Redacción Verdebandera
Iniciaron una campaña contra la autoridad federal, que no ha dado permiso para cambiar uso de suelo forestal a favor de una inmobiliaria en el bosque de San Pancho. Los ecologistas defienden a la dependencia. La crisis empieza a afectar las inversiones en Riviera Nayarit
Agustín del Castillo – PÚBLICO-MILENIO
La firma Emerald Coast Developments, SA de CV, propiedad de los estadunidenses Faurest Vaugham Taylor (o Montenegro Vázquez) y Erik James Logerquist, contraataca: el fracaso en obtener permisos federales para fraccionar la selva de San Francisco, en Bahía de Banderas, le ha llevado a montar una campaña contra el delegado en Nayarit de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Armando Zepeda Carrillo, al que acusa de promover «el trámite más inútil».
Esta oportunidad les fue abierta con el concurso lanzado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que los ciudadanos mexicanos denuncien el procedimiento regulatorio más absurdo, tardado y engorroso —en suma, «el trámite más inútil»—, pues la idea es avanzar en la simplificación, combatir la corrupción y hacer un país más atractivo a la inversión.
El «ganador» de la competencia será fallado en este mes. Los inversionistas de San Pancho, denunciados por los ambientalistas locales de haberse enriquecido con la especulación de tierras ejidales de Sayulita y de corromper autoridades para establecer sus desarrollos a costa del frágil entorno ambiental (ver «Los nuevos millonarios de Riviera Nayarit», Público, 27 de enero a 3 de febrero de 2008), contaron con los buenos oficios del empresario Alejandro Vital, quien interpuso la queja ante la SFP.
Alejandro Vital es muy cercano a los dueños de Emerald Coast (EC) y, de hecho, defiende con su denuncia uno de los tres proyectos de fraccionamiento en zona de selva que tiene el corporativo.
El expediente ante la SFP habla de «un desarrollo turístico en Bahía de Banderas, Nayarit, llamado La Joya de la Costa o La Joya Vistas, que, a un año y medio de iniciadas las gestiones respectivas, se encuentra en punto muerto», y mantiene en suspenso una inversión de 90 millones de pesos.
A juicio de Vital, «el proceso se ha topado con requisitos más allá de los legales […] y hasta amenazas de terceros contra el desarrollador, sin que se haya expedido aún la autorización respectiva».
Lo que no cuentan es que los empresarios abrieron ilegalmente zona de selva y destruyeron arbolado, aunque dicen que fue un error del promotor que contrataron. La Ley Forestal, la Ley Agraria —son tierras ejidales— y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente prohíben estrictamente el aparcelamiento o fraccionamiento de bosques y selvas.
La queja de los empresarios deriva de que no se les ha otorgado autorización de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo forestal. En su opinión, «la resolución emitida por la Semarnat es completamente contraria a la ley, no sólo porque violentó las reglas del procedimiento administrativo, sino que también se encuentra totalmente injustificada desde el momento en que tenía la opción de autorizar el proyecto de manera condicionada a las medidas correctivas adicionales que considerara convenientes».
EC es, según los ecologistas, emblemática de los defectos que arrastra Riviera Nayarit: un ejemplo de la formación de rápidas fortunas con base en la especulación inmobiliaria y la compra de autoridades locales. Por ello, esos mismos críticos buscaron hacer contrapeso a la campaña contra la Semarnat, y entregaron el 12 de noviembre pasado una carta abierta a la opinión pública, pero dirigida al titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, en defensa de la legalidad con que ha actuado la dependencia.
La misiva indica que el delegado en Nayarit, Armando Zepeda, «ha atendido de forma profesional, decidida y oportuna» los conflictos, «lo que le ha valido calumnias y difamaciones en los medios de comunicación impresos y electrónicos».
En cuanto al proyecto inmobiliario Las Joyas Vistas, y en general todos los proyectos de EC, «han sido cuestionados en numerosas ocasiones por querer ser impuestos en zonas de selva tropical, mediante la lógica de para qué respetar la ley si puedo pagar las multas». Multas «insignificantes contra las ganancias de comprar hectáreas de tierra protegida ejidal barata y venderla a precios competitivos en el mercado internacional».
Estos desarrollos «han deforestado, subdividido, vendido y después obtenido la autorización del municipio; el Estado no los ha detenido, sino sólo levemente condicionado; los montos de inversión que presumen son muy altos pero no creemos que suficientes para sacrificar la legalidad ambiental en nuestro país y la certidumbre jurídica, al cambiar el uso de suelo de bosques tropicales a residencial sin respeto a las leyes vigentes y aplicables», añaden.
Así, los empresarios, «en un acto desesperado, acusan a nuestras autoridades ambientales locales y las apuntan inmerecidamente como candidatas a ganar el título de El trámite más inútil convocado por la SFP […] como una franca estrategia de presión», agrega la carta.
Firman la Alianza de la Costa Verde, AC; Alianza Jaguar, AC; Desarrollo Comunitario y Conservación de la Naturaleza Nuestra Tierra, AC; Grupo Ecológico Manglar, AC; Grupo Ecologistas de Nayarit, AC; Mujeres Unidas de Bahía de Banderas, AC; Natura Nayarit; Comunidad de Artistas de Nuevo Vallarta y Punta de Mita Fundation, y otras organizaciones civiles preocupadas por la falta de sentido ambiental con que se desarrolla Riviera Nayarit.
Llegó la crisis
No ha habido respuestas oficiales en esta guerra de cartas. Pero mientras la disputa no se resuelve, la crisis económica global ejerce de juez involuntario para este desarrollismo no sostenible: los inversionistas extranjeros —en gran parte, los baby boomers, jubilados nacidos después de la Segunda Guerra Mundial—, que son el mercado fundamental al que están dirigidos los megaproyectos de este litoral, empiezan a retraerse, prudentes, guardando sus capitales para los tiempos aciagos que están en marcha.
En el caso de EC, ya está despidiendo a parte del personal que contrataron en el poblado de San Francisco. Pero hay más: los moradores del poblado de Higuera Blanca, contratados por la transnacional Ibero Star —el mayor beneficiario de los terrenos de Litibú, que el gobierno federal vendió en un solo día a «precio de regalo», según denuncia de Greenpeace—, ya fueron notificados de que la empresa va a detener sus obras «hasta nuevo aviso». Todos los trabajadores regresarán al desempleo el último día de este año.
Según datos que manejan los ecologistas locales, Ibero Star ya había arrancado la edificación del primero de sus tres hoteles en Litibú hace alrededor de un año. Las obras se quedan a medias.
«Nuestra suposición: de estas cosas vamos a ver más y muy pronto. Las consecuencias son múltiples. Por lo pronto, las tiendas y cuartos para rentar —que brotaban en Higuera Blanca como hongos— se van a quedar sin 500 de sus clientes e inquilinos», estiman Magdalena Barrios de Steinmeyer y Horst Steinmeyer, de Alianza de la Costa Verde. «La naturaleza va a tener un respiro», señalan esperanzados.
