Redacción Verdebandera
Luis Herrera – EL INFORMADOR
La Secretaría General de Gobierno de Jalisco giró instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), para que confirme la veracidad y sustento técnico del polígono de Los Colomos en el municipio de Zapopan, que se originó con un levantamiento topográfico en el año 2005.
Esto, motivado por la detección que hizo la Dirección de Catastro de Zapopan de un empalme entre el predio de un nuevo centro comercial y ese polígono por más de cinco hectáreas, documentado por EL INFORMADOR el 8 de diciembre de 2008. Dos días después, Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno, declaró que recibiría un informe de Zapopan del que ahora da cuenta en entrevista:
«Cuando Zapopan nos dice que de acuerdo a la información catastral que tienen la interpretación es que sí está dentro de ese polígono (la plaza), pues entonces nos vemos en la necesidad y yo he ordenado que este asunto se revise, ¿cómo?, a través de la revisión de los técnicos en esta materia, pues es precisamente Desarrollo Urbano los que realizan con la mayor capacidad científica y técnica el desarrollo de la ciudad y el alcance de las limitaciones.
«Tendrán que preparar una revisión que ya está solicitada para efecto de verificar cuál es el alcance de ese polígono y si está o no está dentro (la plaza), hay un dictamen o una opinión técnica de Desarrollo Urbano de 2005, tendrá que revisarse y ahí encontraremos cuál es la posición final que adopte el Estado al respecto».
– ¿Será a través de un nuevo levantamiento topográfico en la zona?
– Desarrollo Urbano tendrá que darnos la opinión fundada de cuál es el alcance de ese polígono, para que la Secretaría de Gobierno pueda asumir las decisiones correspondientes para defender, si es el caso, la propiedad que pudiera tener el Estado ante las instancias que correspondan. Hemos instruido también a la Procuraduría del Estado, quien tiene la representación formal jurídica para actuar, a fin de que, con base en lo que se encuentre, pueda actuar y defender también, por lo menos, lo que pueden ser derechos pretendidos del Estado en toda esa zona.
«Hay que tomar en cuenta que en el desarrollo de las ciudades, nos hace falta mucho para tener realmente un trabajo a la altura de que no queden dudas de muchos temas. En materia agraria, que también tiene que ver aquí con la Dirección de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Gobierno, todos los días veo asuntos donde la superficie del país se ha repartido una o dos veces adicionales a lo que realmente es, y tenemos decretos presidenciales que pues es la Presidencia la que tiene la mayor infraestructura para determinar este tipo de resoluciones, y han repartido tierras de más y hay ejidos enfrentados a comunidades agrarias, porque están sobrepuestos los terrenos con litigios que duran décadas. Y cuando hay una resolución final de la corte pues hay que aplicarla y hay afectaciones que son muy dolorosas, y ahí también el Estado tiene que ver cómo resolverlo; esto es de diario y en la ciudad, que pareciera que debería ser menos difícil, pues también pasa, entonces tendremos que esclarecerlo y actuar en consecuencia».
Los desarrolladores del centro comercial cuentan con una minuta de trabajo en la que los funcionarios Adolfo Martínez Cortinas, jefe del Área de Asignación, y Luis Ángel Mendoza Magaña, jefe del Área Jurídica, de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario del Estado, concluyen con los particulares que la plaza está fuera del polígono, el 27 de junio de 2007.
– ¿En dónde está el error, en el polígono de 2005 o en esa minuta de trabajo?
– «Es una minuta de reunión de trabajo, no es la ley, ni es la resolución del asunto, es justamente eso: una minuta de una reunión de trabajo donde se analizaron la documentación y la información que en ese momento había, y a criterio de los funcionarios que ahí estuvieron encontraron esa determinación, pero esa determinación no es la ley, no es una resolución, ni siquiera es un acuerdo, entonces es eso, la minuta de una reunión».
Cuando los funcionarios de Patrimonio Inmobiliario concluyeron que la plaza estaba fuera del polígono, lo que hicieron fue reconocer implícitamente que el polígono vigente tiene un error en su extensión supuesta de 81 hectáreas, con esta nueva revisión la secretaría busca tener certeza del trabajo de 2005.
«Determinará Desarrollo Urbano si es necesario un nuevo levantamiento o no, pero sí le estoy pidiendo que revise cuál es el alcance de ese dictamen y ese levantamiento de 2005, si esto concluye en la misma forma y si está o no está este desarrollo (la plaza) de lo que puede ser la propiedad del estado».
– Si esta revisión confirma que el polígono es correcto, ¿Optarán por la vía legal o por una negociación para compensar la afectación?
«Yo no quiero adelantarme a hacer conjeturas hasta no tener formalmente la opinión técnica fundada y expresada por la propia Sedeur, dependiendo de cuál sea el alcance de esa resolución, de esa visión técnica, pues ya veremos que es lo más conveniente, pero puedo dar algunos criterios: Hay algunas cosas de sentido común, nadie está obligado a lo imposible, dicen que quien construye sobre terreno ajeno pierde lo que construyó y puedes tener el derecho a demolerlo, pero creo que destruir la riqueza creada o la inversión instalada pues eso no le produce nada a nadie; entonces habrá que actuar con sentido común, sobre todo con base en los resultados técnicos y con base en la ley».
El polígono en Zapopan presenta más de 40 hectáreas ocupadas por desarrollos exclusivos. La parte libre, el predio del Arroyo de la Campana, fue demandada por la representación legal de la Compañía Industrial de Guadalajara (Cijara), que la afirma su propiedad, con documentos que indican que el Estado no poseería en realidad más de 20 hectáreas.
– La Procuraduría ha interpuesto juicios de reivindicación. Según el polígono de 2005, dentro se encuentran otros desarrollos habitacionales. Hay personas que ahí viven. ¿Qué tipo de salidas tiene la secretaría?
– «Debo decir que ninguna fácil, porque precisamente hay una problemática en primer lugar social, también jurídica, porque la situación jurídica es la que marca quién tiene derecho y quién no tiene, pero esto tiene que determinarlo finalmente el Poder Judicial, ni siquiera el Estado, el Poder Judicial es el que al final de un conflicto determinará quién tiene razón, y sobre esa resolución jurídica habrá que ver los alcances sociales y las formas de encontrar alternativas para hacer justicia en sentido estricto de la atención de una resolución, y también en sentido social de no hacer un despropósito y generar ahí una situación todavía peor».
– La organización Ciudadanos por Los Colomos ha propuesto que el Congreso desincorpore el área ocupada, se venda a los particulares y los recursos se destinen a fines ambientales. ¿Es factible de llevarse a cabo?
– «No se puede descartar, es una alternativa ciertamente, y es una de las alternativas posibles, no me atrevo en este momento a recomendarla pero tampoco la desacreditaría; habrá que esperar un poco y tener más claro el panorama con la decisión y el planteamiento de Sedeur para, por lo menos, visualizar cuál sería el alcance de las cosas».
– ¿Cuánto demorará la resolución técnica de Sedeur sobre el polígono?
– «Tampoco puede extenderse mucho, (será) el tiempo necesario para corroborar o plantear una situación distinta, la Sedeur también tiene un cúmulo de asuntos, ya vemos todos los conflictos con el Tutelar y los puentes y demás, no son pocos temas ni son fáciles, pero espero que con la información técnica que se tiene esto no espere demasiado».
– ¿Con el trabajo de la Procuraduría la sociedad puede confiar en que se sabrá qué funcionarios no protegieron el área pública dando lugar a las invasiones?
– En esta materia de los bienes públicos hay conductas que en su caso pueden ser señaladas, no me refiero a este caso, estoy hablando en general, cuando no hay una actuación adecuada de los funcionarios pues puede ser por falta de capacidad, por acumulación de asuntos, por negligencia o puede ser por corrupción, podríamos dar casos en la historia de las administración de que así se da, y ahí también finalmente los expedientes tiene que llegar un momento en que sean totalmente públicos, incluso los expedientes judiciales, eso es parte de la transparencia para que se tomen responsabilidades de quienes en su momento actuaron, desde el ámbito del Estado, del Poder Judicial y que no quede oculto, pero ciertamente todo en su tiempo.
– Las organizaciones ciudadanas señalan que les gustaría ver un compromiso más grande por la defensa de Los Colomos, particularmente en Zapopan. ¿Qué opina?
– Creo que no es un asunto tan sencillo, es un asunto complejo, donde es muy legítimo el derecho de las asociaciones vecinales para defender su visión particular, y ahí por ejemplo cuando se toma una decisión de abrir una avenida pues buscan cómo no se abra, porque va a afectar a los que están ahí, pero por encima de eso está el bien general de la ciudad, y cuando se toma la decisión de una presa pues también hay quien dice «¡No!, porque aquí vivimos y nos va a afectar», pues sí, sí va a afectar, pero tiene que verse el bien público, el bien común, el bien general de la necesidad de abastecimiento de agua para toda la metrópoli de Guadalajara.
«Ahora, esto no puede ser arbitrario, no puede ser nada más impositivo, tiene que ser respetando garantías, tiene que ser con el estado de derecho pero finalmente no puede prevalecer el bien particular ante el bien general, no puede prevalecer el interés legítimo parcial contra el bien común, es mi visión, y las asociaciones de participación ciudadana tienen un espacio y qué bueno, creo que Jalisco en ese sentido hace 10 años que nos dimos una reforma que es un ejemplo a nivel del país, que tenemos el referéndum, la iniciativa popular, tenemos el plebiscito que sólo unos cuantos Estados de la república, por cierto la mayoría de ellos originados bajo los principios del PAN, los que han ido abriendo espacios y qué bueno que se dé esa participación».
