Redacción Verdebandera
San Juan Tecomatlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
La comunidad indígena de San Juan Tecomatlán, ocupada en las negociaciones con dos centenas de particulares mexicanos y extranjeros que se han asentado de forma ilegal en su superficie, lindante con el lago de Chapala, ya se dio tiempo de rechazar una primera oferta del gobierno del estado para adquirir 700 hectáreas de su patrimonio, donde planea construir una Ciudad de la Salud.
«Nos ofrecían muy poco: 20 pesos por metro en terreno para construir y ocho pesos en terreno abierto, lo cual está muy lejos de los valores verdaderos de la zona; les dijimos además que sólo aceptamos una sociedad, es la lección de lo que nos ha sucedido los últimos años con los avecindados», advierte el presidente del comisariado de bienes comunales, Jesús Castellanos Sánchez.
Por su parte, el director de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Ramón Longoria Cervantes, aclara que no se trata de una negociación cerrada, y que en realidad, no se ha hecho siquiera una propuesta formal. Ese es el primer paso para formalizar un proyecto denominado «Ciudad de la Salud», que data de casi diez años atrás, y en el que intervienen otras áreas del Ejecutivo.
«Se está trabajando con la comunidad para sacar adelante una expropiación convenida, pero la idea es que se genere una sociedad con ellos para que se beneficien con el proyecto», subraya el funcionario.
Esto, debido a que el régimen comunal de la tierra no es considerado seguro para inversionistas, que requieren superficie de dominio pleno, es decir, propiedad privada. Lo que el gobierno del estado ya detenta en la comunidad es un predio de nueve hectáreas donde se pretende desarrollar un proyecto de centro de alta tecnología (software), para lo cual se tiene en trámite la expropiación. «Ya se entregó en ese caso un adelanto económico a la asamblea», admite Longoria. Eso era importante para que los comuneros vieran la seriedad de la propuesta, y no reproducir viejos expedientes en que se hacen primero las obras y muchos años después se pagan las indemnizaciones.
Otra opción que se maneja dentro de la negociación es crear una inmobiliaria comunal, que permita a los campesinos aprovechar el creciente valor de sus terrenos en este presionado mercado de Chapala.
En cuanto a la Ciudad de la Salud, fuentes del gobierno del estado consultadas por Público aseguran que se compraría alguna superficie a los comuneros para capitalizarlos, y que en la expropiación de todo el predio se cambiaría el régimen territorial justamente a propiedad privada. La comunidad indígena participaría como socia del proyecto —pues aportaría la superficie no indemnizada— y recibiría el beneficio proporcional en las ganancias que genere el proyecto, y no sólo los empleos de dudosa calidad que tradicionalmente se ofrecen como «beneficios del progreso».
¿Por qué se requiere convertir la propiedad? Porque la tierra comunal es inalienable (no puede venderse) e inembargable (no puede ser sujeto de embargo en un juicio), según el artículo 27 constitucional. Estas condiciones impiden la posibilidad de ofrecerla en garantía de los créditos cuantiosos que exigirá una inversión de esa envergadura, que fue concebida como un esquema de servicio para la vasta comunidad extranjera que habita la ribera de Chapala, buena parte de la cual se encuentra en la tercera edad y es usuaria habitual de esta clase de servicios.
La pretensión es ofrecer atención de calidad para los residentes del lago, de manera que no deban trasladarse a Guadalajara, y generen una derrama económica interesante en la propia zona donde habitan.
Lo cierto es que la experiencia de las comunidades y ejidos cuando se dan grandes proyectos de desarrollo o infraestructura suele ser en México, muy parecida: se les adquiere la tierra a costos de predio rústico, pero normalmente pagada en corto tiempo, y los campesinos terminan, unos, como empleados de los desarrolladores; otros, desplazados de sus lugares de origen. Ese retrato lo tienen claro en San Juan Tecomatlán.
El líder comunal insiste: «Teníamos pensado en caso de que nos llegara alguna empresa asociarnos con ellos; nosotros ponemos la tierra y ellos ponen la infraestructura. Vino el gobierno del estado, nos pidió comprar 700 hectáreas, pero nos viene a pagar un precio irrisorio, ocho pesos en donde no se puede construir, y 20 en donde sí se pueda. Eso fue apenas hace un mes. Nosotros le entramos pero como socios, ellos ya lo saben. No han regresado a hacer una nueva oferta; deben saber que no queremos que nos llegue el dinero de golpe por la tierra; queremos un proyecto que nos rinda a futuro».
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La idea de un decenio
Sergio García de Alba, secretario de Promoción Económica durante la Administración estatal 1995-2001, fue el que concibió el proyecto de Ciudad de la Salud en la ribera oriente del lago de Chapala, como un motor de desarrollo hacia el área indígena, tradicionalmente marginada, en contraste con los municipios de Chapala y Jocotepec.
En la misma lógica se encuentra la apertura de la carretera, que fue abierta a la circulación entre 1999 y 2000, justamente para facilitar la llegada de inversiones. Y las inversiones llegaron, pero de modo desordenado y con desventajas para los dueños originales de esas tierras. Es por eso que se han frenado los desarrollos. San Juan Tecomatlán negocia mejores condiciones, mientras Mezcala se cierra totalmente a comprometer sus tierras.
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Destaca que ello ha sido posible por la apertura mostrada por la asamblea de comuneros, consciente de la necesidad de regularizar la ocupación de sus vecinos, así como por la aceptación de estos en pagar una indemnización justa por haber construido sobre patrimonio comunal. Hay además una «gran respuesta» del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del distrito 16, con sede en Guadalajara, Agustín Hernández González, quien no ha dejado de subrayar la necesidad de conciliar los intereses de las partes.
El pasado sábado 21 de marzo, se celebró la última asamblea de la comunidad. Allí se aprobó finiquitar cinco nuevos convenios, con los cuales se llega a 26. Trece han sido sentenciados por el magistrado responsable, y trece más están en la fase previa. Son 26 particulares que han aceptado pagar indemnización. «Tratamos los asuntos casos por caso, depende esto de la persona, la calidad y cantidad de terreno que posee, y cómo lo adquirió», añade la representante jurídica.
Un ejemplo de ese procedimiento se refleja en la escritura 3,875 del notario público número 1 de Poncitlán, Carlos Alberto González González, en la que se protocolizan las actas de asamblea de los días 6 y 21 de febrero de este año, para regularizar lotes del desarrollo Huerta de Tlachichilco, según copia en poder de este diario.
En esas actas se aprobaron los convenios de Aline Marie Antoi-nette Miller Ivonne, quien para regularizar los lotes 17 y 21 aceptó pagar 91,766 pesos; de Érika Gertraud Behmke y Werner August Michael Behmke, quienes pagan 72,381 pesos por el lote 23; de John Allan Hunter y Janice Marylin Lichtfield de Hunter, a quienes no se cobra nada por el lote 28, «en virtud de los muchos apoyos que ellos han dado a la comunidad y sus comuneros» (Público, 23 de marzo de 2009); de Justus Hauser Hollatz, quien paga 120 mil pesos por el predio rústico denominado El Zalate; de Helen Louise Nees y Ronald William Jones, que pagan 55 mil pesos por el lote 10; finalmente, el convenio de María de la Luz García Ríos, viuda de Tejeda, e hijos, quienes pagan 120 mil pesos como contraprestación por el predio llamado El Copalito.
Marielena Navarro señala que ese esquema es justo y permite seguridad en la tenencia de los poseedores, y paz con la comunidad. «Estamos totalmente abiertos a acuerdos pacíficos, siempre y cuando reconozcan que nos deben una pequeña indemnización», advierte por su parte Juan Manuel Muñoz, miembro de la comisión de Tlachichilco para negociar estos diferendos.
El gobierno, responsable
Entre 1977 y 2002, cuando se llevó el proceso de reconocimiento comunal, se generaron diversas escrituras privadas, cuyo valor legal es nulo, pero han permitido la especulación con la tierra.
Uno de los actores que contribuyó al enrarecimiento de las cosas fue el propio gobierno estatal, que con su programa de regularización de predios rústicos, emitió escrituras sobre superficie comunal. Ahora reconoce que se trata de actos «nulos de pleno derecho», pues el derecho de las comunidades indígenas no prescribe, y es anterior en tiempo a cualquier enajenación realizada desde la promulgación de las Leyes de Reforma, a mediados del siglo XIX (dado que data de las Leyes de Indias de la época colonial).
Un ejemplo de esos abusos se ve en la escritura de compraventa 32,833, emitida por el notario público 1 de Chapala, Antonio Basalto Ruiz, donde una mexicana, Sabrina Razo Camarena, le vende a una extranjera, Aline Miller (mencionada en el convenio reseñado en este texto) una propiedad de Tlachichilco, sin advertirse la procedencia comunal de los terrenos.
«La parte vendedora adquirió la totalidad del inmueble […] mediante resolución emitida por el gobernador constitucional a través del Comité Interinstitucional para la Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad en el estado de Jalisco, de fecha 19 de noviembre de 1999», señala el documento.
En esto «se abusó de la buena fe del gobierno», se defiende un funcionario estatal. Lo cierto es que sólo contribuyó a crecer un problema donde los compradores finales y la comunidad son las víctimas. De los intermediarios, ni sus luces.
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CLAVES
Los convenios logrados
Ya tienen sentencia judicial, y por lo tanto, se reconocen como predios de pequeña propiedad, los correspondientes a los siguientes expedientes llevados ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16: 616/2006, 657/2006, 735/2006; 307/2007, 310/2007, 315/2007, 317/07, 470/2007, 527/2007, 585/2007, 602/2007, 261/2008 y 315/2008
Ya acordados y pagados a la asamblea de comuneros, y pendientes de sentencia, los siguientes trece expedientes: 471/2007, 614/2007; 162/2008, 206/2008, 288/2008, 306/2008, 308/2008, 309/2008, 311/2008, 312/2008, 313/2008, 402/2008 y 637/2008
Hay todavía, sin embargo, otros 177 juicios por exclusión, todos demandados por los posesionarios de los terrenos, lo que revela que el universo de irregularidad continúa siendo mayor de lo ya conveniado y regularizado
En San Juan Tecomatlán hay 1,946 hectáreas tituladas a favor de 479 comuneros. Sus derechos datan de la época colonial, y solicitaron su reconocimiento en el año 1977, pero la obtuvieron hasta 1997. Como esa resolución los dejó con 300 hectáreas menos, interpusieron un amparo indirecto; la autoridad agraria corrigió la superficie en noviembre de 2002
