Redacción Verdebandera
Ahuacapán, Autlán • Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Tomás Zamora López y Aurelio López Garibay encabezan al grupo de presuntos propietarios, —en su mayor parte, moradores de Ahuacapán, al pie de la sierra de Manantlán— que obtuvieron del juez segundo civil de Autlán una sentencia favorable de usucapión o prescripción positiva, que les reconoce la propiedad de casi 2,580 hectáreas que están en posesión de terceros en la sierra. Entre esos predios, el de la estación científica de Las Joyas, de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Sin embargo, al abordar el asunto con Público, los dos alzan los ojos con indignación: aseguran no querer el pleito con la casa de estudios y el gobierno del estado, y por el contrario, se dicen víctimas de una campaña de linchamiento y «mentiras».
Sus argumentos: la escritura que sustenta sus derechos deriva de una compra real hecha a un personaje famoso, Rodolfo Longinos Vázquez, de pasado maderero, quien es señalado por sus críticos de haber «pelado» la sierra.
«Ese señor todavía vive, en Guadalajara; se enjuició contra Manuel Valencia Castillo, que era hijo del mero dueño de la hacienda Ahuacapán, y le ganaron el juicio […] entonces, el señor Vázquez se molestó y le dijo: cuánto vale tu propiedad; pos vale tanto, le dice Manuel; y le compró las tierras», explica don Tomás.
—¿En qué año fue eso?
—Fue en 1955; el señor Vázquez le compró toda la sociedad, escritura con historial completo, y así los Valencia se quedaron sin nada […] todavía no habían desglosado lo que había agarrado [Secretaría de Reforma Agraria] para el pueblo de Ahuacapán, Barranca de la Naranjera y Cuzalapa; después de restarle, le quedaron 2,580 y tantas hectáreas, entonces nosotros solicitamos ahí por tierras ociosas, y nos dieron chance que nos metiéramos, hicimos casas y al último nos quemaron todo.
—¿Quién se las quemó?
—El gobierno, subieron unos rurales por parte de los Valencia, aunque no tenían ya derechos. Fue hace como 30 años, total que nosotros anduvimos peleando porque sabíamos que ellos ya no tenían nada […] fuimos a Guadalajara, fuimos al Departamento Agrario, nos hicieron un vaciado y quedaron únicamente lo que le restaba a Vázquez, entonces buscamos a Vázquez y le compramos en 1986; fuimos a México, y publicamos en el Registro Agrario Nacional también.
—Pero en 1986 el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo le compra a los Valencia precisamente la zona de Las Joyas.
—Exactamente, pero nosotros fuimos y solicitamos y ellos no tenían nada, los Valencia de dónde le vendían si ya habían vendido todo.
—¿Recuerda cuánto le pagaron a Longinos Vázquez?
—Ya no me acuerdo bien, pero tenemos las escrituras, bien hechas aquí o en Rusia, como nos dijo el notario…
—Pero las escrituras de ustedes, hay documentos que lo prueban, fueron canceladas por un juez en Ameca, hace 20 años…
—No, no están canceladas; se llevaron el cuadernillo a Ameca y allá el juez mandó en su acto tres informes a Autlán para que cancelaran las escrituras, y le contestaban que ‘no ha lugar’, y todavía aparece esto; tenemos 80 años pagando los impuestos…
—Ustedes van al Juzgado Segundo de lo Civil de Autlán en 2006 y reclaman la prescripción, bajo el supuesto de que tienen la posesión…
—Sí.
—¿Cómo se pudo demostrar la posesión si ahí la Universidad tiene instalaciones y alambrado y todo?
—Es que ni uno mismo lo entiende [sic], nomás se metieron ahí, fuimos una vez con un notario público, el notario anotó ahí, se hicieron tarugos, no nos atendieron…
—¿Pero cómo se puede acreditar una posesión pacífica, pública y de buena fe si allí hay un tercero que es la UdeG, que está en posesión?
—Pos sí, pero es una cosa que nomás se metieron ahí, y a nosotros nunca nos hicieron justicia…
No salen de esa explicación circular. Les dieron la prescripción porque tenían la posesión; sin embargo, «se les metieron allí», al predio, y queda sin explicación la prescripción.
—¿Les tienen invadidas a ustedes las posesiones?
—Sí, están invadidas unas partes.
Otras dudas
Más interrogantes: ¿despojaron al gobierno? «Ora nos están demandando, que les dijimos que nos desocuparan inmediatamente y que los fuimos a rondar [al centro universitario], y son puras mentiras, nunca los hemos molestado ni queríamos que se salieran; queríamos que nos tomaran en cuenta».
—¿Le dieron dinero al juez para que saliera la sentencia favorable?
—No, cómo lo que íbamos a dar dinero, de dónde, si no tenemos; ni al licenciado le íbamos a pagar, le íbamos a dar un 10 por ciento de lo rescatado.
—¿Exigieron al rector del centro que se desalojara Las Joyas?
—No, fuimos allí a ver si nos daban alguna ayuda, no para quererlos sacar […] que nos diera chance de prestarnos una llave para dar una vuelta a todo, y no, nada, que eso no se puede, nada de una llave, nada, y está bien, no se puede, y hasta ahí…
Don Tomás y don Aurelio dicen que nunca pensaron que al mover el asunto, saldría «un avispero». Dudan que la protección «de la biosfera» sea real, «pues salen muchos camiones con madera, cómo pues». Son hombres de bien, no vividores, añaden.
—¿Qué es lo que buscan?
—Que nos reconozcan los derechos […] las leyes son para el que tiene centavos y nosotros no tenemos, entonces, buscamos tener un acercamiento, vamos a llegar a un acuerdo y que nos indemnicen algo por así decir, que no nos dejen desprotegidos…
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Claves
El juicio
• La prescripción positiva o usucapión es un juicio civil que entrega al posesionario la propiedad de un predio siempre que éste lo haya detentado «de forma pacífica, pública, de buena fe y a título de dueño» por un periodo determinado
• En el caso del juicio 749/2006 de usucapión, la obtuvieron Tomás Zamora López, Aurelio López Garibay, Esthela Montaño Panduro, Amelia Quiñones Rodríguez, Telésforo Zamora L., Ofelia Álvarez Z., Fausto Zamora Q., Jorge Zamora Q., Feliciano Zamora L., Concepción Chagolla C., Valente Zamora L., Rosario Martínez G., Francisco López G., Ana María Rodríguez C., José López T., Librado Garibay Z., Salvador Corona y Moisés Oregel C.
• Las Joyas se localiza en Autlán, con una extensión de 1,245.92 hectáreas; sus respectivas medidas y linderos constan en las escrituras públicas número 7,183, 7,184 y 7,185, del día 30 de julio de 1984, pasadas ante la fe del notario público número 15, Alejandro Navarro Flores, a favor del gobierno de Jalisco
