Huicholes de Santa Catarina denuncian actuación de Profepa

Las autoridades de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), Mezquitic, denunciaron la ilegalidad en el levantamiento de dos clausuras a la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en territorios comunales, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

«Manifestamos de manera formal nuestra oposición al levantamiento de las clausuras impuestas a las obras y actividades que se han llevado a cabo sin autorización de cambio de uso de suelo forestal, particularmente aquellas que se encuentran en los terrenos en posesión y bajo régimen de propiedad de nuestra comunidad. Solicitamos respetuosamente la aplicación estricta de la ley y la resolución de los procedimientos sancionatorios [sic] con clausura total definitiva», señalaron en un escrito entregado a la Profepa en oficinas centrales, en la delegación Jalisco, y otras entidades.

«Como es de su conocimiento y se acredita con el comunicado de acceso a la información pública de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, Folio 1600040808, de fecha 18 de Febrero del año 2008, en la actualidad no existe autorización alguna que corresponda al cambio de uso de suelo forestal relativo al Proyecto Carretero citado. Por lo que las obras citadas son completamente ilegales y delictivas», advierten.

El proyecto «no cuenta ni podrá contar con las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal, dado a que los únicos y legítimos propietarios y poseedores de las tierras en las que se pretende desarrollar el proyecto referido somos las autoridades de la Comunidad Huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán y no el gobierno de Jalisco».

Es decir, los artículos 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 120 de su reglamento, establecen que una autorización de ese tipo sólo puede darse «a quien presente original y copia certificada del título de propiedad inscrito en el registro público que corresponda, o en su caso, del documento que acredite la posesión o derecho a realizar las actividades que impliquen el cambio de uso de suelo en terrenos forestales», presupuesto que no se cumple en ese asunto. La comunidad no ha otorgado anuencias, y rompió relaciones con el gobierno tras acusarlo de falsificar su acta de asamblea (Público, 16 y 20 de febrero de 2008), lo que es investigado en la averiguación previa 1949/UEIDAPLE/DA/27/2008, seguida ante la PGR.