Sergio Hernández
Por: Sergio Hernández Márquez (@sergio2hm)
16 de diciembre de 2019.- En el mundo civilizado los proyectos grandes y pequeños primero se analizan en su impacto ambiental y luego se aprueban o rechazan. En México la cosa va de cabeza.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que en enero iniciarán las licitaciones del Tren Maya, el proyecto que va por Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, entre áreas naturales protegidas y zonas de alta presencia de vestigios arqueológicos, sin que hasta ahora exista un Estudio de Impacto Ambiental.
«La primera semana de enero ya se lanza la licitación en los tramos donde ya existe ingeniería básica, estamos hablando de alrededor de 800 kilómetros que van a empezar. Es al mismo tiempo un llamado a las empresas para que se vayan preparando», dijo el presidente López Obrador en su rueda de prensa matutina.
El primer tramo a licitar va de Palenque, en Chiapas, a Valladolid, en Yucatán, con una extensión cercana a 800 kilómetros, de acuerdo al titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.
De la Manifestación de Impacto Ambiental no se habla porque no existe, y será más adelante cuando se elabore. Esto es, por ahora no hay quien conozca como afectará en las selvas de la Península de Yucatán, si será grave o no la fragmentación de ecosistemas, y la magnitud de los cambios de uso de suelo por los nuevos centros de población a lo largo de la ruta.
Este sábado y domingo se llevaron a cabo las votaciones en las comunidades para recoger el aval de la obra y por eso se habló del tema en la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.
En el informe de las consultas entregado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los resultados fueron contundentes. Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, dijo que se emitieron 100 mil 940 opiniones, 92.3 por ciento a favor del Tren Maya y 7.4 por ciento que no.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, asistió ayer a una asamblea, en Cobá. Quintana Roo, donde dijo al dairio La Jornada que comunidades y miembros de la sociedad en general “quieren tener acceso a beneficios pero también hay reclamos, no quieren que se repita lo mismo, si se repite el esquema de Cancún y la Riviera Maya en donde al final los beneficiados son los grandes corporativos turísticos y hoteles extranjeros, eso no se quiere repetir”.
Reconoció que no se cuenta con estudios de impacto ambiental, todavía, pero que hay un “serio compromiso” con la naturaleza en este proyecto.
En los resultados oficiales se menciona además que participaron alrededor de 10 mil autoridades y representantes de mil 78 comunidades indígenas, o sea 75 por ciento de un total mil 440 comunidades indígenas convocadas.
“Hay un consenso generalizado de apoyar la construcción y la implementación del Programa de Desarrollo Tren Maya”, comentó el director general del INPI en la rueda de prensa, entregando al Presidente Andrés Manuel López Obrador las actas de las 15 Asambleas Regionales Informativas y de las 15 Asambleas Regionales Consultivas donde participaron pueblos maya, tseltal, ch’ol y tsotsil.
El funcionario federal aclaró que el aval lleva consigo acuerdos de los pueblos para ser partícipes del proyecto y sean atendidas sus demandas y exigencias en materia de desarrollo y de infraestructura básica, tenencia de la tierra y la protección de su patrimonio natural, cultural e intelectual.
Cada una de las asambleas se ha constituido una Comisión de Seguimiento y Verificación, conformada por hombres y mujeres de las autoridades indígenas participantes, la cual tendrá como propósito dar continuidad a cada uno de los acuerdos que se establecen en las actas.
Jaguares en peligro
Entre las preocupaciones más grandes de este proyecto está la afectación que podría sufrir la población de jaguares del país ya que en la Península de Yucatán es donde más habitan.
A lo largo del año han habido una serie de acercamientos entre expertos como Gerardo Ceballos, de la Alianza Mexicana para la Conservación del Jaguar, con el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.
Gerardo Ceballos comentó en julio a Verdebandera que el Tren Maya no es todavía un problema, que puede serlo si no se hace bien las cosas, y que incluso es una buena oportunidad de hacer un adecuado ordenamiento del territorio.
El doctor Ceballos estima que cada año la deforestación en la Península de Yucatán alcanza 40 mil hectáreas en una década, por lo que el Tren Maya no es el gran problema, sino la impunidad de los procesos de cambio de uso de suelo.
Que hay trampa
Para el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el proceso consultivo no cumplió los principios marcados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a realizar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
Estas son algunas de las supuestas irregularidades documentadas en la primera fase de la Consulta:
*El gobierno mexicano no está buscando el consentimiento previo de los pueblos originarios, sobre la ejecución del megaproyecto del Tren Maya, sino únicamente “conocer sus opiniones”.
Esto implica una violación a la libre determinación del pueblo maya, en razón de su aceptación o rechazo a un proyecto, obra o actividad dentro de su territorio o en un área de influencia suficiente para afectarle.
*La Consulta Indígena incumple el principio de “informada”, toda vez que la información disponible, a manera de datos sobre el proyecto, sus componentes y montos de inversión, no ha permitido ni el análisis, ni la comprensión de las afectaciones de este megaproyecto sobre los territorios y la vida de las comunidades indígenas. La información ofrecida por la autoridad a cargo, en las 15 Asambleas Regionales, se limitó a caracterizar de manera general el proyecto ferroviaro y a recalcar sus beneficios promocionales, en completa ausencia de estudios de impacto.
No se informó a las autoridades comunitarias que el megaproyecto no ha sido sometido al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), para conocer las afectaciones, no sólo por la colocación de vías del ferrocarril sino además por el impacto de las 18 estaciones y los “polos de desarrollo” programados.
*Por su parte, fue nula la información sobre los “polos de desarrollo”, como nombran a las más de siete ciudades de 50 mi habitantes que el gobierno y el capital privado buscan crear en la Península de Yucatán, causales históricos del despojo de tierras comunitarias, del aumento de la demanda de servicios y sus costos de acceso, de la inseguridad y del desplazamiento forzado de personas y pueblos.
En materia ambiental, tampoco se informó que el Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) pretende que el proyecto completo sea evaluado por partes y no de forma integral e incluso, busca quedar exento de la evaluación ambiental en algunos tramos o sustituir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por un Informe Preventivo.
*A pesar de que la propiedad de la tierra es un elemento fundamental para el desarrollo del megaproyecto, fue insuficiente la información vertida sobre los mecanismos Fibra, a través de los cuales Fonatur Tren Maya pretende que los ejidos aporten la tierra para la inversión inmobiliaria y la construcción de los polos de desarrollo que conlleva este megaproyecto. La información disponible ha sido trivial y escasa, enfocada a convencer a los ejidos de que participen en las Fibras.
*La Consulta Indígena incumplió los principios de “libre”, “informada” y “culturalmente adecuada“, al convocar como representantes de la comunidad sólo a las autoridades agrarias y locales, para presentarles el proyecto en las Asambleas Regionales informativas del 29 y 30 de noviembre, lo que inhibió la asistencia del resto de la comunidad, limitando su derecho. Conforme al estándar internacional, son las propias comunidades las que deben designar y asignar sus representaciones para este tipo de ejercicios.
*Sin consentimiento de las comunidades, el gobierno mexicano de manera unilateral endosó a las autoridades agrarias y locales que asistieron a las 15 Asambleas informativas, la responsabilidad de transmitir a sus comunidades lo que escucharon y observaron sobre el proyecto presentado por el Fonatur, el 29 y 30 de noviembre.
*El proceso de Consulta a las comunidades incumple el principio “previo”, establecido en el Convenio 169 de la OIT, pues busca legitimar un proyecto de Estado preconcebido e inscrito en el Programa Nacional de Desarrollo como una obra estratégica y prioritaria, en cuyo diseño NO participaron los pueblos originarios.
«En resumen, desde el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, consideramos que los principios de la Consulta Indígena, establecidos en el Convenio 169 de la OIT, no se han cumplido en esta primera fase, ni se garantiza su cumplimiento en el resto del proceso».
«La información proporcionada a las autoridades comunitarias, en esta fase, no sólo fue insuficiente y parcial, sino sesgada, al omitir componentes necesarios para su real análisis y deliberación, en un tiempo muy reducido, sin contar con que la convocatoria de participación en las Asambleas, excluyó al resto de las comunidades, centrándose en sus representantes, casi nunca autoridades indígenas».
Agustín del Castillo