Agustín del Castillo
Por: Agustín del Castillo / Fotos: Sergio Hernández Márquez
27 de febrero de 2022.-Jalisco está inmerso en un proceso de modernización de su marco legal para los bosques. Es necesario, pues la baja aplicación de la ley suscitada por la crisis del sector ambiental en México, en buena medida sujeto a determinaciones de instituciones federales hoy debilitadas en presupuesto y personal, además del agravamiento de la inseguridad en muchos territorios rurales, ha hecho olvidar que el espíritu de la concurrencia hace que los estados y los municipios puedan (incluso deban) participar activamente en la conservación y el fomento del desarrollo económico y social de los dueños de más de cuatro millones de hectáreas con vocación forestal.
El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Sergio Graf Montero, y el consultor forestal de la organización civil Política y Legislación Ambiental (Polea), Salvador Anta Fonseca, coinciden en este proceso que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Canadá para Iniciativas Locales (FCIL), que ya tiene 35 años de operar en México en proyectos de diversa índole.
la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco ha estado vigente desde el 2004, para actualizarla, se ha construido un proceso participativo donde se genera un diagnóstico que identifique las necesidades específicas del sector forestal, “evitando que se dupliquen contenidos de la legislación federal”, y del mismo modo, “armonizarla con los tratados internacionales que tienen puntos de contacto en la materia, incluyendo el Acuerdo de París sobre cambio climático y la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible”, explica Anta Fonseca.
La propuesta de ley camina a dar respaldo jurídico a la intervención y participación de las juntas intermunicipales de medio ambiente, en las que Jalisco es pionero como esquema de gobernanza para que los gobiernos locales incidan en los problemas que se dan a nivel cuenca, y al Fideicomiso para el Desarrollo Forestal de Jalisco, en el marco de la gestión forestal estatal.
Incluye “salvaguardas sociales y ambientales con énfasis en mujeres, jóvenes y comunidades originarias; fortalecer la coordinación entre las políticas públicas forestales con las de desarrollo agropecuario y cambio climático; y asegurar que se tenga en el estado programas estatales de sanidad, restauración y manejo del fuego”.
Las salvaguardas “son las ‘reglas de juego’ […] el conjunto de instrumentos, acuerdos, procesos y herramientas que permiten que en la implementación de políticas, medidas y acciones […] se disminuyan los riesgos, se fomenten los beneficios y se respeten los derechos de las comunidades y sus territorios”, señala la WWF (https://wwf.panda.org/wwf_news/?324213/Que-son-las-Salvaguardas-Sociales-y-Ambientales-para-REDD).
Para el proceso, Polea aporta componentes como la realización de entrevistas a actores clave del sector forestal, la participación en foros y espacios de análisis y revisión de las políticas forestales en el estado (entre estos, Consejo Estatal Forestal, Consejo Estatal REDD+, Consejos Regionales de Desarrollo Forestal); despliegue de una encuesta en línea para que los ciudadanos conozcan y opinen sobre los contenidos de la nueva Ley Forestal; y la sistematización de los insumos recabados mediante el proceso participativo para fortalecer la propuesta de Ley.
LA RIQUEZA EN JUEGO
Jalisco cuenta con un enorme patrimonio natural, sexta entidad más extensa del país, quinta en biodiversidad, cuarta en aportación al Producto Interno Bruto del país y primera en PIB agropecuario (Esto último, hace especialmente importante que se ordene el uso del territorio y la actividad forestal genera genuino desarrollo, sin pérdida de sus valiosos servicios ambientales.
Conforme al Mapa de Coberturas del Suelo al año base 2016, elaborado por la Comisión Nacional Forestal y la Semadet (2021), de una superficie de más de ocho millones de hectáreas, según la carta geográfica y el mapa oficial del estado, cuatro millones 402,539 hectáreas presentan cobertura forestal.
“Las coberturas forestales en el Estado se distribuyen en trece tipos de vegetación”, entre los cuales, la selva baja caducifolia y los encinares son los ecosistemas con mayor superficie, seguidos por los bosques de pino.
“Sin embargo, alrededor de 56% del territorio jalisciense presenta algún grado de perturbación, es decir, le ha ocurrido pérdida y/o degradación de la vegetación forestal nativa. Esta situación se ha sostenido e incluso incrementado, incidiendo en forma directa para disminuir la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales y productivos».
«La conservación y protección del capital natural del estado requiere de respuestas inmediatas, que centren la atención en el fortalecimiento de los ecosistemas, el desarrollo sustentable y su resiliencia frente a un escenario de cambio climático que, en parte, es alimentado por la deforestación”, señala el proyecto de Polea, que se puede consultar en http://leyforestaljalisco.com/?fbclid=IwAR2f964dZrvMgaCq2i8sZ72cMNLAnYc8u5KW1SyiPCsd1eOtBnk_ZkpW_bU).
El documento enumera causas de deterioro: deforestación y degradación forestal, cambios de cobertura y uso del suelo, deterioro de los ecosistemas forestales, incendios, plagas y enfermedades y tala ilegal.
“En cuanto a la deforestación, en un periodo de 20 años (1993 a 2013), Jalisco ha perdido 729,200 hectáreas de bosque, es decir, un promedio de 36,460 hectáreas anuales en promedio (datos de INEGI, 2018)”.
Los principales motores de deforestación son “la introducción de pastizales cultivados para actividades de ganadería extensiva; la conversión a terrenos agrícolas para agricultura de alto valor comercial como cultivos de agave y aguacate y el crecimiento urbano y/o desarrollo turístico”.
A la par, “ocurre un proceso de degradación forestal que ha sido difícil de cuantificar. La problemática de la deforestación y degradación forestal está estrechamente asociada con los cambios de cobertura y uso del suelo, y el deterioro de los ecosistemas forestales”.
¿Cuáles son las causas subyacentes a estos fenómenos? Uno, económicas, “asociadas a mayores costos de oportunidad en actividades agropecuarias contra los altos costos de transacción que implica realizar aprovechamiento forestal sustentable”; dos, políticas, “de origen institucional y políticas sectoriales con efectos no deseados como los derivados de la implementación de subsidios en el sector agropecuario y la nula consideración de los ecosistemas con los bienes y servicios ambientales, en los planes para el desarrollo de infraestructura, urbanización, turístico y minero”; tres, “sociales, vinculadas a la descomposición del tejido social como consecuencia de la promoción de esquemas de gestión y manejo individualistas, que a su vez disminuye las capacidades organizacionales y diluye los liderazgos entre comunidades y ejidos para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales”.
EL SISTEMA NORMATIVO
En el ámbito internacional, el marco de gobernanza forestal “está establecido por una serie de acuerdos multilaterales que abordan cuestiones específicas como biodiversidad, cambio climático y desarrollo sustentable”, con puntos de contacto y compromisos puntuales en materia forestal.
Destacan la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París de 2015, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Programa Estratégico de Biodiversidad 2011-2020 y sus Metas de Aichi; la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y el Instrumento Jurídicamente No Vinculante Sobre Todos los Tipos de Bosques (NLBI, por sus siglas en inglés).
“Las disposiciones federales que integran el marco legal en México en materia forestal incluyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable”.
El marco legal en el ámbito federal de la política forestal es aplicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “la cual es responsable de formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y asegurar su congruencia con la política ambiental y de recursos naturales, así como las relacionadas con el desarrollo rural”.
Además, en el Artículo 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se resaltan las atribuciones que la Conafor posee para favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable en las redes de producción y valor en materia forestal, así como en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.
“Otros mecanismos de la política ambiental que inciden en el sector forestal son liderados por instituciones del sector como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua”.
LOS CONTEXTOS LEGALES LOCALES
Jalisco tiene en el ámbito estatal, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de Jalisco, publicada en 2004, la cual regula y norma la política forestal en el estado en coordinación con la Federación y los gobiernos municipales. Entre las atribuciones y obligaciones establecidas en esa ley, destacan:
“Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación, transferencia de tecnología y cultura forestal, acordes con el programa nacional respectivo; promover la investigación científica aplicada, el desarrollo e innovación tecnológica de la silvicultura, así como la difusión de sus resultados, observando para tal efecto lo dispuesto en la ley estatal en materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación; celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia forestal; desarrollar acciones coordinadas en materia de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo; impulsar programas de mejoramiento genético forestal; impulsar proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de las cadenas productivas en materia forestal; desarrollar acciones de saneamiento de los ecosistemas forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia; impulsar el desarrollo del sector forestal mediante el manejo adecuado de los recursos forestales y sus cuencas hidrológico- forestales”.
También, “procurar la calidad de vida de las y los jaliscienses por medio de la silvicultura, el aprovechamiento responsable de los recursos forestales con instrumentos de gestión y manejo apropiados a cada región; incentivar la organización comunitaria para la gestión y manejo sustentable de sus recursos forestales, y asegurar el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales, la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico”.
Las metas del sector forestal tienen concurrencia con otras leyes vigentes a nivel estatal, como la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco, publicada en 2015, que también se encuentra en proceso de actualización, apoyado por Polea con financiamiento del Programa UK Pact de la Embajada Británica.
Se cuenta con la Ley estatal de Desarrollo Rural Sustentable, y desde los años 90 del siglo XX, con la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que regula la preservación y restauración del equilibrio ecológico, y que en sus últimas reformas dio vida al Fondo Ambiental Estatal.
Para los municipios, Jalisco es pionero en un modelo de asociacionismo intermunicipal, bajo la figura de organismo público descentralizado, fortalecido por el gobierno del estado en su Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza.
“Las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente constituyen un modelo de gobernanza local para la gestión integral del territorio; tienen como objetivo brindar apoyo técnico a los municipios que las integran para la elaboración, gestión e implementación de proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y el manejo de recursos naturales que tienen aplicación en su territorio”.
En la actualidad, existen 11 juntas legalmente constituidas, que inciden en 89.57 por ciento del territorio estatal, mientras el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), que agrupa a los nueve municipios del área metropolitana de Guadalajara.
“Estas plataformas de gobernanza ambiental y territorial son importantes para la implementación del Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco, puesto que facilitan la vinculación con los ayuntamientos municipales, los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales, así como con las organizaciones que éstos han constituido; procurando una mejor coordinación de acciones y la correcta orientación de los esfuerzos técnicos y económicos”, apunta Polea.
También refiere a la alineación del denominado Programa Estatal de Gobernanza y Desarrollo Forestal de Jalisco con el cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, en el proyecto estratégico “Bosques y ecosistemas”, orientado a la lucha contra la deforestación y el manejo sustentable de bosques y selvas; así como a la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de la capacidad de los ecosistemas para la provisión de bienes y servicios ambientales.
Ni qué decir sobre su necesaria alineación a legislaciones, instrumentos y políticas que atienden a todos los sectores productivos, sobre todo en la amplia zona rural o suburbana de la entidad.
Sergio Hernández
