Este miércoles se realiza la audiencia que determinará si el embalse se está construyendo fuera del marco de la ley, como aseguran los afectados. Emiten carta pública.
Por Sergio Hernández
Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá la legalidad o no de la Presa El Zapotillo que se construye en el Río Verde, en Jalisco, para dar agua a la ciudad de León, Guanajuato.
El expediente de Controversia Constitucional 69/2012 a dictaminarse en la Segunda Sala, argumenta que no existen los permisos necesarios que debe emitir el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lleve a cabo el proyecto de este embalse con una altura de 105 metros.
Sí existe un permiso municipal, pero sólo para que El Zapotillo se levante a 80 metros, como lo solicitaron las autoridades federales antes de que decidieran ampliar la presa incrementando la altura con la consecuente inundación que traerá a los poblados Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Por ello los afectados se fueron a una Controversia Constitucional, que será resuelta alrededor del mediodía del miércoles en la Ciudad de México.
Los ciudadanos que promueven la Controversia están también a la espera de que el Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, cumpla la promesa que hizo en campaña para defender, de la Conagua, a los poblados que serían inundados, lo cual volvió a prometer en un escueto mensaje vía twitter emitido el 29 de enero, antes de tomar posesión del cargo, que decía: ““Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín”.
Emiten carta pública
Organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientalistas, académicos, artistas y otros personajes destacados en Jalisco y a nivel nacional, emitieron este martes 12 de marzo una carta abierta a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que componen la Segunda Sala, que dictaminará la validez legal de la construcción de la Presa El Zapotillo.
Los ministros son Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán, a quienes solicitan que en la resolución de la Controversia Constitucional tomen en cuenta las recurrentes violaciones a los derechos humanos de las cuales han sido objeto los habitantes de los poblados que la Comisión Nacional del Agua pretende inundar, con el argumento de que los beneficiarios de la presa son millones de personas en Guanajuato y Jalisco.
“No puede argumentarse el beneficio de una obra en perjuicio de los derechos humanos de las personas, como no existe una jerarquía abstracta entre los derechos, debe dejarse atrás la proporcionalidad clásica de costes-beneficios, por un parámetro de ponderación constitucional; y que éste sea entendido como un canon de control constitucional autónomo con base en y exigido por la Constitución, que se identifica con el contenido esencial de los derechos”, argumenta la carta.
“Es ahí donde la Suprema Corte está llamada a encontrar el equilibrio entre los intereses de diversos sectores sociales dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales, haciendo eficaz los escasos mecanismos de control existentes respecto de la actuación de autoridades como puede ser la Controversia Constitucional, evitando así la violación de los derechos humanos, tal y como lo señalaron en su Dictamen los jueces que integraron la Preaudiencia ‘Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad’ de la Mesa de Devastación Ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos, México realizada en Temacapulín en noviembre de 2012 y que se encuentra en el expediente de la Controversia·.
Agrega la misiva que, a diferencia de lo que suele ocurrir en otros casos similares en donde el conflicto gira en torno a la compensación económica exacta a pagar por una externalidad negativa, en este caso el conflicto emerge precisamente porque esa compensación –sea la que sea- es insuficiente para las personas afectadas, que quieren preservar su sitio de residencia y su patrimonio.
“¿quién, en un contexto democrático, continua acumulando suficiente poder como para tomar decisiones que impliquen la desaparición de pueblos y culturas? También queremos preguntarles si ¿los lenguajes de sacralidad sobre un territorio, las necesidades de subsistencia de una población o los derechos territoriales de los pueblos serán capaces de prevalecer sobre la decisión adoptada por las autoridades y las corporaciones que a través de una racionalidad económica invocan el lenguaje del crecimiento económico perpetuo?”, agrega la carta.
Señora y señores Ministros, nosotros consideramos que una democracia que se pretenda vigorosa debe intentar, con todos los medios a su alcance, proteger los derechos de las minorías en los procesos de toma de decisiones. Creemos que ustedes tienen la oportunidad histórica de reivindicar, con su decisión, a un Estado Mexicano que bastante ha vulnerado los derechos y la dignidad de los ciudadanos de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo afectadas por el proyecto de la presa El Zapotillo que se construye en total ilegalidad. Esperamos que así sea. Estaremos atentos.
[box type=»tip» head=»Datos oficiales de la Presa El Zapotillo»]
*Se localiza a 100 kilómetros de Guadalajara sobre el Río Verde.
* El objetivo de la presa es garantizar el suministro de agua potable, segura y permanente, durante los próximos 30 años a los Altos de Jalisco, a la ciudad de León, Guanajuato y regular volúmenes para abastecer 3 metros cúbicos por segundo (3 mil litros por segundo) al Área Metropolitana de Guadalajara mediante el aprovechamiento del Río Verde.
* La ejecución del proyecto contribuye a la sustentabilidad y recuperación de los acuíferos de la región con los que actualmente se abastecen y que presentan abatimientos de hasta 3 metros por año.
* La presa permitirá abastecer a 14 municipios de Los Altos de Jalisco que son Cañadas de Obregón, Mexticacán, Yahualica, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, San Julián, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, San Diego de Alejandría, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, Teocaltiche, Valle de Guadalupe y Villa Hidalgo.
* Beneficiará a una población de 2 millones 400 mil habitantes, correspondiendo 350 mil habitantes de los 14 municipios de Los Altos de Jalisco, un millón 100 mil habitantes de la ciudad de León, Guanajuato, y 950 mil habitantes de Guadalajara .
* El 76% del agua será para Jalisco y el otro 24 % para Guanajuato, con una división de 9.6 m3/s para el Área Metropolitana de Guadalajara; 1.8 m3/s para Los Altos, 0.4 m3/s para Tepatitlán y Valle de Guadalupe, 0.4 m3/s para uso pecuario y 3.8 m3/s para León Guanajuato.
Fuente de estos datos: CEA Jalisco y Comisión Nacional del Agua[/box]
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