Redacción VerdebanderaHoy, hace 22 años, el presidente Miguel de la Madrid firmó el decreto de una de las 25 reservas ecológicas más importantes del país; además, hoy cumple un lustro la crisis de relaciones entre los principales socios en su conservación: la UdeG y la Conanp.
Autlán. Agustín del Castillo.
La espectacular riqueza biológica de las montañas de Manantlán, donde se descubrió hace casi 31 años un pariente primitivo del maíz (Zea diploperennis) y con el tiempo se documentaron más formas de vida que las registradas en Francia o Canadá, no ha sido suficiente aliento para mantener el ambicioso proyecto de su conservación, que hoy pasa por momentos difíciles, a 22 años de la firma del decreto presidencial que le dio la categoría de reserva de la biosfera.
El modelo de gestión «no se actualizó» y quedó rebasado, advierte Alberto Elton Benhumea, responsable de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para la región Occidente. Piensa que la Universidad de Guadalajara debe asumir su papel de investigación y dejar al organismo federal realizar el suyo, de administración de la demarcación protegida, pues, pese a los «divorcios», deben ser aliados fundamentales en el proyecto.
Sin embargo, tres connotados investigadores-fundadores del proyecto Manantlán desde la UdeG, Enrique Jardel Peláez, Eduardo Santana Castellón y Ramón Cuevas Guzmán, señalan directamente a la Conanp como responsable de diversos retrocesos.
A juicio de estos miembros del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio), los daños más importantes son: la precaria institucionalidad de la dirección de la reserva, que ha tenido cinco encargados en igual número de años cuando tuvo uno los nueve anteriores; la merma en la representación social y académica de los consejos asesores y el bajo perfil asignado a esos órganos; una dirección que a la postre abandonó a sus vecinos de la región de influencia, tanto con modelos exitosos, como es la gestión de la cuenca del río Ayuquila, como en casos de disputas desiguales, que son las presiones de las mineras sobre los nahuas de Ayotitlán.
Por si fuera poco, responsabilizan al organismo por sostener una campaña de «desprestigio» que siembra desconfianza sobre el papel de la casa de estudios en la sierra.
La crisis parece diálogo de sordos, pues donde los científicos ven que se retrocede en el antaño generoso papel de la reserva como entidad facilitadora de procesos sociales y económicos amables con el ambiente, la Conanp presume logros de eficiencia administrativa, de respeto a la legalidad y de ampliación de la consulta a los dueños de la sierra. Y esas opiniones opuestas reflejan un divorcio que ni la asesoría profesional ha podido conciliar.
Los críticos
Eduardo Santana Castellón dice que las políticas de la Conanp frustraron «un proceso dinámico e innovador que percibía la reserva como entidad para experimentar nuevas formas de gestión del territorio»; hoy, hay un corrimiento del protagonismo hacia las fronteras geográficas de la reserva de la biosfera, de 139,577 hectáreas de superficie.
«La Conanp dejó de jugar el papel de catalizador de nuevos procesos, de construcción de alianzas, de creación de nuevas institucionalidades. Se anquilosó la gestión a escala local», sostiene en un cuestionario que contestó para Público.
A su juicio, el organismo federal «concibió que la experiencia de la UdeG pesaba demasiado y, al no poder desarrollar debates de nivel, difundieron que el interés de la Universidad era controlar la reserva. Esto se ha visto en los últimos cinco años que es falso». Por si fuera poco, «la Conanp cae en procesos de desprestigio a investigadores y la negación de sus logros».
Por su parte, Ramón Cuevas Guzmán advierte que, con la pérdida de las relaciones, ambas instituciones pierden. «En los últimos años consideramos que no se ha entendido el papel de socios de ambas instituciones, pues el serlo representa compromisos de comunicación y de toma de decisiones conjuntas […] Lo anterior lo ha dejado de lado la Conanp, porque considera que cualquier sugerencia y acuerdo con el personal de la UdeG se trata de una imposición», subraya el director de la división de desarrollo regional del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur).
En el fondo, «no hay una política clara del papel de las áreas naturales protegidas en México […] el papel que ha tomado la dirección de la reserva es ser un ente administrativo más del gobierno, y no facilitador y buscador de recursos para mejorar el nivel de vida de la población de la reserva y mantener las funciones de servicios ambientales del área natural protegida. Se ha incrementado la superficie de área quemada por incendios forestales, hay aperturas de nuevos caminos, no hay una posición clara en torno a los problemas mineros, no hay interés por la cuenca del río Ayuquila, y lo peor es que se ha perdido credibilidad del papel de la dirección entre las comunidades de la reserva».
—¿Por qué se hizo difícil la relación entre el gobierno federal y la UdeG?
—Por la ineptitud y la poca capacidad de gestión de los últimos directores nombrados por la administración central de la Conanp y por diferencias conceptuales del papel que deben jugar los consejos asesores […] Se ha dado un fuerte golpe al papel que deben jugar éstos, pues, de órgano de planeación y de toma de acuerdos, se quiere restringir a un mero cuerpo consultivo, además de quitar personal que representa los legítimos intereses de las comunidades.
Enrique Jardel Peláez, experto forestal del Imecbio y miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pone en relieve que el origen del proyecto Manantlán es el generoso planteamiento del programa El hombre y la biosfera, de la Unesco, que abrió el nuevo paradigma de conservación con desarrollo para los seres humanos. La Conanp pretende regresar al modelo exclusionista, donde las demarcaciones protegidas terminan en los polígonos de los decretos, y los humanos sólo son aceptados como huéspedes ocasionales.
«Parte de la regresión consiste en una vuelta a la mentalidad de plaza sitiada en la conservación, a la tendencia a separar la conservación del desarrollo, a la burocratización y el reforzamiento de esquemas rígidos de comando y control en el manejo de las áreas protegidas, y a la vuelta a la confrontación entre actores que deberían actuar como aliados en una tarea común», advierte.
Esto «condena a las áreas protegidas a una situación de conflicto permanente y oposición con la gente que vive en ellas o en sus inmediaciones».
No se engaña, «la relación siempre fue difícil, pues cada institución tiene misiones y formas de trabajo distintas, y está sujeta a diferentes presiones, pero antes había confianza mutua y disposición para resolver las tensiones y aceptar diferencias de puntos de vista», y eso ya no existe.
La otra cara
En cambio, Alberto Elton Benhumea, coordinador regional de la Conanp, pide a la casa de estudios que mantenga su confianza en la institución, pero dentro de los límites establecidos para cada cual.
«Hay momentos en la historia de las áreas naturales protegidas, y Manantlán los ha tenido […] honestamente, en su momento, los primeros diez años de administración fueron a cargo de la Universidad […] Ese primer modelo fue muy exitoso, muy reconocido internacionalmente, pero tiene lo que todo modelo tiene: si no se actualiza, queda en desuso; creo que no se actualizó y empezó a generar conflictos», explica en conversación telefónica desde Morelia, sede regional de la Conanp.
Así, emergieron liderazgos en la sierra que comenzaron a cuestionar el papel de la UdeG y a exigir la entrega de los dineros que gestionaban los investigadores, pues parecía que ese dinero «no llegaba» a las comunidades.
«Alguien reacciona y dice: ‘Dónde están todos los millones’, hasta que se le paró en seco… Les dijimos: no se puede, los investigadores lo consiguen para su investigación, no son necesariamente gestores de las comunidades. Pero esto fue un detonante».
Después, «el divorcio o el distanciamiento de que se habla se dio por la perspectiva de cómo administrar la reserva […] no se puede mantener un modelo intacto, debe actualizarse. Eso es lo que está pasando. ¿Qué buscamos? Que cada quien acepte, tome y se responsabilice de su ámbito de competencia. No soy quién para decirle a la UdeG qué investigar, ni ellos lo son para decirme cómo manejar mi personal. Pero, en sentido fino, si vamos a hacer programa manejo de fuego, ellos tienen experiencia y conocimiento; nosotros, el programa, pues nos sentamos a trabajar…».
La aparente regresión, agrega, es simplemente un respeto al marco legal y administrativo. La Conanp no puede actuar fuera del polígono protegido, ni puede crecer por encima de lo que la ley señala, los consejos asesores, ni darles atribuciones excesivas. «Pero hay un proceso de creación de subconsejos que van a ampliar esa participación, y una revisión del programa de manejo que garantiza que el proyecto Manantlán tiene futuro». Es decir, asegura que el famoso divorcio es sólo temporal.
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CLAVES
Una reserva que se hizo problemática
El presidente Miguel de la Madrid firmó el 5 de marzo de 1987 un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo siguiente: «Se declara la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán como área que requiere la protección, conservación, mejoramiento, preservación y restauración de sus condiciones ambientales, con una superficie de 139,577-12-50 hectáreas, ubicadas en los municipios de Autlán, Cuautitlán, Casimiro Castillo, Tolimán y Tuxcacuesco en el estado de Jalisco, y Minatitlán y Comala en el estado de Colima».
En estas montañas se han registrado cerca de tres mil especies de plantas vasculares y 560 especies de vertebrados. Se llevan a cabo estudios ecológicos a largo plazo y monitoreo sobre la dinámica de la vegetación, ecología de comunidades de plantas y animales, ecohidrología y calidad de agua, por parte de la UdeG.
La reserva estuvo siete años abandonada por el gobierno federal, pero la UdeG la sostuvo. Luego, entre 1994 y 2004, contó con un director pagado por el gobierno federal, pero que contó con la valiosa colaboración de la casa de estudios, pues sus recursos eran escasos.
En ese clima de colaboración salieron adelante proyectos como la gestión integral del río Ayuquila, que hoy es un modelo exitoso de asociación intermunicipal para el medio ambiente, así como trabajo legal con las comunidades de la zona nahua, en su larga lucha desigual con madereros y mineros.
Desde 2004 se sucedieron cinco directores o encargados de despacho y se limitó severamente la colaboración entre la Conanp y la UdeG: hoy se han reducido los consejos asesores, la reserva no sale de sus linderos, surgen liderazgos opuestos a la gestión universitaria o gubernamental y hasta existe la amenaza de perder el laboratorio de Las Joyas, en un juicio de propiedad donde la Conanp se ha quedado al margen.
