Nueva condena a Peña Colorada pordañar el Marabasco
Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio
Las autoridades mexicanas fueron censuradas por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) «por desatender los graves impactos ocasionados a la cuenca del río Marabasco, sus comunidades bióticas y las comunidades nahuas asentadas en la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera sierra de Manantlán», debido a las actividades mineras de Peña Colorada y otros emporios menores en la zona.
En un veredicto alcanzado en Antigua, Guatemala, el pasado 12 de septiembre, los miembros del tribunal no gubernamental más prestigiado del subcontinente ponderaron los daños ambientales y sociales generados a la cuenca a lo largo de los últimos decenios.
Las recomendaciones de este cuerpo colegiado de expertos sugieren que «se apliquen los mecanismos legales en contra de aquellas actividades mineras que contaminen o puedan contaminar el ambiente y el agua en la reserva; que las comunidades nahuas sean escuchadas y participen en cualquier investigación, prospección y aprovechamiento de recursos naturales en la reserva mencionada; que se lleven a cabo en el corto plazo diálogos, consultas y mesas de concertación donde las comunidades nahuas puedan expresar sus derechos y costumbres».
Además, «que se revisen y actualicen por el Gobierno con cooperación de los pueblos interesados, los estudios de impacto ambiental así como las medidas de mitigación, control y restauración de impactos ambientales, siempre con la participación de la comunidad nahua y la presencia de instituciones científicas».
Otras recomendaciones indican que «la comprobación de daños a la comunidad nahua, como consecuencia de la actividad minera, resulte en el resarcimiento de los mismos».
También, «que antes de elaborar e implementar planes y actividades relativos a infraestructura, agricultura, desarrollo regional y turismo, en la reserva de Manantlán, las autoridades mexicanas respeten y cumplan el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes». Dicha norma establece el derecho a la integridad cultural y territorial de los pueblos aborígenes del mundo.
A juicio del TLA, están suficientemente demostrados los abusos y excesos de los emporios mineros, el último de los cuales empezó «el 22 de noviembre del 2005, centenares de nahuas detuvieron los trabajos de apertura de la brecha de acceso al paraje Piedra Imán, que la minera estaba realizando mediante la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental sin consulta previa emitida por la Semarnat de la delegación de Jalisco» (ver Público, 25 y 26 de noviembre de 2005). De allí se deriva un largo enfrentamiento que culminó con la destitución de un comisariado ejidal proclive a Peña Colorada, Jesús Michel Prudencio.