Por Agustín del Castillo
5 de noviembre de 2014.- Casi tres lustros del cambio de la política forestal en México, con la creación de la Comisión Nacional Forestal y de una política ambiciosa de estímulos para que miles de propietarios sociales y privados se sumaran a manejo y cultivo de los bosques, no sólo ha derivado en la contención del deterioro de los recursos de bosques y selvas, sino que ha sido un esquema impotente para frenar la debacle del sector, que produce menos que nunca para el mercado interno y no aporta siquiera 1 punto porcentual del Producto Interno Bruto.
El Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible (CCMSS), en su nota informativa 38 de su red de monitoreo de políticas públicas, hace un análisis poco halagador del sector.
«Políticas equivocadas de desarrollo rural y una sobrerregulación que impide el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales han llevado al sector forestal a una crisis sin precedentes. La política forestal ha desaprovechado el crecimiento de un mercado interno de consumo de madera y otros productos forestales que podría dinamizar la economía rural de México y contribuir a la conservación activa de los bosques y selvas. Las importaciones de productos forestales y celulósicos generaron un déficit histórico en la balanza comercial forestal de -6,005.95 millones de dólares en 2013», señala el CCMSS.
«Para el año 2030 se prevé un crecimiento de la brecha entre producción y consumo de 23 millones de metros cúbicos de madera que representarían un diferencial de 383% con respecto a la producción nacional actual. Es necesario eliminar la sobrerregulación hacia los aprovechamientos forestales y mejorar la aplicación del presupuesto destinado al desarrollo económico del sector forestal para alcanzar las metas del Programa Nacional Forestal 2014-2018», establece el documento.
Agrega que esta situación que vemos desde hace años se debe a la implementación de políticas equivocadas de desarrollo rural y a una sobrerregulación gubernamental que impide el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales pero no castiga en la mayoría de los casos el cambio de uso de suelo, como en el caso de la expansión del aguacate en Michoacán y Jalisco o de la caña de azúcar, cítricos o frutales en Campeche y Quintana Roo, por mencionar algunos ejemplos.
«Uno de los indicadores del sector forestal que el CCMSS ha monitoreado continuamente es la balanza comercial sectorial, que refleja cómo México ha desperdiciado el crecimiento de la demanda interna de productos forestales para impulsar un desarrollo rural sustentable y la conservación de los bosques. Este crecimiento de la demanda ha sido cubierto principalmente por importaciones de Estados Unidos y Chile, y por madera ilegal, que de acuerdo a las últimas cifras oficiales, provee 30% del consumo interno de madera y es responsable del 8% de la deforestación del país», detalla.
La magnitud del déficit comercial forestal y su tendencia creciente a 20 años del inicio del Tratado de Libre Comercio «demuestran la profunda crisis en la que se ha sumido el sector por sobrerregulaciones, descuido gubernamental y una política que prioriza la protección de los bosques sobre el enfoque del desarrollo productivo sustentable. En ese mismo sentido existen otras variables como la falta de financiamiento, la carencia de una estrategia adecuada de protección comercial para el sector ante dumpings, el abandono de la infraestructura caminera en regiones forestales y un régimen fiscal complejo que produce sobrecostos para la industria nacional de la transformación de materias primas forestales».
A todo lo anterior «es posible sumar una serie de sobrecostos y obstáculos a la producción forestal nacional derivados de la inseguridad que se vive en amplias regiones forestales del país, donde los productores sufren extorsiones y cobro de mordidas’ por grupos armados y autoridades, que no son contabilizadas en ninguna estadística nacional pero que incrementan los costos de producción y han´obligado el cierre de muchas empresas forestales».
Detrás de la crisis del sector forestal mexicano y la destrucción de las empresas, sobretodo las comunitarias, «están los impactos que deja en las economías locales, la destrucción de empleos rurales, la pérdida de inversiones por parte de los propietarios para mantener los bosques y selvas protegidos de talamontes, incendios y plagas, y la disminución en los medios de vida de casi 11.5 millones de mexicanos y mexicanas que viven en las regiones forestales. Difícilmente habrá una solución social, económica y ecológicamente viable si las políticas y programas gubernamentales siguen dando prioridad a las acciones asistenciales y al enfoque de “no tocar el bosque” en lugar de apostar por la creación de capacidades locales que permita la reactivación de economía forestal y la generación de riqueza, el fortalecimiento de las economías rurales y la mejora en el bienestar de las personas», advierte el CCMSS.