Redacción Verdebandera
Por: Tunuari Roberto Chávez González
En el altiplano potosino, donde el desierto parece inmóvil y el silencio se instala como una forma de permanencia, hay una historia que no se ve. No está en la superficie, no aparece en los mapas que delimitan polígonos ni en los expedientes que clasifican concesiones, ni en la sentencia judicial que deja sin efecto algunas concesiones mineras por carecer de consulta al pueblo wixárika. Es una historia que corre bajo tierra, en la oscuridad de un sistema que sostiene la vida sin hacerse visible: el agua subterránea de Wirikuta.
Ahí, donde el pueblo wixárika reconoce el origen de su mundo, donde cada cerro, cada sendero y cada manantial forman parte de una memoria viva, el agua no es un recurso: es una condición de existencia. Es el vínculo entre lo material y lo espiritual, entre la continuidad cultural y la sobrevivencia física. Es, en términos estrictos, la base de la dignidad. Y sin embargo, es también lo más vulnerable.
El proyecto minero de la First Majestic Silver -o su máscara mexicana “Minera Real Bonanza”-, ubicado en las concesiones vigentes que no fueron dejadas sin efecto, operará en el mismo nivel freático donde se forma el acuífero suprayacente en sobre una plataforma de roca volcánica que da lugar a los manantiales principales de la Sierra de Catorce (mas o menos 2300 metros sobre el nivel del mar).
Manantiales sagrados como Mazauhata se desecarán si la minera trabaja, pues solo para la posibilidad física de operar en un ambiente saturado de agua, deberán bajar el nivel, bombeando el agua hacia la superficie -muy posiblemente por el socavón de la Purísima, donde hace más de cien años el Ing. Vicente Irizar desecó el acuífero por primera vez, cuando se les inundó la mina de San Agustín, en las inmediaciones de Real de Catorce-.
Durante décadas, el derecho ha aprendido a hablar del agua. Ha construido definiciones, ha reconocido su carácter de derecho humano, ha establecido obligaciones para los Estados. Desde 2010, el mundo reconoce formalmente que todas las personas tienen derecho al agua y al saneamiento. México lo ha incorporado en su Constitución. En el papel, la promesa es clara: nadie debería carecer de agua suficiente, segura y accesible.
Pero hay una grieta profunda entre esa promesa y la realidad. El derecho ha sido capaz de nombrar el agua, pero no de comprenderla en su totalidad. Ha protegido el acceso, pero no siempre el origen. Ha regulado la distribución, pero ha dejado en segundo plano los sistemas ecológicos que la hacen posible. Y en territorios como Wirikuta, esa omisión no es menor: es la diferencia entre la vida y el colapso.
Porque aquí el agua no llega por tuberías. No depende de infraestructura urbana. Brota, filtra, circula en un entramado subterráneo que no se ve, pero que sostiene todo. Los acuíferos —esas reservas invisibles de agua dulce— son el corazón del territorio. Y ese corazón está bajo presión.
El acuífero de Vanegas–Catorce, del que depende esta región, es frágil. Tiene una recarga limitada, una alta vulnerabilidad y signos claros de sobreexplotación. En términos simples, se está extrayendo más agua de la que la naturaleza puede reponer. Pero el problema no es solo la cantidad. Es la forma en que este sistema funciona.
La hidrogeología ha demostrado que los acuíferos no son depósitos aislados. No son tanques cerrados donde el agua se almacena sin interacción. Son sistemas vivos, dinámicos, interconectados. El agua fluye a través de fracturas, se infiltra desde las montañas, se desplaza lentamente por capas geológicas. Lo que ocurre en un punto puede afectar todo el sistema.
Y sin embargo, el derecho sigue pensando en líneas. En límites. En superficies.
Una de las decisiones judiciales más relevantes sobre Wirikuta lo evidencia con crudeza. En el juicio de amparo 819/2011-VI, un tribunal federal reconoció la importancia cultural y espiritual del territorio wixárika.Reconoció también sus derechos al territorio y a la consulta previa. Admitió que no se trata solo de tierra, sino de una relación profunda entre un pueblo y su entorno.
Pero en el momento decisivo, cuando debía responder si existía afectación, la lógica cambió. El análisis se redujo a una pregunta aparentemente técnica: ¿las concesiones mineras están dentro o fuera del polígono protegido?
La respuesta, basada en esa lógica, fue tranquilizadora en apariencia: si están fuera de las mentadas 140mil hectáreas, no hay afectación.
Pero esa conclusión ignora lo esencial.
El agua subterránea no respeta polígonos. No reconoce fronteras administrativas. Fluye por debajo de ellas, las conecta, las atraviesa. Una intervención fuera de un área protegida puede alterar el sistema que la sostiene. Puede modificar los flujos, reducir la disponibilidad, contaminar las fuentes.
En términos científicos, la conclusión judicial es débil. En términos de derechos humanos, es insuficiente.
Porque lo que está en juego no es solo la integridad de un territorio delimitado en un mapa. Es la integridad de un sistema que sostiene la vida y la cultura de los campesinos locales y del pueblo wixarika que habita un territorio de más de 5,100 kilómetros cuadrados del territorio nacional (mas grande que Morelos, Tlaxcala y tres veces más grande que la Ciudad de México)
Para el pueblo wixárika, Wirikuta no puede entenderse como una suma de puntos o sitios aislados. Es un tejido dinámico. Un entramado donde lo visible y lo invisible conviven. Donde los caminos de peregrinación, los lugares sagrados y los flujos de agua forman parte de una misma realidad.En ese mundo, el agua no es un insumo. Es una relación.
Alterar el agua es alterar el territorio. Alterar el territorio es alterar la vida.
Y esa relación, aunque reconocida en discursos y resoluciones, sigue sin traducirse plenamente en decisiones jurídicas.
El problema se agrava cuando se observa la dimensión del riesgo. La contaminación del agua subterránea es uno de los daños más graves y más difíciles de revertir. Las actividades extractivas pueden liberar metales pesados, generar drenaje ácido, modificar la composición química del agua. Estos procesos no siempre son inmediatos ni visibles. Avanzan lentamente, silenciosamente.
Cuando se detectan, muchas veces ya es tarde.
En comunidades que dependen directamente de manantiales o pozos, el impacto es devastador. No hay alternativas. No hay sistemas paralelos que puedan sustituir la pérdida. El agua deja de ser segura, deja de ser accesible, deja de ser suficiente, así se encuentran alrededor de 3500 personas que, según el INEGI, habitan las localidades campesinas de la Sierra de Catorce que dependen del abasto de esos manantiales
Y con ello, se rompe algo más que un equilibrio ecológico. Se rompe la posibilidad de una vida digna.
El derecho al saneamiento, que suele entenderse como acceso a drenaje o infraestructura sanitaria, adquiere aquí otra dimensión. No se trata solo de cómo se dispone el agua, sino de que el agua misma no esté contaminada. De que pueda usarse sin poner en riesgo la salud. De que el entorno no se convierta en una fuente de enfermedad.
En este sentido, la contaminación de un acuífero no es solo un problema ambiental. Es una violación directa a los derechos humanos.
Y sin embargo, esa dimensión sigue siendo marginal en muchas decisiones.
Parte del problema radica en la fragmentación institucional. El agua se regula desde una lógica. La minería desde otra. El medio ambiente desde otra distinta. Los derechos indígenas, muchas veces, quedan en un circuito separado. Cada sector ve una parte del problema, pero nadie ve el sistema completo.
El resultado es un vacío.
Un vacío donde lo más importante —la conexión entre todos esos elementos— queda fuera del análisis.
En Wirikuta, ese vacío es particularmente grave. Porque lo que está en juego no es solo un recurso, sino una forma de vida.
El desafío, entonces, no es menor. Implica cambiar la forma en que se entiende el territorio. Implica incorporar la ciencia en el derecho, reconocer que los sistemas ecológicos no se ajustan a las categorías administrativas. Implica aceptar que la protección de los derechos humanos requiere mirar más allá de lo evidente.
Significa, en última instancia, entender que el agua subterránea es parte del territorio. Que no es un elemento accesorio, sino su base material.
Y que sin ella, no hay dignidad posible.
La historia de Wirikuta es, en muchos sentidos, una advertencia. Nos confronta con los límites de un modelo que pretende proteger derechos sin comprender las condiciones que los hacen posibles. Nos obliga a reconocer que lo invisible también importa. Que lo que no se ve puede ser lo más esencial.
Porque debajo de la superficie, en ese flujo lento y constante que sostiene la vida, se juega algo más que el equilibrio de un ecosistema.
Se juega la continuidad de un pueblo.
Se juega la posibilidad de que el derecho deje de ser una promesa y se convierta en una realidad.
Y la pregunta que queda, inevitable, es si estamos dispuestos a mirar lo suficientemente profundo antes de que el agua —y con ella, todo lo demás— deje de estar ahí.
Sergio Hernández
Redacción