Redacción VerdebanderaParticulares presionan a la autoridad para manejar ellos el Área Protegida, pero la historia no les ayuda
Por Agustín del Castillo
3 de febrero de 2014.- El papel a favor de la naturaleza de los pequeños propietarios y los ejidatarios, poseedores de casi 82 por ciento del bosque La Primavera, no resiste bien el examen de la historia de la protección de esta serranía contigua a Guadalajara: entre 1980 y el presente impidieron que se protegieran 6 mil hectáreas de la floresta para realizar negocios inmobiliarios regulares e irregulares, pero pudieron ser muchas más.
“Tenemos conciencia de la importancia del bosque para la ciudad, lo vamos a proteger”, señalaron hace quince días dos de los dirigentes de ambas formas de tenencia de la tierra, Juan Diego Covarrubias –él mismo desarrollador inmobiliario- y Francisco Olmos, líder en la Unión de Ejidos y dirigente en el ejido de Jocotán, que ahora pugnan por coadministrar la zona.
“Queremos acabar con ese paradigma de que ejidatarios y propietarios somos los peores enemigos del bosque […] queremos hacer un bosque certificado, para que realmente cada día pueda tener más beneficios, en cuanto al pago por servicios ambientales, proyectos sustentables, sostenibles, un plan de manejo real, zonificación real, queremos dejar definido ese polígono, para fortalecerlo”, dijeron en entrevista.
Pero la relación de los poseedores con el decreto no ha sido precisamente de amor. En los años setenta del siglo XX, cuando comenzaron las tentativas de mantener los ecosistemas, el lobby de propietarios –incluidas buena parte de las élites económicas de Guadalajara- se opuso de forma decidida ante los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, pues, en palabras de su cabeza visible, el empresario Jorge Dipp Murad, “un bosque sólo se puede conservar como una casa, si se le habita”.
Dipp sustentaba un proyecto de desarrollo urbano ambicioso: Ciudad La Primavera, que significaba dotar de fincas campestres, campos de golf, aeropista y todo el lujo a quienes compraran allí, bajo el concepto de la cercanía de la ciudad, como se da en muchas zonas de bosque de Estados Unidos.
Muchos años, Jorge Dipp, junto con Cástulo Romero y sus herederos, fueron el frente opositor al decreto. Dipp presumía ser el principal benefactor del bosque, al haber cedido una propiedad de cinco mil hectáreas que forman el núcleo de la propiedad pública del busque, que alcanza hoy 5 mil 736.37 has (18.7 por ciento de la superficie hoy protegida). Lo que no decía el empresario de origen libanés es que ese terreno en donación fue en realidad un pago que debió hacer a la Secretaría de Hacienda por impuestos atrasados, y que el verdadero donador del terreno fue el presidente José López Portillo.
Ese proyecto fue afectado por el decreto. Pero entre quienes lograron salvar sus inversiones están Vicente Chalita, desarrollador de El Palomar, que con sólo una etapa abierta de su fraccionamiento, logró librar a todo el predio de bosque de su propiedad de ser incluido en el polígono protegido, a pretexto de que ya lo había registrado.
Otros negocios salvados milagrosamente fueron las etapas no abiertas de los fraccionamientos Bugambilias, Pinar de la Venta, Rancho Contento, Los Gavilanes, Santa Anita, Bosques de Santa Anita, El Roble, y donde ahora se ubica los fraccionamientos Diana y Hacienda del Astillero.
Del lado oriente del bosque, justo donde termina la avenida Mariano Otero, los cerros arbolados que coronan Bugambilias y El Palomar descienden a un valle donde los hermanos Gallo construyeron un autódromo y también evitaron ser afectados por el decreto. Hoy, asociados a la familia Leaño Reyes –otros famosos fraccionadores de la urbe- edifican el fraccionamiento Los Robles.
En el caso de la tenencia social, “en los años de 1950 a 1966 se confirman cuatro ampliaciones ejidales sin haber recibido resoluciones de ellas. En total son 13 los ejidos mencionados, con más de 2 mil 644 beneficiarios dentro del bosque y en sus límites. En la década de los sesenta se inicia el establecimiento de fraccionamientos urbanos”, señala el documento de manejo vigente en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Fue de esa tenencia de donde vino el golpe más reciente a la protección del bosque. Al norte de Los Robles, sobre el lindero oriente del polígono, está la “zona de exclusión”, la última victoria legal de los empresarios inmobiliarios: 552.29 hectáreas de bosque del ejido Santa Ana Tepetitlán que fueron excluidas de la zona protegida mediante el amparo 413/2001, confirmado en la revisión 465/2007.
La zona es desde entonces objeto de invasiones con fraccionamientos irregulares, un asunto que no ha sabido frenar el Ayuntamiento de Zapopan, y que significa la transmisión ilegal de parcelas (el aparcelamiento de bosque está prohibido en la Ley Agraria) para la “siembra” de fincas por migrantes pobres.
Ese hecho no genera el menor pudor en las autoridades ejidales de ese núcleo agrario, que están sumadas a la impugnación del nuevo organismo público descentralizado… aunque voluntariamente se separaron del área natural protegida.
La construcción de la carretera Guadalajara-Nogales separó del bosque además la zona de El Tepopote, que aún hoy es un importante corredor de fauna aunque hay demanda de cambios de uso de suelo, pues no forma parte del área natural protegida. Incluso el club deportivo de la Universidad de Guadalajara está ubicado en esa área norte hasta donde se extendía el bosque antes de la apertura carretera.
Otra omisión notable en la protección fue el valle de El Bajío del Arenal, importante ecosistema cuya relación con la recarga del acuífero metropolitano ha sido documentada, lo que no impidió a connotados empresarios, entre los que descuellan Jorge Vergara Madrigal y Francisco Cornejo, a diversos instituciones de educación superior, y al propio gobierno estatal (bajo Emilio González Márquez) a realizar acciones de urbanización que además penetran en la floresta protegida.
Si se excluye a El Bajío, que no era parte de la propuesta de decreto que hizo la Universidad de Guadalajara con 33 instituciones de interés social al presidente de la república, en 1976, la superficie cercenada en más de tres décadas redujo a La Primavera de 36 mil hectáreas a las apenas 29 mil 988 ha que ahora permanecen con decreto vigente de protección, sin contar los ejercicios de “derecho de propiedad” que se dan al interior del polígono, donde grandes casas son edificadas de forma cotidiana en terrenos privados y sociales.
Además de Santa Ana Tepetitlán y algunas propiedades particulares, los casos más notables de invasión hormigas se dan en los ejidos El Colli, La Primavera, La Venta del Astillero, Emiliano Zapata, Huaxtla y San Agustín.
Y si bien la historia no ayuda, el asesor de los ejidos, Martín de la Rosa Campos, ex empleado de la CONANP, asegura que propietarios y ejidatarios han decidido dejar atrás ese lastre. “No se van a ir contra el decreto no quieren hacer fraccionamientos; lo que piden es el legítimo derecho de participar en la toma de decisiones sobre el futuro de sus propios bienes”.
[box type=»info» head=»Antecedentes históricos de La Primavera»]
* En 1934, se declaró como zona de protección forestal un área de aproximadamente 10 mil 000 km2 que bordeaban a Guadalajara, incluido el bosque La Primavera
* En 1963, la Comisión Forestal del Estado de Jalisco establece una coordinación para la elaboración de un proyecto para la creación de un “parque estatal” en La Primavera.
* El 26 de diciembre de 1970 se consideró al Bosque de la Primavera, por el Gobierno del Estado de Jalisco, como de utilidad pública y uso turístico
* El 14 de octubre de 1972 se decretó el bosque La Primavera como reserva urbana por el gobernador del estado de Jalisco
* El 6 de marzo de 1980, por mandato del presidente José López Portillo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que por causa de utilidad pública se establecía como zona de protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre la región conocida como La Primavera dentro de una superficie aproximada de 30,500 has en los municipios de Tala, Arenal, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga
* El 25 de septiembre de 1980 se solicitó la derogación de los decretos estatales que declaraban a la zona como área turística y de reserva urbana. En este mismo año el Gobierno del Estado de Jalisco adquirió, mediante contrato de donación, 5 mil 290 has ubicadas al poniente del bosque, viejo predio de Jorge Dipp que entregó en pago de impuestos al gobierno federal
* El 7 de diciembre de 1995, se llevó a cabo el primer acuerdo de coordinación entre la Secretaria de Medio Ambiente federal y el gobierno del estado de Jalisco, con el objeto de transferir a este último la administración de la zona
* El 7 de junio de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación al recategorización de La Primavera como área de protección de flora y fauna
* 12 de octubre de 2013, comienza la vida del organismo público descentralizado Bosque La Primavera, controvertido por los propietarios con al menos trece juicios de amparo[/box]
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Agustín del Castillo