Verdebandera

Promueve amparo madre del niño López Rocha

Eugenia Barajas – LA JORNADA

Presuntos agentes policiacos pretendieron detenerla sin orden de aprehensión, denuncia

Tras las amenazas de una detención ilegal de su libertad por elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) y temer por su vida, la madre del menor Miguel Angel López fallecido por tragar agua de los causes del río Santiago, María del Carmen Rocha solicitó un amparo ante un juez federal por el estado de indefensión en el que se encuentra, tras las versiones de un posible asesinato del niño y de la integración de una averiguación previa durante su agonía.

Se solicita un interrogatorio al coordinador del Consejo de Cámaras Industriales (CCIJ), Javier Gutiérrez Treviño para probar sus dichos sobre la hipótesis del homicidio.

«El día de ayer –jueves- se presentaron a mi domicilio particular aproximadamente a las 14 horas unas personas que dijeron ser agentes de la policía investigadora adscritos todos estos a la Policía Investigadora de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, amenazando a mi madre y señalándole que venían a privarme de mi libertad, sin presentar ordenamiento legal alguno emitido por autoridad competente que fundamente y motive el acto de molestia a mi persona y sin que se me haya citado a conocer los delitos que se me imputan y sin que haya citado dado a declarar en alguna averiguación previa».

Así son los señalamientos de la madre vertidos en la petición de protección ante la justicia federal, donde registró que las presiones de los agentes judiciales se dieron tras las declaraciones aparecidas en los medios de comunicación donde el mandatario estatal les reveló a industriales y en particular al coordinado del CCIJ, que las indagatorias en el caso de la muerte de su hijo darían un giro de 180 grados y de ser víctimas se convertirían en victimarios con la presunción de homicidio a causa de violencia intrafamiliar.

«En primer orden de ideas el actuar de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco y de la Policía Investigadora no es apegado a derecho ya que este no reúne los requisitos que la ley exige y se me pretenden detener sin saber los hechos que se me imputan ni quien me los imputa, razón por la cual me encuentro en total estado de indefensión jurídica, ya que al no haber sido citado a comparecer a ninguna indagatoria penal o judicial desconozco las circunstancias de tiempo modo y lugar de los mismos, ya que nunca he cometido delito alguno».

Se mostró sorprendida sobre la existencia, aparte de las dos denuncias presentadas por la suscrita por la muerte de su hijo, de una más iniciada de oficio por la PGJE el 29 de enero de 2008, una vez que se tuvo conocimiento formal de que el menor se encontraba hospitalizado, «de la cual ignoro el número y dónde se encuentra radicada y las causas por la que fue iniciada la misma, lo anterior resulta extraño toda vez que en esa fecha mi menor hijo aún tenía vida y no existía causa penal para que la procuraduría de inicio alguna averiguación penal, lo que indudablemente es una perversidad del procurador de Justicia».

«Con el actuar oscuro de la PGJE se me pretende intimidar y detener ilegalmente por parte de la policía investigadora ya que en este caso, no se reúnen los más elementales requisitos exigidos por los artículos 14 y 16 Constitucionales para que yo sea detenida o presentado ante cualquier autoridad más aún y sin que conozca la denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, y sin ser odio y vencido, y lo anterior constituye una violación flagrante de la ley en contra del suscrito y de mis más elementales derechos constitucionales».

Entre los testimoniales que se solicitan en descargo se pide que el titular del Servicio Médico Forense (Semefo) Mario Rivas Souza, comparezca para que declare sobre la autopsia practicada, así como de las causas de la muerte del menor y en otro punto pide se someta a un interrogatorio al coordinador del CCIJ, para que declare sobre sus declaraciones públicas y sobre su particular injerencia e interés legal ante el procurador de Justicia del Estado de Jalisco.

Redacción Verdebandera