Redacción VerdebanderaMaricarmen Rello – PÚBLICO
Porque el basurero municipal conocido como El Magisterio atenta contra la salud de los vallartenses y contra uno de sus recursos naturales más preciados, el estero conocido como El Salado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) solicitó al presidente municipal de Puerto Vallarta, Javier Bravo Carbajal, que lo clausure.
El ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián también recomendó al primer edil que ordene el rescate y rehabilitación del entorno afectado, pues el basurero carece de un sistema eficiente de control y manejo de los gases que generan los desechos sólidos, así como de los lixiviados que durante años se han estado escurriendo al estero.
Esta queja, que se abrió de oficio —tras una nota periodística—, era una más entre los asuntos rezagados del año 2004, la cual finalmente derivó en la recomendación 11/08, luego de que el organismo defensor acreditó violaciones diversas a los derechos humanos y el incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 083-Semarnat-2003. De acuerdo con Álvarez Cibrián, la operación del vertedero fuera de las condiciones requeridas no deteriora la calidad de vida de la población aledaña a El Magisterio, sino que atenta contra su seguridad personal.
“La queja oficiosa fue abierta en favor de la sociedad y contra el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. […] Se comprobó la violación de los derechos humanos a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud y a la vivienda digna, y se afectaron los derechos de niñas y niños”, indicó.
La Administración municipal anterior incurrió en informes no veraces, pues a la CEDHJ le respondió que existían celdas especiales para lixiviados y estudios de impacto ecológico, y no era así. Eso, de acuerdo con el ombudsman, “denota indolencia y falta de sensibilidad ante la grave afectación al entorno ecológico”.
En el vertedero laboran 35 empleados municipales, entre personal de seguridad y saneamiento, con todas las prestaciones de ley, pero carentes de servicios de comedor, agua potable, agua corriente o sanitarios. “Esta irregularidad afecta de forma directa los derechos humanos de los servidores públicos de aquella Administración y, aunque este vertedero debe iniciar el proceso de clausura, cierre y abandono definitivos, el personal que ahí labore deberá, mientras tanto, hacerlo en condiciones que le permitan un espacio higiénico y seguro”, se pronunció.
Asimismo, solicitó detener los permisos de construcción y las constancias de habitabilidad de nuevos fraccionamientos en la zona, e implementar medidas para evitar más daños ecológicos.
Comentó que no todo es negligencia del municipio, pues la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) federal fue omisa en vigilar la operación del basurero, y es responsable “por la falta de aplicación de las medidas correctivas y las sanciones previstas por la normativa vigente”. Sin embargo, contra esta instancia federal no puede emitir recomendaciones.
Finalmente, solicitó al gobernador y al Congreso del Estado la aprobación de una partida económica extraordinaria —no especificó el monto— para la atención a la salud de los vecinos, y que además destinen recursos para integrar un Fondo Estatal de Protección al Ambiente.
La CEDHJ arremete contra bailes en El Pitillal
• La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) pidió el cese de permisos para bailes masivos en la zona conocida como Ribera de El Pitillal, en Puerto Vallarta, que duran horas afectando el sueño y las tareas cotidianas de decenas de familias, y recomendó al presidente municipal vallartense, Francisco Javier Bravo Carbajal, que ni en este lugar ni en otros cercanos a zonas habitacionales se realicen actos masivos que afecten los derechos humanos de los vecinos.
Desde 2006, habitantes del fraccionamiento Ex Haciendas de El Pitillal encabezan una pugna, entonces contra el presidente municipal de Puerto Vallarta, Gustavo Villaseñor, quien, sobre los propios reglamentos, otorgaba permisos para bailes masivos cada quince días, con asistencia promedio de diez mil personas en un gran predio donado presuntamente por los fraccionadores para la explotación por parte de terceros.
“La comisión constató que desde las tres de la madrugada los motores de los tráileres inician con el ruido, luego se instala el escenario y se escucha el golpeteo para el ensamble de las piezas. Aproximadamente a la una de la tarde se escucha música ambiental con el volumen demasiado alto y las vialidades de las colonias se ven seriamente afectadas”, narró el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Los vecinos padecen además problemas de acceso a sus propias viviendas, invasión del estacionamiento y basura, entre otras molestias.
En su recomendación 10/08, solicitó al primer edil actual —quien fue omiso a las medidas cautelares dictadas en 2007— que promueva la construcción o habilitación de un lugar adecuado para eventos masivos.
