Informes sobre el desequilibrio en la justicia en México: Lecciones de los defensores del medio ambiente

Ocho años después, se han talado al menos 3,4 millones de árboles, y algunas estimaciones elevan la cifra a cerca de 10 millones . Los pilares hincados en la frágil piedra caliza bajo la península de Yucatán han contaminado partes del Gran Acuífero Maya , y uno de los proyectos de infraestructura más grandes de México ha transformado ecosistemas que, según muchos científicos, no se pueden restaurar.

Grupos comunitarios, organizaciones ambientalistas y abogados respondieron presentando al menos 25 demandas y recursos de amparo  importantes para detener la construcción. Los jueces emitieron repetidamente suspensiones definitivas que ordenaban el cese de las obras. Sin embargo, el gobierno federal continuó construyendo eludiendo o sorteando legalmente las resoluciones judiciales. Al mismo tiempo, los defensores del medio ambiente se enfrentaron a una escalada de violencia: al menos 25 fueron asesinados en 2024 , y se documentaron 236 ataques, entre ellos intimidación, acoso, criminalización y difamación.

El Tren Maya se convirtió en una de las pruebas decisivas de la justicia ambiental en México, al exponer tanto las posibilidades como los límites de las protecciones constitucionales del país. Sin embargo, justo cuando las comunidades aprendían a utilizar dichas protecciones, el marco legal comenzó a cambiar. Mediante reformas judiciales y enmiendas a la Ley de Amparo, los entrevistados argumentaron que el equilibrio de la justicia se inclinó decisivamente hacia el Estado y las corporaciones que ejecutan proyectos de infraestructura estratégica.

Este proyecto se basa en entrevistas con 21 abogados ambientalistas, expertos en derecho constitucional, científicos, líderes comunitarios y activistas mayas, además de reportajes de campo en la península de Yucatán. 

El proyecto se pregunta qué sucede cuando la justicia ambiental se debilita desde arriba mediante la erosión de normas democráticas como la rendición de cuentas del poder ante la ciudadanía, y cómo responden las comunidades. Ante la disminución de las protecciones legales, las entrevistas revelan que la organización, el conocimiento jurídico y la memoria colectiva se han convertido en formas de defensa ambiental. Para los periodistas, comprender estas respuestas es ahora tan importante como informar sobre los propios conflictos.

Cómo se debilitó la Ley de Amparo

Las comunidades que se oponían al Tren Maya estaban aprendiendo a utilizar una de las garantías constitucionales más poderosas de México: el amparo . Durante décadas, este recurso permitió a los jueces suspender proyectos antes de que se produjeran daños ambientales irreversibles. Tras las reformas constitucionales de 2011, las comunidades ya no necesitaban ser propietarias de tierras para defenderlo. Bastaba con demostrar que el daño ambiental amenazaba el bien común para establecer un interés legítimo.

Ese panorama legal cambió en 2024.

Las reformas judiciales impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador modificaron el sistema de selección de jueces, sustituyendo el nombramiento por mérito por la elección mediante voto popular. Al mismo tiempo, las enmiendas a la Ley de Amparo restringieron quiénes podían interponer recursos de inconstitucionalidad y dificultaron la protección ambiental preventiva.

Los abogados entrevistados para este proyecto volvieron repetidamente a tres preocupaciones:

• Los recursos de amparo protegen cada vez más solo a quienes los interponen, en lugar de a comunidades enteras afectadas. 
• Ahora las comunidades deben demostrar un daño más directo e inmediato, lo que dificulta la intervención antes de que el daño ambiental se vuelva irreversible. 
• Los jueces tienen mayores facultades para desestimar casos en una fase temprana y un mayor margen para priorizar proyectos que consideren de interés público.

La abogada ambientalista Carla Aceves advirtió que estos cambios debilitan el propósito preventivo del derecho ambiental porque «para cuando el daño puede demostrarse de manera concluyente, ya es irreversible». 

Raúl Aldama Gavilán, abogado ambientalista y administrativo especializado en litigios relacionados con megaproyectos y la protección de la flora y la fauna, argumentó que las reformas desviaron poder de una de las pocas instituciones capaces de actuar como contrapeso constitucional al poder ejecutivo.

Qué deberían hacer los periodistas de manera diferente

Los 21 expertos entrevistados para este proyecto compartieron un mensaje común: los conflictos ambientales no son solo historias sobre la naturaleza. Son historias sobre el poder: quién lo ejerce, quién se beneficia de él y cuyas voces se excluyen al tomar decisiones. Estas son cuatro lecciones que aprendí de mis conversaciones con ellos: 

1. Siga la ley tan estrictamente como el paisaje. 

Muchas historias sobre medio ambiente se centran en protestas, sentencias judiciales o la construcción en sí, pero los acontecimientos más trascendentales suelen producirse mucho antes de la llegada de una excavadora. Los periodistas deben comprender los mecanismos legales que las comunidades utilizan para impugnar proyectos, seguir de cerca los litigios constitucionales, así como las solicitudes de planificación, y reconocer cuándo los cambios legislativos alteran sutilmente el equilibrio de poder entre la ciudadanía y el Estado. La guía de campo incluida en el proyecto completo será de gran ayuda. 

2. Los informes ambientales deben basarse en evidencias en lugar de en declaraciones. 

Los comunicados gubernamentales y las notas de prensa de las empresas son solo una fuente de información. Los entrevistados mencionaron repetidamente los estudios de impacto ambiental, los informes periciales, los estudios hidrológicos, los registros de contratación pública, los presupuestos públicos, los documentos judiciales y las solicitudes de acceso a la información como documentos que a menudo revelan una versión diferente. La lectura conjunta de estas fuentes permite a los periodistas contrastar las afirmaciones oficiales en lugar de simplemente repetirlas.

3. Los periodistas deberían ampliar su definición de experto. 

Los científicos, los abogados constitucionalistas y los hidrólogos siguen siendo fuentes esenciales, pero también lo son las comunidades que viven a diario con el cambio ambiental. A lo largo de las entrevistas, los líderes comunitarios describieron cómo documentaban la calidad del agua, cartografiaban los daños ambientales, registraban historias orales y preservaban el conocimiento indígena, que posteriormente se convirtió en prueba en los tribunales. No se trata simplemente de testimonios; son formas de conocimiento especializado.

4. Los periodistas deberían prestar más atención a las instituciones en lugar de solo a los resultados.

Una sentencia judicial, una consulta o un permiso ambiental rara vez son el final de la historia. ¿Se implementó la sentencia? ¿Fue efectiva la consulta? ¿Se monitorearon las condiciones ambientales después de la aprobación? ¿Qué organismos públicos son responsables de la aplicación de la ley y qué sucede cuando no lo hacen? La rendición de cuentas a menudo radica en rastrear lo que sucedió después de que la noticia pasó a un segundo plano.

Conclusión

El periodismo ambiental debe reconocer que los conflictos por los bosques, ríos y acuíferos de México son también conflictos por la democracia. Revelan cómo se toman las decisiones, cómo se ejercen los derechos y si las instituciones siguen siendo capaces de proteger el interés público. 

Para los periodistas, comprender estas cuestiones ya no es un ejercicio jurídico especializado. Se ha convertido en algo fundamental para explicar cómo funciona la gobernanza ambiental y a qué intereses sirve en última instancia.