Alejandra Guillén
Por Alejandra Guillén / Fotos: Marte C Merlos
Cuautitlán, Jalisco 12 de febrero de 2013.- La propuesta de crear una policía comunitaria en el ejido de Ayotitlán (Cuautitlán de García de Barragán, Jalisco) es apenas un esbozo que por lo pronto no incluye el uso de armas, pero que ya ha provocado que los nahuas más cercanos al PRI se opongan porque aseguran que la zona está relativamente tranquila y porque para eso están las autoridades “formales” de los tres niveles de gobierno.
Pero las autoridades “formales” hasta el momento no han encontrado una sola pista sobre el paradero de Celedonio Monroy Prudencio, no saben nada de quiénes roban madera y minerales de la Sierra de Manantlán, y tampoco han mostrado una sola pista de que haya avances en la investigación (ni en este caso ni en el de ninguno) de los asesinatos de tres ex líderes agrarios y dos ex alcaldes de Cuautitlán de García de Barragán en la última década.
Ante este panorama es que el Consejo de Mayores de la comunidad nahua planteó a finales de 2012 la necesidad de crear cuerpos de vigilancia conformados por gente de la misma comunidad para frenar el saqueo de sus recursos naturales y para no volver a perder a un “hermano indígena”.
En contraparte, los dirigentes del ejido –el más extenso del país– exigen que la decisión se tome en Asamblea el próximo 17 de marzo, donde tienen mayor posibilidad de operar políticamente. En el último año han logrado que triunfe la postura de negociar con la empresa Peña Colorada para rentarle 800 hectáreas más como depósito de desechos férreos y con permitir que entren más mineras a la región, contraria a la postura de los más viejos–considerados los líderes morales del pueblo nahua– que en la última sesión fueron los únicos que votaron en contra de autorizar tres permisos más de exploración de hierro.
El dilema de las armas
El lunes pasado llegó a Cuautitlán de García de Barragán un helicóptero con el comisario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Alejandro Solorio Aréchiga; una camioneta con el general Agustín Radilla Suástegui, de la Guarnición Militar de Melaque; y vehículos con medios de comunicación, académicos, integrantes del equipo del diputado Clemente Castañeda y de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y decenas de nahuas que bajaron de la sierra exclusivamente para asistir a la primera reunión técnica para discutir la creación de una policía comunitaria en Ayotitlán.
Blanca Estela González, esposa de Celedonio Monroy, también asistió a la sesión y planteó en privado al legislador y al equipo de la UdeG que en los últimos días ha rondado una camioneta Cherokee negra por su rancho en Loma Dorada y que ha escuchado rumores de que a ella también la quieren “levantar”.
«No sé si usted crea en esas cosas, pero fui con un brujo y me dijo que mi marido sigue vivo y que lo tienen en una casa de seguridad. Pero me dijo que no debo hacer mucho borlote sobre los que andan rondando por la casa, porque le pueden hacer algo a él».
A casi cuatro meses de la desaparición de Celedonio, Blanca Estela confía más en lo que le dice un brujo que en la Procuraduría de Justicia del Estado, porque de ésta no ha recibido información, como tampoco la hay de los más de dos mil casos de desaparecidos en Jalisco en el último sexenio (cifra que aparece en la base de datos de la organización Propuesta Cívica) pues en el Estado ni siquiera está tipificado como delito.
Al inicio de la reunión, Blanca Estela decidió denunciar la presencia de gente armada en la sierra y dijo que ya no puede ni dormir, “¿qué esperan? ¿qué me pase lo mismo que a mi esposo?”.
Posteriormente, el diputado Clemente Castañeda expuso algunos rasgos que podría tener la policía comunitaria.
El fundamento legal es el artículo 2 constitucional que habla sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, como lo puede ser la aplicación de sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.
El legislador aclaró que no se está promoviendo un grupo de autodefensa ni que se sustituiría a las fuerzas de seguridad del Estado.
“Los fines son distintos y será en condiciones de legalidad. La discusión es central en cuanto a aceptar los sistemas normativos de organización de este pueblo, tal como lo reconoce el marco constitucional”.
Esta iniciativa implica entender a los pueblos como sujetos de derecho y se trataría de una instancia de vigilancia y resolución de conflictos internos de la propia comunidad, estaría conformada por miembros del pueblo y las decisiones estarían basadas en los sistemas normativos propios de la comunidad.
La policía atendería únicamente delitos de bajo impacto, culposos o imprudenciales que se cometan dentro de la comunidad, y en un futuro buscaría mecanismos de impartición de justicia para emitir sanciones de manera colectiva y abierta, que busquen la conciliación antes que la sentencia. “Reeducar antes que castigar dado que las sanciones consisten en trabajo comunitario y labores de reeducación y reinserción”.
La idea central es brindar mayor seguridad a la población y reconstruir el tejido social, que en sitios como en Guerrero, donde la policía comunitaria surgió en los años noventas, ha permitido la disminución de delitos y actualmente ha logrado frenar la entrada de mineras (con excepción de una comunidad).
Un nahua que se encontraba entre el público se paró para aclarar que él no estaba de acuerdo con la policía comunitaria y que para eso estaba el presidente municipal y las procuradurías estatal y federal.
En ese grupo estaban sentados indígenas priístas y ex comisariados como Jesús Michel Prudencio (quien fue destituido hace algunos años de su cargo de comisariado ejidal y a quien se le ubica como cercano a la minera Peña Colorada), Perfeuto Rodríguez, Indalesio Ruelas y Galdino Ciprián. Todos repitieron el mismo guión: no queremos lo que dice el Consejo de Mayores, no queremos policía comunitaria, la seguridad es responsabilidad del Estado.
En contraparte, tanto el representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco como el Comisario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Solorio, opinaron que el modelo de la policía comunitaria es viable y que ya existe en otros sitios de Jalisco, como en la sierra wixárika, donde hay “topiles” que se encargan de delitos menores al interior de las comunidades y que es un cargo que ocupan sujetos respetados.
“Por ley está permitido. Pueden establecer mecanismos de vigilancia internos (…) pero es importante aclarar que esta figura no está encaminada para ser una fuerza que combata cierto tipo de delitos de alto impacto o a grupos delincuenciales”, señaló el Comisario y luego en entrevista acotó que está a favor siempre y cuando no se usen armas.
El representante de la Comisión Estatal Indígena, Magdaleno López Ibarra, mencionó que al parecer no se ha entendido que los pueblos indígenas pueden ejercer su autonomía conforme a la legislación existente. “Si dejáramos de ver los colores de los partidos estaríamos más tranquilos. Hubo tiempos en que vivimos bien tranquilos y contentos, pero nomás entraron los colores, nos dividieron a todos los pueblos”.
El General intervino para decir que al “pueblo armado” no le toca entrar en esas discusiones, pero insistió en que ellos pueden actuar a través de las denuncias anónimas y “siempre acudiremos en auxilio de ustedes”.
Miguel Monroy, uno de los defensores del territorio y afín al Consejo de Mayores, advirtió que los indígenas que insistían en que no querían la policía comunitaria era gente cercana al presidente municipal “y creo que los invitó para contradecir. No venimos a eso, venimos a discutir cómo hacerle para ya no sufrir tantos atropellos”.
Otro ejidatario de Telcruz remató diciendo que todos son testigos de que los primeros que caen son los que andan de “argüenderos” y que ya han asesinado a policías y nada se ha hecho por ellos, “¿creen que una policía comunitaria podrá con los problemas que acá se viven?”.
El secretario general del municipio, Esteban Arias Soto, aclaró que la situación de inseguridad se vive en todo el país y que se ha satanizado a la región. Mientras tanto, los asesinatos de la región nunca se han aclarado y en todas las reuniones recientes se ha denunciado la presencia de camionetas “extrañas” que circulan por la sierra.
El acuerdo de la reunión fue la conformación de la comisión técnica para la creación de la policía comunitaria y que el tema se discutirá en la siguiente Asamblea, el 17 de marzo.
Mientras tanto, la discusión de fondo sigue siendo si el pueblo debe o no armarse. Unos creen que no tendrían con qué defenderse de los delincuentes, que serían carne de cañón. Otros, como el diputado Clemente Castañeda, consideran que la función debe ser únicamente de vigilancia y que las armas son un riesgo.
Eduardo Reyes, activista en derechos humanos, explicó en una entrevista previa que es muy legítimo crear estrategias para brindar seguridad a su pueblo, pues el Estado ha fallado en este aspecto. “No se está proponiendo que controlen un territorio en el que nadie más entre, sino que estará acompañado de la autoridad local para reforzar la seguridad de la zona, de crear una institución independiente en la materia, de cómo aportar desde sus usos y costumbres al tema. Plantea la vinculación con la autoridad municipal y estatal, esto no ha sucedido en el resto de experiencias”.
Lo que ha provocado cierta resistencia en el municipio es que se imaginan a grupos de hombres con el rostro cubierto y con armas largas colgando del hombro, tal como ha sucedido recientemente en algunos municipios de Guerrero. El Consejo de Mayores insiste en que la propuesta es totalmente distinta y en que no se quedarán de brazos cruzados ante el fracaso de las autoridades para brindarles seguridad.
[box type=»info» head=»Policía comunitaria dentro de la ley»]La policía comunitaria
Fundamento legal
Inciso A del artículo 2 y fracción VIII del inciso A del artículo 4.
¿Qué reformas legales se requieren?
Plantear una Ley de Procuración e Impartición de Justicia Indígena para el Estado de Jalisco y hacer una reforma al Código Civil, al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales.[/box]
Asistentes al comité técnico realizado en Cuautitlán
Clemente Castañeda, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado.
Germán Cuevas Curiel, Visitador Regional de la CEDHJ.
Gaudencio Mancilla Doblada, representante legal del Consejo de Mayores de la comunidad indígena de Ayotitlán.
César Díaz, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara.
Francisco Solorio, Comisario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.
Pedro Sánchez Orozco, Presidente Municipal de Cuautitlán.
Agustín Radilla Suastilla, general de la Guarnición Militar de Melaque.
Jaime Hernández Lamas, responsable del área de justicia de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas.
Gerardo Ballesteros de León, representante del Departamento de Derecho ITESO.
Eduardo Reyes Lara, abogado y defensor de derechos indígenas.
Magdaleno López Ibarra, Director General de la Comisión Estatal Indígena
Redacción
Agustín del Castillo