En Conagua red de cómplices beneficiaron familia de Iglesias Benítez

Se documentó que el ex director del organismo de Cuenca Lerma Chapala canalizó de forma ilegal contratos por 91 millones de pesos. Podría ir a la cárcel.

Por Alejandro Velazco / Imagen: Conagua

22 de marzo de 2013.- Raúl Antonio Iglesias Benítez, quien fuera durante 11 años el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Cuenca Lerma – Chapala, utilizó una red de complicidades al interior de la dependencia federal para beneficiar a familiares con contratos de obra que sumaron 91 millones de pesos.

Eso fue lo que encontró la Secretaría de la Función Pública en el expediente PCD-0080/2012 para inhabilitarlo por 10 años de ejercer cualquier puesto público, motivo que no fue dado a conocer en su momento ni por la dependencia federal ni por el implicado quien se dijo víctima, de una persecución política.

La empresa de los parientes de Iglesias Benitez que fue beneficiada con contratos de obra irregulares se llama Ingeniería Exacta, donde participa como socio fundador uno de sus familiares en segunda línea, algún hermano, cuñado, abuelo o nieto.

(la investigación) permite presumir que los fallos y contratos que celebró (Iglesias Benítez) no buscaban como fin último las mejores condiciones para el estado, sino su bien familiar”, dice la el expediente, por lo que resulta “grave la conducta atribuida en el presente asunto, y que ha quedado plenamente acreditada”.

La sentencia de 10 años de inhabilitación se establece por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Público. En el artículo 8 fracción XI se especifica que el funcionario debe excusarse cuando tenga intereses familiares en el proceso.

Según la Secretaría, el actuar de Iglesias Benítez restó transparencia a los procedimientos de contratación y faltó al principio de igualdad de los eventos de contratación.

Debido a que el Expediente se obtuvo bajo el amparo de la Ley de Transparencia, al ser entregado por Función Pública se ocultó el nombre del familiar, lo cual es permitido por la normatividad vigente.

¿A la cárcel?

Lo realmente difícil para Iglesias Benítez podría apenas venir ya que se presume la realización de delitos contemplados en el Código Penal Federal.

El artículo 220 del capítulo Delitos Cometidos por Servidores Públicos, señala que cualquier funcionario que indebidamente otorgue contratos “o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado (…)”, comete el delito de ejercicio abusivo de funciones.

De acuerdo a la legislación federal, la pena a cumplir para los servidores públicos que cometan ejercicio abusivo de funciones –cuando el monto en las operaciones superen 500 veces el salario mínimo diario– es de entre dos y ocho años de prisión, una multa entre 300 y 500 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, destitución y la inhabilitación de dos a doce años para desempeñar otro empleo público.

Por el momento se le aplicó ya a Iglesias Benítez la inhabilitación de 10 años para desempeñar otro empleo público, casi la máxima sanción administrativa, por lo delicado de la irregularidad cometida.

Sin embargo el expediente de la Secretaría de la Función Pública no clarifica que se haya presentado la respectiva denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.

Los cómplices

El expediente de investigación de Iglesias Benítez señala que no actuó sólo en estos delitos federales, sino que los responsables de las unidades por las que pasan las decisiones de obra pública también están implicados en la sentencia administrativa.

José Luis Ramírez Castellón, responsable de la Unidad Licitadora de Obra Pública del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico fue destituido e inhabilitado por tres años, por avalar los fallos a favor de la empresa Ingeniería Exacta.

La sentencia establece que no cometió irregularidades graves, sin embargo, su puesto como titular de la Unidad Licitadora sí incurrió en omisiones “que causaron la deficiencia del servicio encomendado”.

También estuvo implicado Héctor Ricardo Pereyra Cobos, quien fungía como Jefe del Distrito de Riego 093 en Tomatlán, y quien fue destituido del cargo, por haber firmado las evaluaciones efectuadas en las adjudicaciones, omitiendo verificar que las propuestas presentadas por la sociedad Ingeniería Exacta cumplieran en sus términos con los requisitos solicitados en las convocatorias.

Por su parte, Ismael Jacinto Gutiérrez, residente de conservación del distrito de riego 093 en Tomatlán, también fue destituido, igualmente por incurrir en omisiones que causaron la deficiencia en el servicio, pues elaboró la evaluación de la propuesta de Ingeniería Exacta que no cumplía las condiciones necesarias solicitadas por el OCLSP.

En el mismo sentido se emitió fallo en contra de José Luis Castillo Puga, residente de conservación de riego distrito 013 del OCLSP, quien además fue inhabilitado por un año. En 2010 ya se le había impuesto una amonestación privada por incumplimiento de su situación patrimonial.

Los contratos

En seis contratos documentados por la Función Pública de la federación se tuvieron beneficios para la empresa Ingeniería Exacta, la mayoría de ellos para trabajos en Jalisco.

En el expediente se le acusa de la emisión directa de dos fallos de licitación beneficiando a la empresa cuyo socio fundador es familiar en segunda línea, la SFP omitió el nombre del implicado en el expediente, pero certificó los nexos sanguíneos.

Los actos que ameritan la sanción son:

Licitación No. SGIH-OCLSP-JAL-11-IH-017-RF 13, en la que se adjudica el contrato para desazolve y extracción de maleza acuática sobre ambos márgenes del Río Santiago para protección de áreas productivas entre Santa Cruz el Grande y la Presa Derivadora Corona, en los municipios de Poncitlán y Ocotlán, con un costo de un millón 745 mil 481 pesos.
La licitación pública nacional LO-016b00005-N21-2011 –en la que se otorgó contrato SGIH-OCLSP-COL-11-IH-050-RF LP–, para la construcción de obras de protección de áreas productivas y centros de población sobre el Arroyo Punta de Agua, en Manzanillo, Colima con un monto de 83 millones 487 mil 969 pesos.

La firma de otros cuatro contratos en el mismo sentido favorable para la empresa en cuestión: SGIH-OCLSP-COL-11-EP-079-RF LP, proyecto ejecutivo para la zona de riego de la Presa de Almacenamiento El Naranjo II, en su margen derecha, y sistema de entubado, con un costo de tres millones 326 mil 222 pesos.

SGIH-OCLSP-JAL-11-EP-037-RF LP, para realizar los trabajos del proyecto ejecutivo de la Planta de bombeo N0. 4, línea de conducción y red de distribución de la zona de riego en Autlán de Grana, con un monto de 999 mil 688 pesos.

SGIH-OCLSP-JAL-11-OC093-065-RF LP, para conservación de sistemas mecánicos, obra civil, redes de distribución, caminos, comunicación y edificios de la Presa Cajón de Peña en Tomatlán, en la que se pagó una cantidad de 764 mil 178 pesos.

SGIH-OCLSP-JAL-11-OC093-097-RF LP, trabajos de conservación de mecanismos electromecánicos, elementos de protección, instalaciones eléctricas, obra civil, alumbrado público, caminos y edificios de la presa Cajón de la Peña, en Tomatlán, por un millón 173 mil 436 pesos.

Estos dos últimos, referentes a las mismas acciones, con una diferencia de dos meses entre el primer trabajo y el segundo. Cabe resaltar que las adjudicaciones fueron resueltas entre abril y octubre de 2011.

Según la información obtenida de la SFP, al menos cinco de las seis licitaciones tuvieron inconsistencias por parte de Ingeniería Exacta, además de no haber cumplido con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la dependencia convocante “por lo que no era susceptible de resultar adjudicada en los procedimientos de contratación”

Férreo defensor de la construcción de presas

Raúl Antonio Iglesias Benítez ha estado a cargo de proyectos hídricos en el occidente del país desde el año 2002, cuando fungía como titular de la gerencia regional de la Comisión Nacional del Agua que posteriormente, en febrero de 2007, se convertiría en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, mismo que encabezó hasta el 27 de noviembre de 2012.

Ingeniero con maestría en Control de Contaminación Ambiental por la Universidad de Guadalajara, Iglesias Benítez fue uno de los principales promotores de la construcción de la presa El Zapotillo, con la que se inundarían los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; incluso, para justificar esta acción llegó a declarar, sin tener documentos probatorios, que el 75% de los afectados estaban de acuerdo con las obras y dispuestos a ser reubicados el llamado Temacapulín.

Iglesias Benítez se negó sistemáticamente a dialogar con los afectados por El Zapotillo argumentando que la construcción de la presa era decisión tomada y fueron pocas las ocasiones en que los habitantes de Temacapulín pudieron tener acceso a él para exponer sus argumentos; incluso, en noviembre de 2012 señaló que los poblados estarían inundados en 2014.

Como director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, estuvieron bajo su jurisdicción los temas hídricos en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

Además fue el responsable de lo referente a concesiones de agua, administración de zonas federales y descarga de aguas residuales en las mismas entidades.

También estuvo bajo su cargo lo relativo a los proyectos y construcción de las presas El Carrizo, El Naranjo II, Panales, Moraleños y Arcediano; además del proyecto de saneamiento de las aguas residuales de la Zona Conurbada de Guadalajara a través de las macro plantas de Agua Prieta y El Ahogado.

Iglesias Benítez trabajó en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Entre 1998 y 2002 fue gerente de Saneamiento en este organismo público.