Redacción VerdebanderaPolicías de Cihuatlán y judiciales de Colima se encañonaron por media hora
Manzanillo pretende clausurar obras privadas autorizadas por Cihuatlán en la zona del ejido El Rebalse, y el alcalde de este municipio arguye invasión de soberanía jalisciense. Dos judiciales colimenses detenidos, y por la noche liberados
Pedro Silva Vidrio/ Agustín del Castillo. PÚBLICO
Los fusiles y las pistolas de los policías se apuntaron, unos a otros, mientras gritos exasperados se agolpaban en el aire.
Luego cortaron cartucho, como en sincronía metálica. El tiempo pareció detenerse entre miradas atiesadas, nerviosas, desafiantes. Las sienes sonrojadas y sudorosas; los miembros tensos, temblorosos.
Fue media hora de deambular por un delgado precipicio, atentos de la breve música de un «clock», el sonido que desata la tormenta. Finalmente, las balas no salieron de las cámaras de metal que las alojan, y los gendarmes respiraron, llenos de alivio, pero la promesa de violencia continúa hoy en la zona en conflicto entre Jalisco y Colima.
Los enfrentamientos por la «soberanía» y por los millonarios negocios de esta zona de sol y playa, además de cotidianos, se han hecho cada vez más graves.
Más que por el momento de la paz, los vecinos se preguntan ahora quién disparará la primera bala.
El nuevo episodio de la disputa limítrofe tuvo como actores a las autoridades de Cihuatlán, Jalisco, y a los policías enviados por el estado de Colima. Enrique González Gómez, presidente municipal, pese a la amenaza de un cañón y la furiosa exigencia de un comandante colimense, no cedió en su orden de consignar a dos policías colimenses vestidos de civil que por la mañana se negaron a entregar su oficio de comisión para atravesar territorio jalisciense, y los derivó a la agencia del Ministerio Público Federal de Autlán, acusados de «portación de arma de fuego», un delito federal.
El tenso altercado, alrededor del mediodía, fue disuelto con la intervención de agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), mientras policías estatales de Jalisco observaban desde lejos la escena.
La reactivación del conflicto tuvo su origen desde la semana pasada, cuando el Ayuntamiento de Manzanillo inició procedimientos administrativos a constructores en la zona urbana de El Rebalse, exhortándolos a solicitar sus permisos de construcción en la comuna colimense.
Como consecuencia, ayer, el alcalde Enrique González y regidores del Ayuntamiento de Cihuatlán se apostaron en las inmediaciones del puente de la Vena de Ixtapa (lugar que señala Colima como límite estatal y que para Jalisco es prolongación de su territorio), sorprendiendo a dos agentes de la policía de Colima, a quienes se les exigió presentar una identificación y el oficio de comisión, a lo cual se negaron.
Eran aproximadamente las 10:30 de la mañana cuando fueron detenidos los colimenses Israel Liceo González y Francisco Javier Zepeda González, y trasladados de inmediato al centro penitenciario de Cihuatlán, donde el juez municipal Luis Aldaco Mendoza ordenó la consignación ante el Agente del MPF, adscrito a Autlán.
Una hora después arribaron dos suboficiales de la PFP a bordo de la patrulla 12037, quienes atestiguaron el enfrentamiento verbal entre el presidente municipal Enrique González y el comandante de la policía colimense Libardo Padilla Arceo, que exigía la liberación de sus agentes, provocándose un altercado en el que hubo amenazas con armas entre municipales de Cihuatlán y estatales de Colima. Al otro lado del puente, en territorio de Jalisco, permanecieron a la expectativa quince policías preventivos jaliscienses.
Arturo Salas Hernández, síndico de Cihuatlán, descalificó estos hechos violentos, acusando a Colima, y criticando la pasividad de la policía estatal de Jalisco.
El representante legal del Ayuntamiento de Cihuatlán aseguró que en ese momento ya estaban informados de los hechos el secretario general de gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, el diputado federal Nicolás Morales y el diputado local Carlos Meillon, así como personal de la Secretaria de Seguridad Pública estatal y de la Secretaría de Gobernación.
Por su parte, el alcalde Enrique González sostuvo ante el comandante de la PFP, Ignacio Páez, y el inspector Gilberto Ramírez, quienes lo exhortaron a mantener la calma y evitar los enfrentamientos: «Colima no ha cumplido el acuerdo… ¡Jamás nos dejaremos! ¡Ninguna obra será clausurada!», expresó, visiblemente irritado.
A las 14:40 se presentó el comisario de región de la PFP, quien sólo dijo su apellido, Medina, e insistió a los cihuatlenses en lo que sus colaboradores habían planteado: respetar los acuerdos pactados entre los gobernadores, lo que a su juicio lleva a no realizar obra pública en la zona en conflicto. Sin embargo, el presidente municipal insistió: «jamás permitiré que clausuren una obra privada».
Cihuatlán argumenta que lo que pretende Manzanillo es realizar «actos de autoridad», con el fin de crear derechos en la codiciada área. Los colimenses respaldan al megadesarrollo turístico Isla Navidad, de la familia Leaño, quienes desde 1993 pretenden extenderse sobre la superficie ejidal de El Rebalse (Público, 22 de julio de 2007).
Sobre la posibilidad que regresen las fuerzas federales a El Rebalse, el comisario de la PFP dijo a la prensa que en estos momentos «hay más violencia en otros estados, hay ejecuciones tremendas» por lo que consideró no pertinente desviarlas a este conflicto limítrofe.
«Que no se violente la paz, que se limpie la zona», reiteró pacifista, antes de retirarse.
A las 15:30 horas, salieron de la zona el alcalde y los regidores de la comunidad jalisciense, pero aseguraron que regresarán hoy, cuando presumiblemente el Ayuntamiento de Manzanillo clausurará las obras de construcción, bajo un proceso administrativo, en El Rebalse. Los vecinos, asustados, se preguntan quién disparará la primera bala.
