder ha dado seguimiento al derrame desde el inicio. Apuesta por la autogestión, y ha buscado que los pobladores se organicen. Actualmente, los habitantes de los pueblos afectados están coordinados en 12 comités en seis municipios.
Uno de estos comités es el de Bacanuchi, que actualmente batalla contra un nuevo monstruo.
El histórico derrame ocurrió en agosto de 2014. En 2015, una nueva presa de desechos tóxicos 100 veces más grande arrancó operaciones. Ninguna autoridad detuvo el proyecto, y nadie informó a las comunidades que pueden ser afectadas.
Los caminos privados de Grupo México
El camino rumbo a Bacanuchi es de tierra y queda inservible en temporada de lluvias. La ciudad más cercana es Cananea; antes les quedaba a hora y media de distancia. Grupo México los despojó del camino. Alegó que era “propiedad privada” y ahora es utilizado para los trabajos de la nueva presa de jales. A Bacanuchi les dieron otra ruta. Ahora hacen hasta dos horas y media a Cananea.
Bajamos de las camionetas a un lado del camino, poco antes de entrar a “propiedad privada”. Esas tierras pertenecían al ejido 16 de septiembre. Por presiones y engaños vendieron. María Elena Bustamante señala la muralla de la presa: una monstruosidad que recuerda el muro del norte, de la serie Game of Thrones. María Elena señala: “Nos empezamos a dar cuenta de que construían la presa porque pasábamos por aquí”, explica. La mujer llora: es un monstruo. Si eso se derrama, se acaba Bacanuchi.
La mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, opera desde hace tres años una enorme presa de desechos tóxicos 100 veces más grande que la derramada en 2014, cuando generó el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México en el Río Sonora.
A la comunidad jamás se le informó nada. Se enteraron cuando la vieron operar, y porque les quitaron el camino. Así que con asesoría de Poder, interpusieron un amparo en 2015. El año pasado llegó hasta la Suprema Corte, quien determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debió respetar el derecho de los pobladores a participar y decidir si estaban de acuerdo con la ampliación de una presa de jales.
Batalla legal
Las comunidades afectadas por Buenavista han interpuesto:
13 demandas por el derrame de 2014.
1 por la presa construida en 2015.
8 por las Zonas de Desarrollo Económico.
3 amparos ya no procedieron.
4 se encuentran en la SCJN.
Daño acumulado
Ninguna investigación ha revisado el daño por exposición y acumulación de metales en el cuerpo de personas y animales en la cuenca. Y los derrames en Río Sonora existen desde que la zona es minera.
Juan Manuel Silva Rodríguez, en su ensayo “100 años de contaminación de la minería en ríos de Sonora 1908-2014”, explica que si bien el derrame de 2014 es considerado el peor desastre causado por la minería en un siglo, no es de lejos el único. Por el contrario, la contaminación del Río Sonora ha sido continua desde al menos 100 años.
Él explica cómo desde los años 1650 se explotaban minas a lo largo del Río Sonora. Y ya para el siglo XX, queda asentado cómo la mayor parte de las solicitudes de explotación de minas se concentra en la cuenca.
Pero hasta 1917 hay normas para prevenir la contaminación. Antes, los derrames de presas de jales no “eran nota” (esta expresión es mía).
El investigador narra cómo es que desde esos años hay registros de agricultores que presentan quejas ante el gobernador porque las minas estropean sus tierras debido al derrame de “jales” en el agua, que inundan sus campos.
Redacción
Agustín del Castillo