Redacción Verdebandera
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
La defensa de los manglares de la laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima, llevó a los ecologistas a promover un expediente de hechos ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN), instancia que vigila el cumplimiento de las leyes en la materia en los tres países firmantes del Tratado de Libre Comercio.
Los ambientalistas de Bios Iguana destacan que hay una evidente «falta de justicia ambiental mexicana» a favor de los promotores de los proyectos de la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo, y de la planta de suministro de gas LP propiedad de la empresa Zeta Gas, ambas en este complejo lagunar, el más importante de todo el Pacífico centro mexicano.
Esto se da «después de cinco años de gestiones y de interponer recursos legales contra funcionarios de dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, y el propio gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, y los presidentes municipales de Manzanillo y Armería», sin olvidar a los empresarios, «que de manera cínica lograron que se dispensaran los trámites, a fin de lograr los permisos y la autorización de instalación en áreas que habían sido evaluadas y que son incompatibles por ubicarse en áreas de importancia biológica. No hemos tenido respuesta técnica ni jurídica de acuerdo con las regulaciones ambientales actuales y, por ello, presentamos esta denuncia ante la CCA», dijo Esperanza Salazar, de Bios Iguana, por medio de un comunicado enviado a Público.
La laguna de Cuyutlán concentra 90 por ciento de los manglares en el litoral de Colima, «los cuales, según el Instituto Nacional de Ecología, se están perdiendo en esa entidad a un ritmo de 2 por ciento anual. Además, está considerada como Área de Importancia para la Conservación de Aves, al residir aves migratorias que migran desde Estados Unidos y Canadá», abundó la activista.
El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales, pero en el occidente mexicano «no hay nada que celebrar: a pesar de que los manglares están protegidos por la Ley General de Vida Silvestre, la Semarnat otorgó la autorización para deforestar ocho mil metros cuadrados de manglar en el proyecto de la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo. Además, el gobierno de Colima […] ha transitado de la indiferencia jurídica a la violencia física, recurriendo inclusive a someter y acallar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un hecho penoso que viola las garantías individuales», comentó Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace.
La situación se agrava, como en el caso de destrucción de 30 hectáreas de manglares y humedales para darle paso a las obras de ampliación del puerto de Manzanillo, «en las que sólo se trata de beneficiar a las empresas Stevedoring Services of America [SSA] y a la compañía Mexicana de Dragados [Dragamex], proyecto impulsado por Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes», añaden.
