Redacción Verdebandera
Jorge Covarrubias – LA JORNADA JALISCO
Temacapulín, 30 de septiembre.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México ya está informado de las pretensiones del gobierno del estado para desalojar a las poblaciones de Acasico, Palmarejo y Temacapulín. Un informe detallado se le envió a la representante interina del organismo, Liliana Valiña, donde se hace constar que los derechos de hombres, mujeres, niños y ancianos de varias localidades se encuentran en situación de vulnerabilidad y alto riesgo como consecuencia de la construcción de la presa El Zapotillo.
Ayer, mientras los pobladores clausuraban de manera simbólica los trabajos de exploración, en los márgenes del Río Verde, el colectivo COA mostraba el documento entregado a la funcionaria el pasado 30 de septiembre. Entre las irregularidades detectadas, destacaron que los datos del proyecto son desconocidos por los habitantes de las comunidades y que la misma Conagua (Comisión Nacional del Agua) maneja dos cifras de la inversión en su página de Internet, una de 8 mil millones de pesos y otra de 7 mil 765 millones de pesos.
De esa inversión poco más de 2 mil millones serán aportados por la federación. 2 mil 626 millones se obtendrán del Fondo Nacional de Infraestructura, 190 millones el Estado de Guanajuato, 174 millones el Estado de Jalisco y finalmente 2 mil 733 millones de inversión privada que no se especifica, pero se ofrece como área de oportunidad para el sector privado.
Según el colectivo, el esquema bajo el cual se construirá la presa DBOT (diseño, construcción, operación y transferencia) tendrá como principales beneficiarios a los inversionistas con una concesión para explotar el agua del Río Verde hasta por 25 años.
Evangelina Robles, integrante de COA, mencionó que hace dos semanas la Comisión Estatal del Agua (CEA) amenazó a los pobladores de Acasico con dejarlos sin tierra en caso de no firmar ningún documento.
“A la gente que no ha firmado por ejemplo lo que hicieron fue llevar cervezas y comida, tratando de convencer de esa manera a la gente. Entonces hay una estrategia también como de confundir a la gente de comprarla, pues eso lo puede testimoniar la gente de Acasico”, dijo.
En el mismo sentido, Marco Von Borstel, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo (Imdec AC) que ha sido el enlace entre pobladores y autoridades, señaló que la gente que ha firmado lo hizo bajo amenazas, y por consecuencia no tienen validez jurídica esos documentos.
“Dijeron que sí, pero que habían firmado bajo amenaza, la amenaza es, sí ustedes no firman se quedan sin nada, y la gente al no tener la información porque no han sido dotados de la información que el gobierno debiera haberles dado, pues la gente ha firmado los papeles pero bajo amenaza, lo cual no le da validez jurídica a las firmas que ya han tenido”, indicó.
Dijo que en Acasico al parecer ya hay gente que firmó su reubicación, no obstante las autoridades han propiciado la intriga obteniendo nombres de los registros de catastro para decir que las personas están de acuerdo.
“En Temacapulín pasó lo mismo el miércoles pasado, diciendo que había gente que había permitido medir su terreno, cuando no lo había permitido medir y de esa manera están intentando hacer que la gente se pelee entre ella”, subrayó.
El documento que envió el colectivo COA al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace una relatoría de hechos en la que se expone a detalle una cronología de las acciones de gobierno para emprender el vaso lacustre. Desde 1997 ya existía la intención de construir una presa de acuerdo a un convenio suscrito por el entonces gobernador de Guanajuato Vicente Fox Quesada y el gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez y Guillermo Villalobos, director de la CNA (Comisión Nacional del Agua) para enviar 12 mm3 a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y 120 mm3 a la ciudad de León, Guanajuato.
La presa se llamaría San Nicolás, sin embargo al quedar inundado el poblado que lleva el mismo nombre se canceló el proyecto y en junio del 2005 reiniciaron las pláticas para levantar el embalse en El Zapotillo. El proyecto original con una cortina de 80 metros dejaba a salvo a la comunidad de Temacapulín, pero al subir el nivel de la misma a 105 metros, se afectará de manera directa a las poblaciones.
El 14 de abril de 2008, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del gobierno de Jalisco dictaminó a petición de una solicitud de los habitantes, que algunas construcciones del poblado de Temacapulín pueden considerarse de valor histórico y artístico y que pueden ser sujetos a conservación y restauración.
“Ellos dictaminaron que Temacapulín no puede ser inundado, y que digamos las obras arquitectónicas, históricas de Temacapulín si acaso pueden ser restauradas y mejoradas, pero no pueden ser dañadas de ninguna manera porque son un lugar importante para la humanidad, no sólo para Jalisco”, dijo Von Borstel, quien añadió que este dictamen no ha sido suficiente para las autoridades.
Se hace notar que el 23 de mayo los pobladores tuvieron la primera y última entrevista con el gobernador Emilio González Márquez en su residencia oficial de Casa Jalisco. Ahí les dijo que se oponían al proyecto porque lo desconocían y que en menos de tres meses les construiría unas casas “poca madre” para reubicarlos. Que el Templo de Los Remedios en Temacapulín sería reubicado “piedra por piedra” y que las tierras de cultivo ya no son necesarias porque ahora se siembra en invernaderos, y que si la mitad más uno de los pobladores se oponía, se cancelaba la presa.
“Ninguna de las cosas prometidas se han cumplido”, señala COA en el documento.
El colectivo pidió al Alto Comisionado que intervenga en el caso para que solicite a las autoridades la suspensión de las obras y construcción de la presa, hasta en tanto no se de a conocer el proyecto ejecutivo, se realicen las licitaciones y manifestación de impacto ambiental. Que paren las intimidaciones a los pobladores. Se haga pública la información del proyecto de El Zapotillo. Se abran procedimientos legales y transparentes de consulta a las comunidades afectadas y se garantice el derecho de manifestación de los afectados.
Los integrantes de Imdec AC comentaron que esta semana habrá movilizaciones en todo el país y a nivel internacional en una muestra de solidaridad con el pueblo de Temacapulín.
“Va a haber gente en el Distrito Federal, en Los Angeles, en Monterrey, en San Francisco y también va a haber acciones urgentes, cartas enviadas por organizaciones a nivel latinoamericano, a nivel internacional”, agregó Marco Von Borstel, mexicano de ascendencia alemana, pero que de ninguna manera es como lo expresó alguna vez el mandatario “extranjeros con intereses sediciosos”.
