Redacción VerdebanderaPara el destituido juez segundo de lo civil de Autlán, José Guadalupe Lomelí González, su caso fue aprovechado por el consejero de la Judicatura con licencia, Enrique Villanueva, quien mintió intencionalmente para ganar «una nota de ocho» y favorecer su precandidatura por Zapopan
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Para el destituido juez segundo de lo civil de Autlán, José Guadalupe Lomelí González, su caso fue aprovechado por el consejero de la Judicatura con licencia, Enrique Villanueva, para sacar «notas de ocho columnas» en los medios de comunicación, una publicidad conveniente a su anuncio de que buscará la candidatura del PRI por Zapopan.
Pero lo cierto es que jamás fue cesado por alguna queja relacionada con el procedimiento 749/2006, que resolvió la prescripción positiva relacionada con los terrenos de la estación científica de Las Joyas, en Manantlán, desde julio de 2008. Su cese es por un asunto anterior, que data de 2002. Que siete años después venga a resolverse, lo llena de suspicacias.
Primero, no hay queja en la Judicatura por el caso Manantlán, sencillamente porque los que pueden inconformarse son los que se presentaron en el juicio, y ni la UdeG ni el gobierno del estado fueron llamados. El Registro Público de la Propiedad (RPP), que sí fue llamado y que tenía en sus manos resolver esa omisión, quedó en «rebeldía», es decir, ni siquiera compareció, lo que imposibilitó resolver la falta.
Segundo: ni los ganadores del proceso, un grupo de presuntos posesionarios del poblado de Ahuacapán; ni sus contrapartes, el RPP, o el Catastro de Autlán, presentaron queja. Entonces, no hay manera de generar un procedimiento.
Lomelí González exhibe la verdadera resolución en la que se funda su cese, que le fue notificada el viernes 23 de septiembre, con extraña oportunidad, advierte, de ofrecer su cabeza a la opinión pública como presunto responsable del entuerto judicial de Manantlán.
«El cese se vino a consecuencia de un caso penal en Zapotlanejo; se detectó que yo no había dado cumplimiento a un ordenamiento legal en el cual una persona que se pone a disposición del tribunal, aun disfrutando de libertad provisional bajo caución, debe citarse con el fin de tomar su declaración preparatoria; a quien corresponde dar cuenta al juez tanto de las promociones como del procedimiento es al secretario, y no lo hizo; yo no tuve al alcance los elementos para exigir que se señalara fecha pronta [para la compareciencia] como lo señala la ley», explica.
El juzgador considera que no tiene responsabilidad, y advierte que se defenderá.
Su carrera arrancó en 1965 como actuario. Su primer nombramiento, como juez familiar de Ciudad Guzmán, fue en 1984; luego pasó por Chapala, Cocula, Tequila, Zapotlanejo, Zacoalco, San Gabriel, y hace menos de dos años, a Autlán. El común denominador: mucho trabajo y pocos recursos para resolverlo.
