Invitados por los alcaldes de El Salto y Juanacatlán, Alfonso Gutiérrez y César Coll no asistieron
“Es la muerte misma, la que baja todos los días”, alertó el presidente municipal Ramiro Tapia
Mauricio Ferrer – LA JORNADA JALISCO
El secretario de Salud en Jalisco, Alfonso Gutiérrez Carranza, y el titular de la Comisión Estatal de Agua (CEA), César Coll Carabias, fueron los funcionarios estatales más inteligentes el día de ayer: no asistieron a un recorrido por distintos puntos de contaminación en el río Santiago, al que fueron invitados por los alcaldes de El Salto y Juanacatlán, los priístas Joel González Díaz y Ramiro Tapia Ornelas, respectivamente.
Ambos funcionarios se perdieron del olor a huevo podrido, de los dolores de cabeza, de las ganas de soltar el vómito, de la picazón en la nariz, de la irritación en los ojos.
Despreciaron lo que ayer un grupo de senadores experimentó en carne propia, lo que los habitantes de El Salto y Juanacatlán viven todos los días, tan sólo por pararse unos minutos a un lado del puente que une los dos municipios y por donde cae una cascada que hace décadas era conocida como el “Niágara Mexicano”, pero que ahora lleva consigo una espuma compuesta de diferentes contaminantes que en algunas épocas del año vuela y se incrusta en la piel de los niños.
Los cubrebocas azules, los que suelen usar los doctores –como el secretario de Salud– en hospitales, de poco servían ayer ante el fétido olor de las negras aguas que fluyen por ese trayecto. Un hediondo perfume que se impregna dentro de las casas, aun cuando éstas se ubiquen en la parte alta de Juanacatlán.
Ayer, el camino que trazaron seis senadores de la Comisión de Medio Ambiente, invitados por el senador priísta por Jalisco se centró en cuatro puntos: el puente de Juanacatlán y El Salto; la desembocadura del arroyo El Ahogado, en el río Santiago –a escasos metros de la colonia Bonito Jalisco, donde vivía el niño Miguel Angel López Rocha, quien murió por septicemia según las autoridades, aunque su expediente clínico diga que tuvo una intoxicación por arsénico–; el cárcamo de El Ahogado en La Huizachera –un río relleno de lo que usted hace cuando va al baño– y la colonia La Asunción.
El sexteto de senadores fue acompañado por diferentes autoridades federales y estatales: ahí estaba el gerente regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Raúl Antonio Iglesias Benítez; el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José de Jesús Alvarez Carillo; el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José de Jesús Becerra Soto, y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades), Martha Ruth del Toro Gaytán.
Y sí, brillaron por su ausencia los responsables de la salud y de la calidad del agua para los jaliscienses. Fue mejor para ellos. Los argumentos de sus colegas burócratas, tanto federales como estatales, no funcionaron para convencer, ni a senadores, ni a ciudadanos, ni a reporteros.
Empezó con el reclamo de los alcaldes de los municipios unidos por la contaminación del Santiago en la presidencia municipal de El Salto. Más de 12 denuncias ante diferentes instancias ha presentado el primer edil, Joel González Díaz. La respuesta: nula, ni una sola respuesta.
“En el día es insoportable el olor, en la noche, es peor”, dijo el presidente municipal de Juanacatlán, Ramiro Tapia Ornelas. Agregó que, según datos de la misma Profepa, “Juanacatlán y El Salto están entre los tres sitios más contaminados de México, sólo por debajo del estado de México”.
Es “la muerte viva la que baja todos los días a Juanacatlán y El Salto”, resaltó.
Pero no pasa nada. Según José de Jesús Alvarez Carrillo, delegado de la Semarnat en Jalisco, “sólo el 22 por ciento de los ríos en México cuentan con tratamiento”.
Además, “el gobierno federal planea tratar por lo menos el 70 por ciento de los ríos en el país al término de 2012”, anunció.
La raíz de todos los males, según el burócrata federal: “la contaminación del río Santiago se debe al crecimiento de Guadalajara. Hemos descuidado el tratamiento de las aguas; hay industrias que no sólo tienen descargas directas al río sino también al drenaje, esto es difícil de cuantificar”.
De acuerdo con el delegado de la Semarnat, la dependencia tiene registradas unas 581 empresas en Jalisco, la mayoría de ellas, establecidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El plan de la Semarnat en el asunto del río Santiago es que las autoridades tengan en conjunto un inventario único y total de las descargas identificadas. Como segunda acción, la oficina requiere que haya un aseguramiento y un traslado seguro a un destino para el tratamiento de residuos peligrosos.
“No hay espacio cercano donde se depositen los residuos, es una ausencia en la región este sitio y se tienen que canalizar los residuos a Monterrey, lo cual tiene un costo muy elevado”, aseguró.
“¡Señor, no nos venga con clases de ecología!”, gritaron algunos ambientalistas.
Raúl Antonio Iglesias Benítez, delegado de la Conagua en la entidad, salió al quite: anunció dos macroplantas de tratamiento, una en Agua Prieta y otra en la Cuenca del Ahogado. Unos mil 400 millones de pesos listos ya para arrancar estas obras.
La Cuenca del Ahogado nace en El Colli, recorre El Palomar, Santa Anita, pasa por el Cerro del 4, por el Cerro de la Reina, luego al aeropuerto y así hasta el arroyo de El Ahogado.
“Tenemos todo para resolver el problema de contaminación en la zona sur y el arroyo del Ahogado para que no desagüe en la parte que corresponde a El Salto y Juanacatlán”, aseguró Iglesias Benítez.
Para que esto sea posible, una licitación para las plantas de tratamiento será emitida a más tardar el 16 de abril, fecha límite.
“Con el saneamiento de El Ahogado se rehabilitará la zona y se garantizará con agua de muy buena calidad para el riego en la presa de La Aurora”, dijo el funcionario.
Iglesias Benítez añadió que con ello, entre julio y agosto de 2008, se llevará a cabo una reclasificación del río Santiago: de ser tipo A pasará a tipo C, con lo que “se le va a devolver la vida al río”, según el delegado de Conagua.
Hasta ahí, los dos funcionarios del nivel federal libraban una reunión que duró cerca de tres horas.
La titular de la Semades, Martha Ruth del Toro Gaytán, iniciaba su exposición: “los estudios de la CEA, hechos en 2004, son análisis no recientes y quizá lo que reflejan no son una fotografía exacta de lo que ahora pasa”.
En seguida reveló que la dependencia que encabeza trabaja ya con la CEA y con la Universidad de Guadalajara en un estudio “puntual” sobre la contaminación del río.
Y es que, para la funcionaria estatal, “son más letales los componentes agroquímicos que se usan en el campo que los que utilizan en la industria”.
Después recurrió al recurso de su jefe, el gobernador Emilio González Márquez: “la culpa es de todos”, dijo Del Toro.
El representante de la Profepa en Jalisco, José de Jesús Becerra Soto –ex titular de Salud en la administración de Francisco Ramírez Acuña–, se excusó al principio de los cinco minutos que tenía para acallar toda responsabilidad: “poco podría yo aportar a lo que han dicho”.
Según Becerra Soto, la “agenda gris de la Profepa” contempla tres cosas: “empresas de riesgo ambiental, de residuos peligrosos y empresas que contaminan la atmósfera y cuerpos de agua”.
Ardua la labor de la Profepa que, de 2004 a 2006, realizó 254 visitas en el corredor industrial, 130 de ellas tan sólo en El Salto. Unas 81 visitas fueron para detectar la emisión de residuos peligrosos.
En 2007, la misma dependencia hizo sólo 42 visitas de inspección a empresas para revisar sus descargas de agua.
Para este 2008, el programa de trabajo contempla 80 visitas de inspección en El Salto. “Llevamos unas 17 visitas”, informó el delegado de la Profepa.
Es que “no es posible hacerlo todo en un chasquido de dedos”, aseguró el funcionario.
Minutos más tarde, hacia el final de la reunión, la rendición de cuentas que le había solicitado la senadora panista Eva Contreras sobre qué significaban esos números, en qué habían terminado, la campana salvó a Becerra Soto: era hora de partir a las aguas del Santiago.
La réplica ciudadana vendría primero por parte de Rubén del Río. Como solución, propuso la consulta a expertos de la sociedad civil, “los que no están cuidando la chamba”.
Rodrigo Saldaña, presidente del grupo ecológico Vida, de Juanacatlán, felicitó a los senadores, pues la de ayer fue “la primera vez que nos reciben funcionarios federales”.
Saldañan fue más allá de la contaminación. Pidió que se decrete una ley para que los funcionarios que prometen y que no cumplen sean castigados.
“He escuchado de recursos, de proyectos, de sociedad civil, de inspecciones, pero de 2002 a la fecha la Profepa no nos ha contestado una denuncia que hicimos”, añadió el activista.
Agregó que incluso se le hizo llegar una carta a Felipe Calderón Hinojosa. Muchas gracias, fue la respuesta. Nada hasta ahora.
En seguida, Saldaña hizo un kit para cada uno de los senadores: un ejemplar del estudio Mártires del Río Blanco –que hizo el grupo en conjunto con el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec)–, cinco videos alusivos a la contaminación en el Santiago y copias de más de 15 documentos, entre ellos los estudios del CEA con la UdeG, con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y peticiones a las que nunca han hecho caso personajes como el propio Gutiérrez Carranza.
“¿Qué se necesita para que el gobierno voltee a ver a este pueblo?”, preguntó la maestra Estela Cervantes.
“Saben tanto las autoridades que ocultan la verdad, o saben tanto que reducen el problema a simples cuestiones sanitarias. Ni el poder ni el dinero servirá de vacuna para sus hijos contra estos males”, advirtió la docente.
Francisco Parra Cervantes, médico local, habló del estudio que hizo como tesis ante la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre niños expuestos ante el ácido sulfhídrico y no expuestos. Una investigación, ni siquiera hojeada desde que Alfonso Petersen era titular de Salud en Jalisco.
María del Rayo Calderón, miembro del consejo consultivo de la Semarnat, propuso que se decretara la zona como un problema de salubridad, así como también como una zona sujeta a una restauración ambiental.
Y remató: “No estoy de acuerdo con el delegado de la Semarnat”.
El diputado local priísta, Jorge Villanueva, lamentó que como pretexto se utilice que “el crecimiento natural de la población provoque estos problemas. El único responsable es el estado”.
La senadora panista Eva Contreras intervino: “antes que panista soy ciudadana, igual que ustedes”. Pero a la suplente de Alberto Cárdenas Jiménez también le achacaron grupos ambientalistas de ser la responsable de la destrucción de manglares en Puerto Vallarta para la construcción de desarrollos turísticos.
“Eso es otro asunto”, respondió. Eso sí, se comprometió a llevar las propuestas de los ciudadanos ante el Presidente de la República.
El senador de Michoacán por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles, enfatizó en emprender juicios contra los responsables. Pero ya estando abajo, al parecer las aguas le hicieron cambiar de opinión y dijo que se tendrán que hacer las investigaciones correspondientes.
El senador priísta de Jalisco, Ramiro Hernández, dijo que “hay unos más responsables que otros, y son aquellos que tienen la facultad y autoridad para que este problema no se siga dando”.
De igual forma, en un foro alterno al de los senadores, el vicepresidente de la Asociación de Industriales de El Salto, Rubén Reséndiz, expresó la necesidad de modificar las normas mexicanas de contaminación.
“Hay quienes le quieren dar vuelta al asunto, estoy hablando de las autoridades, aquellos que hacen de lado su responsabilidad que se atengan a las consecuencias. La Comisión Nacional del Agua, finalmente hablamos de un río federal y tenemos una Comisión Estatal del Agua que tiene gran responsabilidad y que tiene que entrarle a este problema, así como una Semades que también tiene que trabajar más fuerte”, dijo el empresario.
“Ha faltado voluntad política”, dijo el industrial, cuya frase concuerda con la que mencionó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República, Jorge Legorreta Ondorica, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien a los 10 minutos de haber bajado al puente de Juanacatlán ya presentaba dolor de cabeza e irritación en los ojos.