Redacción VerdebanderaJavier Santos – LA JORNADA JALISCO
Puerto Vallarta, 21 de diciembre.- Cerca de 150 habitantes del poblado de Mismaloya, la zona más privilegiada por su montaña, ríos y su vista al mar, se manifestaron la tarde del sábado ante el temor de ser desalojados por las fuerzas policiacas.
Los vecinos de Mismaloya salieron a orillas de la carretera Puerto Vallarta a Barra de Navidad, frente al hotel Barceló, y donde pidieron a los gobiernos federal, estatal y municipal que impidan “por favor que nos quiten nuestras casas”; “no al desalojo”, decían.
El temor del desalojo entre los vecinos radica en que el empresario tapatío Fernando Beltrán y Puga mantiene un juicio desde hace más de una década, ya que se dice dueño de las tierras donde están asentadas las familias; además de que mantiene un juicio de desalojo desde 1999 ante el Tribunal Unitario Agrario contra el ejido de Mismaloya, reclamando alrededor de 10 hectáreas arguyendo contar con escrituras de las mismas, con lo que le dio la razón jurídica.
Debido a ello, el 10 de abril se ordenó desalojar a cerca de 30 familias que habitan dentro de las 10 hectáreas citadas, pero al mismo tiempo el Tribunal solicitó al empresario tapatío realizar un peritaje, que fue concretado, y en noviembre le pidieron a Beltrán y Puga que depositara 3 millones de pesos para cubrir los gastos de las personas desalojadas.
Mientras tanto, los pobladores dicen tener la posesión desde 1937, por lo que en mantas y cartulinas mostraron las leyendas “No al desalojo. No a la aprobación del plano de 1964… Fuera rateros. Respeten el plano de 1937”.
Fue justo el sábado cuando los vecinos se enteraron de que autoridades agrarias les notificaron del inminente desalojo a las autoridades municipales, por lo que los afectados se manifestaron y montaron guardia permanente para evitar ser sacados de sus casas.
Entre los afectados se encuentra el diputado federal Leobardo Curiel Preciado, integrante de la Comisión de la Reforma Agraria, quien no se encontraba en el lugar sino en Villa Purificación, y señaló que “ya no se podía hacer nada”, pues la decisión de un juez era inapelable.
