Redacción VerdebanderaPrometió desviar el canal del Ahogado y extender servicios hidrosanitarios a El Salto y Juanacatlán
Imagen de una vivienda cerca del arroyo de Las Pintas, en la Cuenca del Ahogado Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ
Juan Carlos G. Partida – LA JORNADA JALISCO
Es el 31 de agosto de 2007. El gobernador Emilio González Márquez cumple seis meses desde su llegada al cargo y se apersona por fin en el lugar más dantesco de Jalisco. Borlas ácidas de espuma pudren el aire, circulan como aves lentísimas e ingrávidas que permiten esquivarlas antes de que toquen la piel; esfuerzo inútil, la brisa que llega de la cascada, que baja por el río Santiago, tiene repleto el ámbito con su mezcla molotov de desechos químicos y biológico infecciosos, que se ensartan como guijarros en la ropa y llegan hasta buena parte de la superficie cutánea, ingresan por las narices arrugadas entre el hedor.
Por diez minutos, el gobernador y los alcaldes de El Salto y Juanacatlán, municipios divididos por ese río cloaca herida a cielo abierto, respiran lo que el primero –su broma negra del día– llama “buqué del Santiago”. González Márquez se compromete a trabajar en obras para que el gran desagüe del sureste de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que corre por la Cuenca del Ahogado, caiga al río aguas abajo de la zona urbana de ambas poblaciones para evitar el contacto con la gente; promete trabajos adicionales como cobertura total de servicios hidrosanitarios, de drenaje y alcantarillado. Promete. “Será un salto cualitativo, un brinco como hace tiempo no se tenía en esta región”, ilusiona. Las obras estarían listas antes del próximo temporal de lluvias, agrega.
El activismo en contra del ecocidio y problema de salud pública creció conforme aumentaron las fábricas y sus procesos contaminantes, conforme los drenajes del sur de la Zona Metropolitana, los oficiales y los clandestinos, también confluyeron por la densamente habitada Cuenca del Ahogado, y tras causar estragos en los márgenes donde vive la gente más pauperizada de la Zona Metropolitana, se encaminaron con todo su veneno hacia el río Santiago, justo a un lado de los dos pueblos, justo antes de la cascada que todavía a principios de la década de los 70 el siglo pasado algunos orgullosos lugareños llamaban el Niágara mexicano.
Aún es 31 de agosto y mientras el gobernador ofrece su discurso a una mancha de estudiantes acarreados, esos activistas a los que se han unido habitantes cada vez más indignados por lo que sucede, son amenazados por personal de la Subsecretaría de Asuntos del Interior del Gobierno del Estado. Si continúan con su reparto de volantes, a quienes son maestros se verá la manera de descontarles el día. Del atropello toma nota María González Valencia, consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).
Unos días después, en septiembre, se conoce que la propuesta de desviar el canal del Ahogado para alejarlo de los dos centros poblacionales es tan vieja como el problema y que de nuevo la impulsan los alcaldes de Juanacatlán y El Salto. La titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades), Martha Ruth del Toro Gaytán, reitera que no se requiere una inversión cuantiosa, pues “con una máquina y cuestiones materiales” puede resolverse el problema y lo que se necesita es que se tome la decisión de parte de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para permitir la desviación.
“En la zona de Juanacatlán y El Salto se trataría de hacer un desvío temporal de cauce en tanto se resuelve el asunto de la presa del Ahogado, que sería receptor de esas aguas contaminadas”, dice la funcionaria. Eso fue hace medio año, el permiso para iniciar una obra que oficialmente es sencilla y no requiere recursos, sigue estancado en la CNA. El buqué, las borlas de ácido sulfhídrico como aves de rapiña, ahí continúan, las 24 horas, los 365 días del año, porque las acciones desde entonces a la fecha no han sido siquiera un paliativo. Al contrario, Miguel Angel López Rocha, el niño de ocho años que murió el miércoles pasado por caer a ese río, es la prueba palpable de que las cosas empeoran.
Activismo ignorado
Abril de 2007 es un mes de mucho activismo en El Salto y Juanacatlán. Organismos no gubernamentales realizan el foro ciudadano “Salvemos al río, calidad de vida”, participan los alcaldes Joel González Díaz, de El Salto, y Ramiro Tapia Ornelas, de Juanacatlán. Previamente al foro, en una semana, se realizan tres manifestaciones de la población: estudiantes, amas de casa, obreros, maestros, niños, todos; una delegación de lugareños se dirige al Congreso del Estado. El puente se llena de gente que exige al gobierno acción, la Secretaría de Salud Jalisco anuncia el inicio de un estudio epidemiológico que determine las secuelas que ha dejado a la población exponerse diariamente a la contaminación del río.
En el foro, una de las principales propuestas fue desviar el cauce del canal de aguas negras que llega al río para trasladarlo por un lugar donde no afecte a la población. Estimaciones oficiales de autoridades ecológicas de los dos ayuntamientos señalan que al menos cada segundo se vierten al río Santiago 250 mil litros de desechos que han provocado brotes de hepatitis viral y hasta cáncer, mismo caudal que transporta metales y metaloides, los que causaron la muerte de Miguel Angel.
En Guadalajara, el director de Regulación Sanitaria de la SSJ, Juan Carlos Olivares Gálvez, reconoció que el problema de contaminación en ambos municipios se da durante todo el año, pero se recrudece durante el estiaje por la gran cantidad de mosquitos y los olores fétidos de material orgánico en descomposición, la acción del viento y el movimiento del agua que “generan y que pueden afectar quizás a varios cientos de metros a la redonda”.
Ahora estamos en el 18 de marzo de 2007. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llegan a la colonia El Verde, en El Salto, a una zona alejada casi 100 metros del margen del arroyo que baja por la Cuenca del Ahogado. Encontraron fósiles de mamut y van a desenterrar con precaución lo que parece uno de los hallazgos más cuantiosos de esta especie extinta hace miles de años. El grupo de especialistas comienza a cavar, pero al poco tiempo llegan a una superficie gelatinosa; los huesos del primer mamut están desintegrados, no por el paso de los años, sino por la corrosión que existe en el subsuelo. No tiene caso, coincide la gente del INAH, que juzga incluso riesgoso para su propia salud continuar trabajando ahí. Deciden mejor alejarse a la comunidad Alvaro Obregón, también en El Salto, donde hay indicios de que dentro de un pozo de agua se descubrieron restos también de lo que podría ser un gonfoterio, animal de al menos cuatro metros de altura. La osamenta del mamut columbi, que llegó a medir hasta seis metros, se terminará de podrir muy pronto allá atrás donde la dejaron los arqueólogos.
El 7 de septiembre, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, tras un recorrido por la Cuenca del Ahogado que culminó en el puente, se pronunció por que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno se pongan a trabajar y den resultados claros a la sociedad que, dijo, demanda soluciones al grave problema que acarrea la contaminación de las aguas, del subsuelo y del aire por las partículas que desprende la brisa en la caída de agua.
La visita del ombudsman estatal se dio como parte del desahogo de pruebas dentro de la investigación de la queja 986/07, presentada en mayo pasado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y el Instituto Vida, por violaciones del derecho a la salud y a un medio ambiente sano. Al hablar sobre la incidencia de fallecimientos por cáncer en Juanacatlán, Alvarez Cibrián afirmó –como lo volvió a hacer la semana pasada, cuando la CEDHJ presentó un Informe Especial sobre el tema– que es momento de acabar con especulaciones y resaltó la importancia de que las autoridades responsables inviertan en estudios suficientes ante las instituciones de más alto prestigio a nivel nacional e internacional, para que “de una vez por todas se acabe con esos rumores, esas especulaciones y esas acusaciones, y si se tienen que tomar medidas urgentes, también se pongan a realizarlas”.
Análisis al agua y al subsuelo que han hecho distintas ONG, especialistas y universidades, coinciden en que la contaminación incluye arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel, coniformes fecales y salmonella. Aún no se comprueba que las borlas espumosas están constituidas por la mezcla de detergentes con residuos hemáticos de los animales que se sacrifican en los mataderos clandestinos que hay en la zona, como han denunciado algunos activistas.
El 11 de octubre se expuso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), que sesionó durante casi una semana en el paraninfo de la UdeG, el caso de El Salto y Juanacatlán; las pruebas presentadas fueron apenas un esbozo de la gravedad del problema, los mismos magistrados hicieron un recorrido por la zona y un día después emitieron una resolución que pidió a los tres órdenes de gobierno que de inmediato se realicen acciones para terminar con el problema. Entre las peticiones de los afectados y de activistas locales destacó la solicitud de que el TLA emitiera una declaratoria de emergencia ambiental, de acuerdo con el artículo 182 de la Ley General de Salud.
Los especialistas europeos y latinoamericanos que integran el TLA hicieron su declaratoria en vano. A pesar de ser invitados, no estuvieron ni el gobernador, ni Alfonso Gutiérrez Carranza, secretario de Salud; César Coll Carabias, titular de la Comisión Estatal del Agua; Raúl Antonio Iglesias Benítez, representante regional de la CNA; José de Jesús Becerra Soto, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; José de Jesús Alvarez Carrillo, delegado de Medio Ambiente federal, o Martha Ruth del Toro, titular de Semades.
Análisis al agua y al subsuelo que han hecho distintas ONG, especialistas y universidades, coinciden en que la contaminación incluye arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel, coniformes fecales y salmonella. Aún no se comprueba que las borlas espumosas están constituidas por la mezcla de detergentes con residuos hemáticos de los animales que se sacrifican en los mataderos clandestinos que hay en la zona, como han denunciado algunos activistas.
El 11 de octubre se expuso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), que sesionó durante casi una semana en el paraninfo de la UdeG, el caso de El Salto y Juanacatlán; las pruebas presentadas fueron apenas un esbozo de la gravedad del problema, los mismos magistrados hicieron un recorrido por la zona y un día después emitieron una resolución que pidió a los tres órdenes de gobierno que de inmediato se realicen acciones para terminar con el problema. Entre las peticiones de los afectados y de activistas locales destacó la solicitud de que el TLA emitiera una declaratoria de emergencia ambiental, de acuerdo con el artículo 182 de la Ley General de Salud.
Los especialistas europeos y latinoamericanos que integran el TLA hicieron su declaratoria en vano. A pesar de ser invitados, no estuvieron ni el gobernador, ni Alfonso Gutiérrez Carranza, secretario de Salud; César Coll Carabias, titular de la Comisión Estatal del Agua; Raúl Antonio Iglesias Benítez, representante regional de la CNA; José de Jesús Becerra Soto, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; José de Jesús Alvarez Carrillo, delegado de Medio Ambiente federal, o Martha Ruth del Toro, titular de Semades.
