Agustín del Castillo
Por: Agustín del Castillo / Mongabay Latam
14 de septiembre de 2020.- En diciembre de 2014, dos meses después de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, José Luis González Méndez, gerente de la industria forestal de El Balcón, aseguraba que el manejo de la Integradora Forestal del Estado de Guerrero había logrado sobrevivir con éxito a los embates de violencia de los grupos criminales.
Ante el auditorio de la Expo Forestal de Guadalajara, González Méndez hablaba con orgullo de lo que se veía como uno de los grandes milagros de la silvicultura comunitaria en México: 16 ejidos unidos en el manejo del bosque, la creación de empleo para cientos de personas, tecnología de punta, diversificación productiva y de mercados, inversión social multimillonaria y control del territorio.
Casi seis años después, la debacle de este emporio de silvicultura comunitaria con cuatro décadas de historia ha sido completa: toda la actividad forestal que queda en la Sierra Madre del Sur —entre las regiones Costa Grande, Tierra Caliente y Centro— la controlan las bandas criminales que han volteado hacia el bosque por la crisis de los precios de la goma de opio, pues se volvió incosteable sembrar amapola en los caminos de la montaña.
La “tormenta perfecta” fue el quiebre interno del proyecto forestal, provocado por los fuertes disensos al interior de los ejidos con problemas de dinero y transparencia. Fueron conflictos que, muchas veces, se resolvieron con homicidios y que aprovecharon las bandas criminales para lograr en forma progresiva, entre 2015 y 2018, el control del territorio.
Hoy, en la región —coinciden varias voces que piden el anonimato— la autoridad la ejercen los grupos criminales.
“En muchos espacios de este gran territorio no puedes hacer aprovechamiento (forestal) si no tienes permiso de ellos; das tu cuota, tu aportación, dices a quién le vas a vender y cuánto volumen, y va a ser decisión del administrador del territorio, que se entiende con el jefe de rutas y ambos rinden cuentas al jefe de plaza. Y como están en constante lucha por controlar el territorio, esto suele cambiar y hace más difícil saber con quién debes ponerte de acuerdo”, señala uno de los ejidatarios que ha participado en las iniciativas de paz, que se trabajaron a lo largo de 2019, para convencer a los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Héctor Astudillo Flores de la urgencia de intervenir de forma decidida en la zona con un gran plan de desarrollo.
El ejidatario no se hace muchas esperanzas. La situación de constante violencia y de impunidad que viven las comunidades de la región lo llevan a decir: “No hay mejor demostración de lo sometida que está la autoridad y de lo frágil que puede ser cualquier intento de cambio”, subraya el hombre, quien por cuestiones de seguridad, pide el anonimato.
El camino al éxito de una empresa forestal
El investigador Claudio Garibay Orozco (autor del texto “El ejido El Balcón. El caso de una pequeña aldea campesina dueña de una gran industria forestal”; 2006) señala que, desde su origen, el ejido El Balcón tuvo que lidiar con la violencia endémica que ha marcado a Guerrero.
Tras haber tenido que huir a la Tierra Caliente por los conflictos por la tierra, las familias Anastasio, González y Quirino regresaron en los años sesenta para reclamar su ejido. Luego se les unieron los Villa y los Araujo.
En 1966 obtuvieron una dotación de 2 400 hectáreas, pero el bosque lo lograron gracias a la ampliación de 1974, en que el presidente Luis Echeverría les dio 19 150 hectáreas más. El conflicto de linderos con la comunidad de Cuatro Cruces tuvo feliz término con una conciliación en 1986. Hoy el territorio del ejido El Balcón se extiende sobre 24 633 hectáreas. Resolver esos conflictos de tenencia de la tierra fue fundamental para dar el siguiente paso.
El Balcón es una de las 16 comunidades agrarias de la Unión de Ejidos Hermenegildo Galeana. Y la que más despuntó en el tema forestal, gracias a que logró establecer relaciones menos inequitativas que sus vecinos con la paraestatal Forestal Vicente Guerrero, en los años setenta.
Eso le permitió capitalizarse, comprar maquinaria y, en 1986, obtener financiamiento del Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) para adquirir un aserradero.
Como ha sido frecuente en la historia de la comunidad, no todo era miel sobre hojuelas. Ese mismo año fue asesinado uno de sus líderes más prominentes: Plácido González. La empresa forestal lleva desde entonces su nombre.
El éxito los sorprendió sin suficiente capital humano y con una administración precaria, lo que los llevó a tomar una decisión en 1988: dejar la empresa forestal en manos del estadounidense John Vala —un experto que había trabajado para la industria paraestatal—, pero acotado por un consejo de principales de la comunidad que aprobaba las inversiones.
Vinieron los mejores años. Los investigadores David Barton Bray y Leticia Merino Pérez (“El Balcón, Guerrero, un estudio de caso del beneficio de la globalización a una comunidad forestal”, 2003) señalan que en los años noventa había ganancias anuales de un millón de dólares, pues John Vala logró una sociedad privilegiada con la empresa Westwood Forest Products, de Texas.
Eso permitió modernizar el aserradero, adquirir maquinaria, siete grúas y dos tractores. Además, 500 hectáreas agrícolas de El Balcón fueron reconvertidas a plantación forestal. Se hizo un manejo especial para el Pinus chiapensis, incluido en NOM 059, la norma oficial mexicana que enlista a las especies que están bajo alguna categoría de protección.
Se exportaba a Estados Unidos hasta 45% del volumen aprovechado —en madera aserrada y molduras—, lo que daba 65% del valor económico del comercio de la empresa. En 1993 y 1994, El Balcón obtuvo el reconocimiento al Mérito Forestal y de Vida Silvestre que otorga el gobierno mexicano.
De las ganancias, 60% se reinvertían, el resto eran para mejorar infraestructura y servicios comunitarios. Esto llevó a diversos beneficios a la población: pensiones para las viudas de la violencia, cobertura médica total, redes de agua potable, introducción de infraestructura para energía solar, construcción de vivienda, reparación de caminos. En 2005 se informó de ingresos totales por 3.6 millones de dólares anuales.
Los tiempos del declive
En 2014, en la Expo Forestal de Guadalajara, el gerente José Luis González Méndez reportó 350 trabajadores de la empresa forestal y 15 mil metros cúbicos de madera trabajada solo en El Balcón. A los vecinos se les compraba hasta 30 mil metros cúbicos más de madera por año. Poco tiempo después, todo se descompuso.
“La empresa que ellos constituyeron le daba empleo a todo mundo. El manejo forestal era excelente, generaban un esquema de cadenas productivas con otros ejidos. Hace cinco años era una experiencia muy interesante. Pero se empezó a descomponer toda la sierra. Siento que tuvo mucho que ver la presencia de grupos que, incluso, influían en las definiciones sobre qué se aprovechaba y producía. Obviamente, también los problemas internos”, señala el consultor forestal Pablo González, quien trabajó en la región con apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
El consultor señala que El Balcón tenía un sistema de liderazgos: “Había un grupo principal que decidía las cosas y el conflicto brotó por la falta de claridad de las cuentas, empezaron a cuestionar a los responsables. Creo que fue la decisión del pueblo a través de los principales, suspender todo tipo de actividades (forestales)”.
Como respuesta a una solicitud de entrevista que realizó Mongabay Latam, Conafor entregó una nota informativa titulada: “Un caso para la reflexión: ejido El Balcón”. En ese documento se señala que malas decisiones económicas —como la adquisición de equipo costoso sin análisis de mercado— dio inicio al proceso de deterioro, por deudas y premuras económicas, lo que derivó en conflictos internos.
Funcionarios de Conafor conocieron sobre los conflictos al interior del ejido El Balcón en 2016. “Se dio a conocer la existencia de dos grupos de choque al interior del ejido, los cuales detonaron violencia y caída de todos los procesos productivos que habían avanzado”, refiere la nota.
“Entre los grupos de choque se acusaban de estar inmersos en organizaciones criminales y que el recurso de la federación (que se entregaba como parte de proyectos del gobierno federal) se destinaba a la adquisición de armas”, agrega.
La crisis interna estuvo acompañada de violencia. Testigos regionales hablan de más de diez ejidatarios asesinados. Uno de ellos fue Felipe Atanasio Saucedo, a quien mataron el 13 de octubre de 2017, en Tecpan de Galeana.
Pablo González subraya lo que marcó la caída de El Balcón. “Esa empresa tenía una inversión de más de 50 millones de pesos —maquinaria, valor de los bosques, grúas, tractores—; era una empresa de grandes utilidades, de contratos con el gobierno para mobiliario escolar. Yo creo que el conflicto se dio por desconfianza, desinformación y falta de transparencia y obligó a los principales a poner orden. Hubo incluso asesinatos de líderes del ejido, uno fue asesinado en Tecpan, eso enrareció todo. No creo que en el corto plazo se vuelva a abrir, siento que hay ausencia de políticas públicas que puedan rescatar este tipo de iniciativas”.
Convivir con la violencia
Los antiguos trabajadores del proyecto forestal hoy están desplazados o trabajando bajo las nuevas reglas de los grupos de la delincuencia organizada. Los integrantes del Observatorio Comunitario para la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero, ente al que se han sumado decenas de actores de la región, entregaron a Mongabay Latam su diagnóstico y peticiones a las autoridades.
En esos documentos detallan sus dramas cotidianos y exigen respuestas enérgicas para recuperar la gobernabilidad, como base para retomar un modelo de desarrollo que incluya a unas 50 000 personas (casi 40% de la población de la región) integradas a la economía de la goma de opio desde los años de la década de los sesenta.
“No queremos seguir siendo el Afganistán americano (así calificó a su propio estado, en julio de 2015, el entonces gobernador Rogelio Ortega; el informe mundial sobre drogas 2019, de ONU, lo confirma); esta sierra es muy rica en recursos naturales y nos preocupa que el saqueo de los grupos criminales y el solapamiento a las mineras nos arrebaten todo”, sostiene el ejidatario que pidió el anonimato.
“La Estrategia Nacional de Seguridad en marcha, refleja en territorio de la Costa Grande–Sierra–Tierra Caliente del estado de Guerrero, la disminución de los ingresos de los grupos delictivos, basados principalmente en el cultivo y la comercialización de enervantes, aunado al colapso del mercado de la goma de opio.
«Ante esta situación, los grupos con presencia en la zona, han diversificado sus fuentes de ingresos y financiamiento, basados ahora en la tala ilegal o clandestina de madera en rollo en los ejidos forestales; se ha convertido en una actividad muy normal, después del desplome del mercado de la goma de opio en la región de La Sierra, acompañada de acciones y estrategias de intervención de los grupos de la delincuencia organizada para ir conquistando territorio, sumar partidarios e incondicionales a sus intereses regionales”, señala el documento denominado “Bitácora 02”, entregado al congreso de Guerrero el 23 de mayo de 2020. Desde 2019 se estableció una comisión de paz para la sierra que preside el diputado Servando de Jesús Salgado Guzmán, quien no respondió a una solicitud de entrevista.
En ese texto, se detallan denuncias realizadas sobre quiénes operan la mafia en la región y cómo operan. Además, se señala que se trata de una compleja empresa del crimen que cuenta con gestores y abogados para contratar y comercializar madera.
El documento también señala que hay encargados de cobrar cuota a los camiones cargados con madera en rollo que transitan por la zona. Incluso, se mencionan por sus alias a otros miembros del grupo criminal, que están identificados en informes del gobierno mexicano de los últimos años.
Durante la pandemia del COVID 19, la situación no ha cambiado. Incluso, se señala en los documentos, los grupos de la delincuencia organizada han instalado retenes para impedir la entrada de personas ajenas a la comunidad como “medida de prevención al contagio”. Esta estrategia se ha realizado, sobre todo en “territorios donde ha sido difícil convencer a la ciudadanía adherirse a su estrategia de intervención”.
Uno de los ejidos saqueados por la tala ilegal, a través de su asamblea general de ejidatarios, “ha agotado todas las formas de convenir y acordar con las familias” que se han aliado con las empresas criminales, “para reconocerles un porcentaje de hasta el 30% del valor comercial del volumen extraído en sus terrenos ejidales, siempre y cuando se aproveche con base a las condicionantes del Programa de Manejo Forestal Maderable, pero hasta hoy en día no se ha resuelto”. Es decir, el ejido quiere regresar a la legalidad a los campesinos asociados con el cártel, pero sin resultados.
El riesgo inminente que se vislumbra es la polarización. Por ello, llaman a “continuar con las acciones del Plan de Seguridad, Desarrollo y Paz para la Sierra, iniciando con reuniones sectoriales para ir resolviendo los asuntos más emergentes (sic) en La Sierra, como es caso de la tala ilegal travestida de aprovechamiento forestal maderable de los núcleos agrarios”, concluye el documento.
El ejidatario que pide el anonimato señala que no se podrá rescatar el modelo forestal comunitario que se tenía en la zona en el pasado, si los gobiernos federal y estatal no implementan un plan de desarrollo y de pacificación en la sierra.
“Hemos estado haciendo esfuerzos sobrehumanos para que nos escuchen”, señala el ejidatario y menciona que han recorrido dependencias, como las Secretarías de Bienestar y la de Gobernación, sin tener aún respuesta. “Si no hay acuerdo entre la federación y el estado —reconoce— será muy complicado. El gobierno debe ver a Guerrero como un caso especial de paz y desarrollo para demostrar que la estrategia es efectiva”. Si eso no sucede, alerta: “a la madera la van a saquear hasta donde les dejen, y destruirán lo que queda de los bosques”.
Con la intención de hablar del tema, solicitó entrevista a Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos en Gobernación, pero no se tuvo respuesta.
El consultor y ex gerente regional de la Conafor en Guerrero y Oaxaca, Salvador Anta Fonseca, señala que “en varias zonas del país el crimen organizado provocó problemas de colapso. Me tocaron los tiempos gloriosos de El Balcón. Había buenos procesos. Pero se ha venido abajo todo. El Balcón era de los modelos de silvicultura comunitaria más consolidados. Tenían fábrica de muebles, hacían venta de muebles escolares al estado, ecoturismo, producción de mezcal […] Guerrero perdió la gobernabilidad, antes había acuerdos, ahora son grupos que se disputan el territorio y se llevan a las comunidades de corbata”.
Los efectos de lo que pasa en esta región del país no solo están en la tala ilegal. En los documentos entregados a Mongabay Latam se resalta que comunidades enteras han sido desplazadas; entre ellas La Guitarra (después de un ataque e incendio); Puerto Progreso (donde “quemaron personas”); Vallecitos de Zaragoza, abandonado por la mitad de su población tras cinco años de acoso de Los Cornudos de la Sierra, grupo que lideran los hermanos Delgado Cruz. En una carta llena de firmas de sus moradores, clamaban en octubre de 2018 al coronel Julián Tadeo González Calzada que instalara de forma permanente al 75 batallón de infantería, único modo de detener los abusos. No fueron escuchados. “Después de 2017 han huido muchos, ni siquiera hay alumnos suficientes para la escuela primaria […] no podemos más vivir así”, protestan.
Una de las tantas imágenes que sintetiza lo que se vive en esta región de Guerrero está en el ejido El Balcón, donde las costosas instalaciones y maquinaria del aserradero están arrumbadas y en deterioro, mientras la pobreza se profundiza, los bosques son saqueados y la violencia se convierte en único lenguaje para dirimir diferencias.
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Sergio Hernández
