Ampliar la mirada para enfrentar la crisis del aguacate

Por:Jaime Navia Antezana
15 de marzo de 2022.-El medio ambiente y los ecosistemas no nos pertenecen a las personas ni a las instituciones. Los servicios ambientales que nos proporcionan nos incluyen a todos, por lo que es indispensable que dejemos de pensar de manera reduccionista y valoremos el interés y el bien común.

Para abordar la crisis que ha desatado la agroindustria del aguacate, es necesario reconocer que no todos los productores de aguacate tienen el mismo nivel de codicia y ambición, y que para algunos el cultivo de aguacate representa su medio de vida y genera la obtención de recursos para sus familias.

Las familias productoras de aguacate a pequeña escala también están en el centro de la violencia y “pagan la cuota a aquellos”.

Por otro lado, es importante mencionar que los 3100 millones de dólares que genera la agroindustria del aguacate no se distribuyen de la misma manera entre los actores del proceso productivo, situación que pone en jaque y peligro a miles de pequeños productores, a “cuadrilleros” y sus familias.

El aparente crecimiento económico de la región no se refleja, ni impacta significativamente en el crecimiento social, cultural, campesino y por supuesto, tampoco se refleja en materia de conservación ambiental, antes bien, lo contrario.

Asimismo, es importante reconocer que hay ejemplos de comunidades y ejidos que protegen sus territorios (no los venden), sus bosques y sus fuentes de agua y realizan un manejo integral de sus territorios, generando de esta manera una estrategia diversificada que les permita mantener su producción y el bienestar social a plazos más largos.

Ellos también sufren amenazas y extorsión, pero, a pesar de ello, no han claudicado y son ejemplo real de que se puede hacer aprovechamiento forestal y frutícola de manera sustentable.

Por lo tanto, mientras el foco de atención a los problemas del cultivo ilegal de aguacate sea solo atender la ilegalidad de la inseguridad, estaremos caminando por escabrosos y peligrosos terrenos, dejando de lado la atención centrada en las personas, en el ambiente y en muchas otras ilegalidades adyacentes.

El problema de hoy es pequeño comparado con las externalidades socio-ambientales y económicas del futuro.

Limitar el manejo de la crisis del aguacate a atender el tema de la violencia, como se infiere a partir del discurso oficial y de lo planteado en la mesa de trabajo con el embajador de los Estados Unidos de América, ratifica la esencia de una política pública incongruente, incluso insensible.

Limitarse a eso, generará una mayor inseguridad, porque ésta viene atraída por la riqueza que genera la industria aguacatera y se ha mantenido por la incapacidad de combatir al crimen organizado. Incluso, aunque se lograra erradicar, las desigualdades que se gestan serán mucho mayores en todas las dimensiones (social, ambiental, política, legal, seguridad) y sectores (productores, instituciones, trabajadores, salud pública), lo cual podría ser sinónimo de más crisis y conflictos.

Por otro lado, es importante hacer la siguiente reflexión: las y los investigadores, científicos, ciudadanos, ejidatarios, comuneros, incluso como productores, queremos enfrentar o intentar enfrentar al crimen organizado e incidir en la generación de políticas públicas más congruentes, pero de alguna manera en las condiciones actuales sigue representando un gran riesgo.

La historia reciente nos dice que difícilmente lograremos el nivel de atención que el tema ha generado a partir de las amenazas a funcionarios norteamericanos. En Michoacán vivimos desde hace varios años en un clima de violencia y amenaza permanente, y no se recuerda una respuesta del Estado mexicano contundente para defender a sus connacionales.

Con esta posición, ¿cómo creen los políticos que pudiéramos confiar en alguna propuesta que realmente atienda el problema de cambio de uso de suelo y sus externalidades?.

Por ejemplo, en noviembre de 2008, el gobierno federal, el estatal y el sistema producto aguacate firmaron el “Convenio de coordinación, concertación y colaboración para el desarrollo sustentable del sector aguacatero del Estado de Michoacán de Ocampo.

En diciembre de 2016 se repite la dosis con la firma del Acuerdo de colaboración para preservar bosques y fortalecer la sustentabilidad alimentaria del país entre SAGARPA y SEMARNAT, más varias iniciativas que han surgido supuestamente para certificar o regularizar este cultivo.

Hoy en día, no han pasado de ser una lista de buenos propósitos, incluso un gran riesgo de “legalizar lo ilegal”, y el resultado es la huella de varios miles de hectáreas de bosque templado sustituido por huertas de aguacate.

Sin duda problemas complejos requieren soluciones complejas, un reto sigue siendo: ¿Cómo lograr una mesa de tan alto nivel para atender y solucionar todo el resto de las ilegalidades asociadas a la agroindustria en Michoacán?.

Solo por mencionar algunas: uso y contaminación de suelo y cuerpos de agua, trasiego de tierra, mercado ilegal de tierras de propiedad social, y por supuesto el propio cambio de uso de suelo.