Se cometieron al menos ocho delitos federales, según los denunciantes.
Agustín del Castillo -PÚBLICO
Perla Rodríguez, vocera de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) de Jalisco, dijo a ese diario que no han sido notificados de la denuncia penal promovida en contra de cuatro funcionarios de la dependencia por parte de la organización no gubernamental Conservación Humana AC, debido a la presunta comisión de al menos siete tipos de delitos en la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla.
La querella fue interpuesta en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, de la Procuraduría General de la República (PGR), el 22 de abril pasado. La Sedeur no emitirá un posicionamiento público sobre el tema hasta no conocer directamente la acusación que se le imputa, explicó la vocera.
Los funcionarios denunciados son Héctor Pérez Camarena, director general de Planeación Urbana y Territorial; Alejandro Gómez Lee, director general de Proyectos de Obra Pública; Raúl Navarro Venegas, director general de Obras Públicas, y Jesús Ramos Partida, director general de Infraestructura Carretera.
La denuncia establece la comisión de delitos ambientales dentro del área de protección de recursos naturales Cuenca alimentadora del distrito de riego 043, por lo que está vigente como área natural protegida. Además, se les señala de acciones de despojo y robo en perjuicio de la comunidad huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), y de las vecinas comunidades indígenas y las propiedades particulares de la totalidad del tramo carretero, que comienza en Bolaños y culmina en el entronque a Huejuquilla el Alto.
Específicamente, los delitos son los siguientes, según el cuerpo de la denuncia, en poder de Público: Desmonte o destrucción de vegetación natural; derribo y tala de árboles; cambio sin autorización del uso de suelo forestal; transporte ilícito de recursos forestales en cantidades mayores a cuatro metros cúbicos o en cantidades inferiores mediante actos repetidos de transporte; daño, destrucción y deterioro de cosa ajena o propia en perjuicio de un tercero; robo y equiparable al robo; incumplimiento de las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental (Público, 11 de mayo de 2008). Todos estos delitos previstos en el Código Penal Federal.
Un octavo delito sería un posible quebranto al erario federal por los recursos que no se aportaron en compensación al Fondo Nacional Forestal.