Redacción VerdebanderaIndígenas nahuas denuncian que el Senado ha tomado decisiones sin escucharlos
Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
Gaudencio Mancilla, del Consejo de Mayores de Ayotitlán, muestra un mapa sobre los límites territoriales del pueblo nahua
Jorge Covarruvias – LA JORNADA JALISCO
La riqueza forestal y la minera Peña Colorada, en el municipio de Cuautitlán de García de Barragán, acabaron con un siglo de pacífica convivencia entre los pueblos de Jalisco y Colima, es el diagnóstico que hace el Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco, AC, cuyo organismo fue creado en septiembre de 2006 por las víctimas del conflicto de límites territoriales para defenderse de los gobiernos de ambos estados, empresas y cacicazgos.
En un documento extenso que entregaron a diversas autoridades estatales y federales desde el pasado mes de enero, comenzando por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; el gobernador del estado, Emilio González Márquez, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, la asociación civil manifestó lo siguiente: “Por cerca de un siglo, los pueblos de Jalisco y Colima vivimos en pacífica convivencia, hasta que la riqueza forestal del Cerro Grande y la minera Peña Colorada, así como las ricas y hermosas playas La Culebra y San Francisco, movieron la codicia de políticos colimenses que trataron de extender su frontera, alegando que algunas de esas propiedades estaban registradas en Colima”.
Jesús Hermenegildo García, Esteban Guzmán Pulgarín, Pedro Enciso Cortés, Francisco Javier Aguilar Roblada, Félix Monroy Rutilo y Plácido Villa Ruiz, indígenas de la Sierra de Manantlán avecindados en las comunidades nahuas de San Antonio, Las Pesadas, Plan de Méndez, El Platanar, Los Potros y Changavilán, en la zona de conflicto limítrofe, refirieron que los miembros que integran la Comisión de Límites Territoriales de las Entidades Federativas (CLEF) en el Senado de la República han tomado diversos acuerdos sin escucharlos a ellos, que son los propietarios legítimos de un territorio entregado en 1757 por el rey Carlos III de España, reconociendo como suyas 424 mil hectáreas que actualmente abarcan los municipios de Tolimán, Tuxcacuesco, Autlán, Purificación, Casimiro Castillo, La Huerta y Cihuatlán.
“¿Por qué ese trato tan indigno y despectivo hacia nosotros? Estamos de acuerdo que en las ciudades es lo más frecuente hacia nosotros los indígenas, pero en nuestras propias tierras, montañas, casas y escuelas, levantadas por nosotros, venir a tratar de imponer obras de relumbrón para aparentar que hay progreso y que no faltan los servicios públicos a fin de seguir dándole largas al problema de fondo, es un trato injusto, cruel e inhumano que nos resulta inaceptable además de incomprensible”.
De acuerdo con los inconformes, fue en la administración del hoy secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, que el asunto cobró relevancia cuando el entonces mandatario demandó, en 1997, al estado de Colima ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación –derivado de una queja-denuncia interpuesta por el poblado de Las Pesadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1991– iniciándose el trámite de la Controversia Constitucional num. 3/1998, en que se reclama una extensión de 406.8 kilómetros cuadrados del territorio que les pertenece, pero que es disputado por Jalisco y Colima.
Después de ocho años de tramitarse en la primera sala de la Suprema Corte la controversia, iba ganando terreno a favor de Jalisco; sin embargo, el gobernador en turno, Francisco Ramírez Acuña, abandonó el litigio e incluso se mostró indiferente a la contrarreforma constitucional que transfirió la responsabilidad del máximo órgano de justicia de la nación, al Senado de la República, cuya instancia ni siquiera ha aprobado la Ley Reglamentaria que permitirá resolver alguno de los cuatro expedientes jurídicos del conflicto.
Manifiestan que Héctor Pérez Plazola, quien fuera secretario general de Gobierno en el pasado sexenio, ahora como senador de la República ha mantenido su postura de indiferencia, y ejemplo de ello es que no asistió a la reunión de la Comisión de Límites Territoriales en septiembre del año pasado, donde se presentó el caso de manera informal.
Una historia de matanzas
Los enfrentamientos e incidentes de violencia entre los ayuntamientos de Cihuatlán, Jalisco, y Minatitlán, Colima, aunque tienen varios años de suscitarse con decenas de nahuas muertos, heridos y desplazados de sus poblados, señalan los afectados, durante 2007 hubo dos momentos especialmente graves y violentos en que las corporaciones policiacas de ambos estados estuvieron a un paso de “chocar y medir la fuerza de su armamento”: la detención, el 13 de junio, de ocho ejidatarios de Plan de Méndez por policías de Colima que trabajaban en la renovación de un puente colgante sobre el río Marabasco, que permite el libre tránsito de personas, servicios y mercancías entre ambas entidades, y la suspensión en el mes de noviembre de una obra para abastecer de servicios públicos a los habitantes de la cuenca del Marabasco.
Lo anterior se suma al asesinato de Raúl Delgado Benavides, presidente municipal de Cuautitlán, el 15 de julio de 2006 en una emboscada “artera”, pues fue el único funcionario que nunca llegó a arreglos con la minera Peña Colorada y que reclamó en varias ocasiones a Ramírez Acuña su “tibieza, falta de congruencia y su tolerancia a las violentas incursiones del estado de Colima contra los predios agrícolas y forestales de los nahuas”, y el 20 de abril de 2007 el homicidio de Aristeo Flores Rolón, miembro del Consejo de Mayores de Ayotitlán, sin que hasta la fecha se conozcan resultados de investigaciones, ni los nombres de los asesinos.
Ambos asesinatos se suman al de Nazario Aldana Villa, el 31 de diciembre de 2003, también integrante y refundador del Consejo de Mayores; así como el de Concepción Gabiño Quiñónez, a mediados de 2006, perteneciente a la comunidad indígena de Cuzalapa, en la Sierra de Manantlán. Quiñónez encabezaba la lucha de su comunidad contra la corrupción de la Procuraduría Agraria que, a base de trampas, pretendía imponer el Programa de Certificación de la Tierra (Procede) en la comunidad.
A puerta cerrada
El 12 de diciembre del año pasado, los gobernadores de Colima y Jalisco, además de los alcaldes de Cuautitlán y Minatitlán, así como el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se reunieron a puerta cerrada en la escuela primaria intercultural bilingüe Kuikakalco, en el poblado de Plan de Méndez. Los afectados exigen que se muestren las actas de los acuerdos tomados, ya que los altos funcionarios llegaron en helicópteros, sin mediar la mínima consulta ni diplomacia a un territorio que les pertenece.
El Frente Regional Pro Manantlán puntualizó que los acuerdos pactados en dicha reunión no son suficientes, pues el tema de fondo está en desactivar el apartheid o segregación racial con que una minoría de personas trata a su cultura y territorio, lucran desde hace décadas mediante recursos ilícitos y criminales, y la explotación despiadada de su trabajo, los recursos acuíferos y forestales y minerales de la región.
Por lo anterior, la asociación civil emplazó al gobierno federal a reconocerla como gobierno civil o ciudadano e instar a un referéndum en caso que se niegue, pero sin la participación de ningún partido político.
“Nosotros nacimos aquí, las tierras son nuestras, los ríos y aguas nos pertenecen, no nos negamos a compartir los recursos dentro de un consenso o pacto social razonable y justo, donde no sigamos siendo las víctimas predilectas de la riqueza ajena, sino socios y actores dignos del desarrollo sustentable y la preservación de la biodiversidad”
