Redacción Verdebandera
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
El destituido juez segundo civil de Autlán de Navarro, José Guadalupe Lomelí González, se considera un chivo expiatorio en el caso Las Joyas.
Luego de que trascendió que fue cesado por su presunta mala actuación en este tema, se defiende: en el juicio de prescripción positiva 749/2006, cuya sentencia equivale a despojar al gobierno del estado del predio de la estación científica, su resolución fue apegada a lo que contenía el expediente, en el cual ni el Registro Público de la Propiedad ni el Catastro, llamados al juicio, le advirtieron de anomalías.
Tampoco estuvo personalmente en la inspección ocular que se realizó para verificar que los demandantes estuvieran en posesión real del predio a prescribir, por lo que careció de elementos para fallar de otro modo. Sus ojos y oídos, en ese asunto, fueron los de su secretario de juzgado, Sebastián Vázquez Hernández, pieza clave para saber qué pasó en este proceso, cuyas irregularidades han trascendido las fronteras de Jalisco y lo hacen emblemático de las carencias y los vicios que arrastra la administración de justicia local. Esta es parte de la conversación que sostuvo con Público.
—¿Su cese como juez deriva de este escándalo?
—No, es falso, completamente. Mi cese vino por un procedimiento penal que se siguió en el año 2002, estando yo de juez en Zapotlanejo, pero no en relación con los terrenos de la reserva de la biosfera […] Ya estoy preparando mi defensa contra esa sanción, que considero injusta y que daña mi buen nombre.
—Usted llegó hace dos años a Autlán, ¿ya estaba en marcha el procedimiento de prescripción?
—Ya se encontraba radicado, yo simplemente llegué a darle continuidad; me correspondió el desahogo de pruebas, y dictar la sentencia.
—¿Fue visitado por la parte demandante, recibió presiones, tuvo algún tipo de elemento raro que le hicieran pensar que este proceso estaba trucado…?
—En lo absoluto; al juez únicamente llegan las personas para preguntar en qué fecha puede dictarse una sentencia […] Yo no tuve presiones de ninguna clase, yo no conozco a las partes […] Eso de decir que me ofrecieron una dádiva, ni en lo más absoluto, porque desde el año pasado yo hice el movimiento de mi jubilación y no me convenía meterme en un problema, y menos de esta clase.
En los juicios, el secretario es primordial: «Es quien recibe los escritos de las partes, es el que desahoga las pruebas, y es el que conoce quiénes fueron las personas que comparecieron aquí a declarar».
En este asunto, «a mí se me exhibe un título de propiedad; aun cuando fuera copia certificada, existe un sello de un fedatario, como es el notario, y el juez, mientras no tenga ningún elemento de prueba que lo haga presumir que es falso, tiene que concederle el valor […] También me presentaron documentos que acreditaban que estuvieron pagando impuestos; se me ofrecieron unas pruebas testimoniales y se me ofreció una inspección judicial, que corrió a cargo del secretario con apoyo en los testigos».
Ante esa evidencia y, además, el dato relevante de que nunca compareció un demandado, el Registro Público de la Propiedad —que hubiera podido advertir que se trataba de una acción fraudulenta—, «yo lo único que hice fue sujetarme a derecho; a mí la ley me obliga a resolver todos los juicios conforme a las pruebas exhibidas».
—En la inspección ocular, ¿el secretario nunca dice que hay terrenos cercados, letreros o presencia de gente de la UdeG en Las Joyas?
—Nada, en lo más absoluto; simplemente se dio fe del inmueble, que existía, que estaba en posesión y hasta ahí, nada más.
El 23 de enero de 2009, José Guadalupe Lomelí González fue cesado como juez. «En la mañana estuve como expositor en la escuela judicial del consejo exponiendo sobre el derecho de familia […] como a las 6:40 de la tarde se me comunica mi cese…».
Aclara que su sentencia sobre Manantlán se limita a legalizar hechos; por lo tanto, no procede pedir fuerza pública para tomar una posesión, pues se supone que ya se tiene.
—¿Lo están culpando de un asunto que no estaba en sus manos controlar?
—Así es; aquí se me está haciendo responsable de algo en lo cual al titular de este tribunal lo engañaron posiblemente; yo no puedo afirmar nada, sé por los medios de comunicación que esas escrituras se habían declarado nulas, pero a mí nunca se me probó esa circunstancia. Se dice que yo despojé, que quité terrenos, y yo no le he quitado nada a nadie […] Resolví conforme a mi capacidad jurídica y a derecho, valorando las pruebas que se me exhibieron, y no podía ir más allá.
José Guadalupe Lomelí González está por cumplir 70 años de edad; 26 de ellos se ha desempeñado como juez del fuero común en Jalisco.
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El interdicto erróneo
La primera reacción de la Universidad de Guadalajara, al conocer, con seis meses de retraso, la sentencia del juicio de usucapión que reconocía a un grupo de particulares como dueños legítimos de casi 2,600 hectáreas de la sierra de Manantlán, lo que afectaba 900 ha de la estación científica de Las Joyas, fue interponer un juicio de interdicción ante el juzgado civil de turno, en Autlán.
Jurídicamente es absurdo, opinan abogados de la propia casa de estudios. «Un juicio de este tipo es para retener la posesión, y nunca ha habido amenaza de perderla, pues el alcance de la sentencia no tiene fines restitutorios; es decir, reconoce una posesión y no tiene sentido ejecutar con fuerza pública, pues el terreno está ya en tus manos, sólo legalizas el dominio», señaló un profesor.
La UdeG es comodataria del predio Las Joyas, adquirido por el gobierno de Jalisco en 1984. El trámite correcto es el amparo por no haber sido llamada, junto con el propietario legítimo (gobierno del estado, en este caso) a juicio. Pero una amenaza real de que el juzgado ordene a la policía entrar a Las Joyas y asentar en ella a los ganadores del juicio, está fuera del alcance de este juicio de prescripción.
Guadalajara. AC
