Redacción Verdebandera
El Congreso de la Unión pediría al gobierno estatal aclarar todo el proyecto: que informe sobre sus beneficios y todos los permisos que lo soportaron. Foto: Iván García
Agustín del Castillo – PÚBLICO
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión analiza desde el 21 de mayo un exhorto al gobierno de Jalisco para que cumpla con las leyes ambientales y penales que presuntamente ha violado con la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, obra actualmente suspendida.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Diego Cobo Terrazas, presentó ante la permanente la propuesta de un punto de acuerdo para expresar la preocupación de los legisladores en torno a las denuncias de violaciones a las leyes ambientales y los derechos individuales y colectivos supuestamente cometidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) en el proyecto carretero, sin contar con manifestación de impacto ambiental ni autorización de cambio de uso de suelo forestal, situación similar a otras obras carreteras construidas en la entidad, según ha sido documentado por Público a partir de su edición del 8 de diciembre de 2003.
La propuesta central es que “la Comisión Permanente […] exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, para que todas las obras y actividades que se realicen para proyectos carreteros, sean con estricto apego a la normatividad ambiental estatal y federal vigente”.
Además, se pide al gobierno de Emilio González Márquez “informe del análisis costo-beneficio del proyecto en la determinación de impacto, valoración y propuesta de medidas de mitigación y del estudio de factibilidad que se presentaron para el proyecto de ejecución de la obra, así como del documento[s] donde se evaluaron las consideraciones que conforme a su competencia correspondan”.
También debería entregar la “documentación que ampare la legalidad de las obras y actividades desarrolladas hasta la fecha, correspondientes al tramo carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, en el que se incluyan los estudios de impacto ambiental, la autorización de cambio de uso de suelo y el [los] permiso de aprovechamiento forestal”. Otro elemento que se debe conocer es “la documentación que acredite las medidas de mitigación y compensación dictadas por la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] en 2005”.
Los legisladores también interpelan a la Semarnat a que “informe a la brevedad las autorizaciones correspondientes”, en caso de que existan, y sus condicionantes.
La Profepa, por su parte, debe entregar “los resultados de las visitas de inspección realizadas por esa procuraduría en el tramo carretero de Bolaños-Huejuquilla El Alto, en mayo de 2005 y abril de 2008, que dieron como consecuencia la clausura de obras y actividades. Así como los resultados de los procedimientos administrativos instaurados en contra de la Sedeur del gobierno de Jalisco por este proyecto”.
El diputado Coba resalta que la zona afectada no sólo es posesión inmemorial de los huicholes, sino una superficie serrana protegida desde 1949 como área de protección de recursos naturales (según la recategorización de 2002), lo cual hace más graves los delitos ambientales allí cometidos.
En esta zona, añade, “se localizan más de dos mil especies de plantas vasculares de afinidad holártica y neotropical; 300 especies de aves terrestres, acuáticas y marinas de afinidad neártica y tropical, de las cuales al menos quince son endémicas a nuestro país; más de 800 especies de insectos; cerca de 80 especies de mamíferos, de las cuales más de quince son endémicas y ocho están protegidas por la NOM 059; más de 60 especies de reptiles y 16 de anfibios, y de estas, más de la mitad son endémicas y al menos diez se encuentran amenazadas; alrededor de diez especies de ictiofauna [peces] de las cuales una es endémica”.
Las obras “que hasta la fecha se han realizado se han efectuado contra todo orden legal”, asegura el legislador.
Comunidad rompe con alcalde de Mezquitic
• El pasado fin de semana se realizó la asamblea comunitaria de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie) en el predio Ciénaga de los Caballos, en la Sierra Madre Occidental, lo que sirvió de desenlace del enfrentamiento entre los comuneros huicholes y el presidente municipal de Mezquitic, Ernesto de la Torre Martínez.
El saldo: el rompimiento de toda relación entre ambos, pues el alcalde se negó a reparar daños ambientales y a pagar costos de los procesos legales que han debido seguir los wixaritaris para detener la obra carretera Bolaños-Huejuquilla, clausurada por las ilegalidades cometidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano en su construcción (Público, 29 de febrero y 10 de abril de 2008), de la cual el munícipe aceptó corresponsabilidad, aunque “menor”.
La entrevista, realizada el pasado sábado en el paraje que se ubica justo sobre el paso carretero, y que ha sido tomado por los huicholes desde el 11 de febrero pasado, transcurrió tensa, con presencia de policías armados y falta de acuerdos sustantivos. Los indígenas acusan al alcalde de haber participado en la falsificación de un acta de asamblea que realizó la Sedeur para presentarla como aprobación del “derecho de vía” en 19 kilómetros en que la ruta afecta territorio de esta comunidad (ver ediciones del 16 y 20 de febrero de 2008).
Por si fuera poco, el derribo de arbolado, la remoción de vegetación original y el corte de corredores de flora y fauna no están autorizados, lo que lleva a configurar delitos ambientales y contra el patrimonio tipificados en el Código Penal Federal, lo que motivó a entablar una denuncia formal el pasado 22 de abril en la Ciudad de México.
A la asamblea acudió el presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí: en el informe sobre los debates, asegura que la carretera es una imposición “a fin de darle acceso a una nueva mina de oro localizada en tierras de la vecina comunidad indígena de San Andrés Cohamiata”.
Precisa que “durante la asamblea se acordó integrar la Pericial de Avalúo Topográfico y Ambiental, que habrá de presentarse la semana próxima en el Juicio de Garantías 596/2008 [el cual tiene una suspensión de plano vigente] para cuantificar los daños forestales, ambientales, arqueológicos, culturales y morales” padecidos por Tuapurie.
– Claves
Empresas a investigar
La averiguación previa 90/UEDIAPLE/DA/23/2008, iniciada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, de la PGR, el 22 de abril de 2008, contra cuatro funcionarios de Sedeur de Jalisco, por las destrucciones ocasionadas en la sierra Huichola con la carretera Bolaños-Huejuquilla, también involucra a 17 empresas, responsables de construir distintos tramos:
• Constructora Jepasa, SA de CV
Del kilómetro 10.7 al 16
• Supercate, SA de CV
Del kilómetro 16 al 21
• Construcciones y Carreteras, SA de CV
Del km 21 al 22.6
• Constructora Industrial Chávez, SA de CV
Dos tramos: del km 22.6 al 24, y del km 123.4 al 130
• Caminos Sierra Madre Occidental, SA de CV
Del km 24 al 28
• Construcret de México, SA de CV
Puente vehicular en el km 22.66
• Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, SA de CV
Del km 61 al 65
• Dinfrasur de México, SA de CV
Del km 65 al 70
• Constructora Tetl, SA de CV
Del km 70 al 75
• Constructora Autlense, SA de CV
Del km 75 al 80
• Urbanizadora 2000, SA de CV
Del km 80 al 85
• Agatso Pavimentos y Construcciones, SA de CV
Del km 85 al 90
• Arrentrac, SA de CV
Del km 90 al 95
• Her-Padi, SA de CV
Del km 95 al 100.26
• Marjov Construcciones, SA de CV
Del km 106 al 111
• Conurmaq, SA de CV
Del km 111 al 117
• José Fernando Purata Campos
Del km 130 al 136.5
